Nuevo choque en el Gobierno por los desahucios

El decreto que prevé la prohibición de los desahucios para la población vulnerable se retrasa. A pesar de que parecía desbloqueado, tras semanas de negociaciones y después de alumbrar un principio de acuerdo que se preveía podía desembocar en la aprobación de la normativa esta próxima semana en el Consejo de Ministros, la negociación ha vuelto a entrar en punto muerto. El motivo es que persisten las discrepancias entre los socios de coalición, en un nuevo choque que, desde el sector morado se ha hecho público, acusando al PSOE de insistir en una compensación a los grandes propietarios de vivienda.

El principal escollo radica, según Podemos, en la exigencia por parte de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el de Justicia, Juan Carlos Campo, de garantizar una “compensación” a los grandes tenedores de vivienda para que “no vean reducidos sus beneficios por esta medida”. En concreto, denuncian que los socialistas quieren que se les abone “dinero público” por las pérdidas derivadas del alquiler dejado de percibir por la paralización de los desahucios, cuando estos en su mayoría son bancos y fondos de inversión.

Frente a esa posición, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido durante toda la negociación la necesidad de que los grandes tenedores de vivienda, que “gozan de beneficios millonarios” por el negocio inmobiliario que generan en España, “arrimen el hombro en esta crisis y entiendan que en plena pandemia no se puede echar a la gente de sus casas”. “Sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación”, han recalcado las fuentes consultadas sobre el planteamiento que ha transmitido Belarra a la parte socialista del Ejecutivo.

Por su parte, desde el PSOE se pone el acento en la gran complejidad jurídica que tiene la medida ante las prisas de Unidas Podemos por aprobarla. Fuentes socialistas inciden en la necesidad de dotarla de la “mayor seguridad jurídica posible” para evitar que sea recurrida en el futuro y que se produzca un limbo en el que al final queden desprotegidos los colectivos más vulnerables. A esto obedece, bajo su criterio, la defensa de compensar a grandes propietarios y se niega que se esté retrasando deliberadamente, porque se trabaja para que esté “lo antes posible”.

El decreto de los desahucios se ha convertido ya en uno de los principales puntos de fricción dentro del Ejecutivo, la tensión en un primer momento con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la incapacidad del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para imponer su criterio dentro del Consejo de Ministros, llevó a los morados a maniobrar y plantear el debate en otros términos, ajenos al Gabinete. Podemos se conchabó con sus socios de ERC y EH Bildu para presentar una enmienda en este sentido a los Presupuestos Generales del Estado negociados dentro de la coalición, sin contar con el beneplácito del PSOE.

Esta cuestión generó una fuerte tensión dentro del Gobierno que obligó al PSOE a ceder y devolver el debate al Consejo de Ministros. A cambio, Podemos, ERC y Bildu retiraron la enmienda (abocada al fracaso) como gesto de buena voluntad. Sin embargo, la negociación en el seno del Consejo de Ministros sigue sin desencallarse ante las prisas de Iglesias, presionado por los independentistas vascos y catalanes, y las excesivas garantías del que le quieren dotar los socialistas.

Cortes de suministros básicos

Aparte, existe otro punto de fricción que tampoco está resuelto y que tiene que ver con la prohibición de cortes de suministros básicos. Esta prohibición estuvo vigente hasta finales de septiembre y en Podemos aspiran a recuperarla. De hecho, en un principio buscaron vincularla a la prohibición de los desahucios, pero finalmente lo desligaron para desatascar este último asunto. Las negociaciones entre Iglesias y la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tampoco han avanzado hasta el momento y los planteamientos de ampliar el denominado bono social eléctrico no satisfacen al socio minoritario.