Peinado rastrea las llamadas de la asesora Begoña Gómez en Moncloa: esto es lo que busca

El instructor del "caso Begoña Gómez" sigue adelante con su investigación y ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) rastrear las comunicaciones de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez con el entorno profesional de la mujer del presidente del Gobierno durante la etapa en que fue directora de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Apoyándose en el visto bueno que le dio la Audiencia Provincial de Madrid para llevar a cabo estas pesquisas, el juez Juan Carlos Peinado manda a la Guardia Civil que requiera a la operadora del número telefónico de la alto cargo el listado de las llamadas que emitió y recibió desde que entró en Presidencia del Gobierno -el 16 de julio de 2018- hasta la actualidad.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid quiere conocer el volumen de la comunicación que Álvarez pudo mantener con las empresas privadas que financiaron y desarrollaron del software de la cátedra que codirigía Gómez (Telefónica, Indra, Google, Manpower) y las compañías que patrocinaron económicamente la cátedra (fundación La Caixa y Reale Seguros).

Asimismo, pide a los investigadores que analicen el registro telefónico de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez a fin de conocer las llamadas que mantuvo con los trabajadores de la UCM, empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo empresarial.

El juez Peinado, paralelamente, pide a Presidencia del Gobierno, de la que depende formalmente Álvarez como directora de Programas, que aclare la fecha en que se le entregó el móvil de trabajo y si ha puesto a su disposición algún otro número de teléfono adicional y, si es así, que de cuenta de cuándo se le entregó.

La decisión del instructor llega después de que los magistrados madrileños le autorizasen para recabar estas llamadas, dejando solo fueras las vinculadas a Air Europa que pudieran aflorar, dado que esta instancia superior excluyó la posible vinculación de la esposa del jefe del Ejecutivo con el millonario rescate de la aerolínea de Globalia.

Tanto la Fiscalía como la propia defensa de la asesora y el abogado de la esposa de Sánchez habían recurrido ante la Audiencia de Madrid esta diligencia de investigación, que inicialmente fue acordada el pasado febrero, cuando el juez imputó a Álvarez.

El pasada semana, la Audiencia avaló esta decisión del instructor porque entiende que es una restricción de "mínima intensidad" y, a la vez, "proporcional y necesaria" para la investigación de como Álvarez habría actuado a favor de los "intereses privados" de Gómez, mientras cobraba un sueldo público.

Los magistrados respaldaron que hay indicios de que Álvarez incurrió en una "clara desviación" de sus funciones laborales como alto cargo de Moncloa y, con ello, habría sido participe del tráfico de influencias que se investiga si cometió la mujer del presidente.

Por otro lado, en la única pieza separada de esta causa se analiza si pudo haber una malversación de caudales públicos en el nombramiento y desempeño de Álvarez como empleada del Ejecutivo. De momento, está imputado uno de los varios superiores jerárquicos que tuvo, Francisco Martín Aguirre, que fue secretario general de la Presidencia.

Está por ver si el Tribunal Supremo acepta investigar al primero que tuvo, Félix Bolaños, por este mismo delito y otro de falso testimonio, dado que el juez considera que el ahora ministro mintió y ocultó durante su declaración como testigo información que conoce sobre de dónde partió la propuesta de darle trabajo a Álvarez.