El error que bendijo la ONU

De entrada conviene aclarar que en estas líneas pretendo reflexionar única y exclusivamente sobre un sólo aspecto de la futura Ley de Educación, la llamada «Ley Celaá», que trata sobre la educación inclusiva y que abre de par en par la puerta a una progresiva desaparición de lo que hoy es la «educación especial». Pues bien, y para que quede claro desde el principio, yo me apunto al bando de «la inclusiva sí, la especial también». Y lo triste es que a estas alturas haya que apuntarse a un bando o a otro porque lo que la Ley Celaá propone y que ha armado tanto revuelo entre los directamente afectados no es una novedad.

Prácticamente en las ocho leyes de educación que llevamos desde el año 70 –vaya desastre de país incapaz en ponerse de acuerdo en algo tan básico– hay referencias a la educación inclusiva. Para ser exactos la LOCE del 2002 ya se refiere claramente a la «no discriminación y normalización educativa» refiriéndonos al alumnado con discapacidad y en la actual LOMCE se hizo especial referencia a un principio fundamental que garantizara la inclusión educativa «con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad». Así que nada nuevo bajo el sol.

¿Por qué entonces tanta polémica con manifestaciones de cada bando y opiniones tan diametralmente opuestas? Pues desde mi punto de vista por un lamentable error que llevamos arrastrando desde hace mucho y que nada menos que la ONU elevó a los altares amparando así bajo su manto universal y ejemplarmente democrático una controversia inútil y angustiosa en no pocos casos.

Afirma la ONU en el artículo 24 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que hay que «garantizar un sistema educativo inclusivo, asegurando que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones y en la comunidad que vivan».

¿Quién se puede oponer a algo tan hermoso, a algo tan bien intencionado, tan ideal? Nadie. Todos defendemos ese derecho siempre y cuando nos expliquen a qué se refieren cuando hablan de la «discapacidad» y cómo desde dentro mismo de ese sector se puede pedir algo tan ajeno a sus protagonistas como es la «igualdad de condiciones».

Porque aquí no se trata de ser más o menos estudioso, más o menos vago, más o menos listo o con más o menos memoria. Por eso pregunto: ¿se refiere la ONU y la ley Celaá a discapacidad física o a la intelectual? ¿O a la psíquica? ¿O a la sensorial? ¿O al grado de dependencia? ¿O a la posibilidad o no de comunicación con el entorno? ¿Sano o con alguna patología? Y podría seguir preguntando mil cosas más sobre el tema porque habría miles de respuestas, de matizaciones, de diferencias. Y ahí, creo, está el meollo de la cuestión, en generalizar algo que es absolutamente diverso y que en determinados casos puede llegar a ser incluso doloroso.

El centro en el que está mi hijo –una asociación de padres sin ánimo de lucro, concertado y con déficit– atiende a más de sesenta discapacitados y ninguno es igual que otro: distintos grados, distintas patologías, distintas intolerancias... Y si esta diversidad se da en un colectivo tan pequeño, resulta difícil imaginar que ocurriría con los 35.000 alumnos que hoy están en centros de educación especial en toda España.

Vamos a lo personal para explicar el error bienintencionado de la ONU, de la Ley Celaá y de tanto pensamiento equivocadamente progre: mi hijo no anda, no habla, no se comunica, tiene los pulmones heridos… ¿sigo? Pues permítanme que le pregunte a la ONU y a Celaá si creen que él puede «acceder a una educación primaria y secundaria de calidad». La respuesta es obvia y bien argumentada: él no podría pero lo importante es que se reconozca ese derecho. Cierto; ¿como se reconoce el derecho a una vivienda digna que nos otorga la Constitución a todos y cada uno de los españoles?

El problema de las grandes declaraciones es que luego se topan con dos realidades: la injusta que pueden salvar y redimir y la otra, la que no se ve apenas, la que no cuenta, la minoritaria que por no dar no da ni votos. Pero a pesar de todo es verdad que lo ideal es una sociedad inclusiva y por eso defendemos impulsar la educación inclusiva siempre que se respete el reconocimiento a la individualidad de cada caso y la libertad de los padres para elegir lo mejor para sus hijos si los hijos, desgraciadamente, no pueden opinar u opinan en contra de lo políticamente correcto. Mientras, podemos seguir edulcorando la realidad hablando de «capacidades diferentes».

No; son las discapacidades las que son absolutamente diferentes. Ese es el gran problema y reconocer y asumir esa realidad en muchos aspectos, no sólo en el educativo, nos pondría en el mismo camino a todos en lugar de dividirnos en bandos.