Ley Orgánica de la Corona, un callejón sin salida

Parte fundamental de la campaña de acoso a la Corona que puede observarse en estos días –con la excusa de las irregularidades del Don Juan Carlos y el objetivo encubierto de llevar a cabo un cambio de régimen «por la puerta de atrás»– es dar pábulo al debate sobre la conveniencia de desarrollar el papel de la Monarquía a través de una Ley Orgánica, iniciativa que ha contado incluso con la amabilidad de los sectores más tímidos del centro derecha. Sin embargo, a la vista de la actuación del Gobierno en lo que va de Legislatura y al programa electoral de sus socios cabe preguntarse, ¿qué se esconde tras esta iniciativa? Y esto es lo que los expertos nos han explicado.

Para el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada Miguel Ángel Recuerda este peligroso debate plantea incógnitas y serias dificultades. «Quienes han planteado esta cuestión no son precisamente los defensores de la Monarquía, por lo que puede presumirse que su intención no es fortalecer la institución, sino socavarla progresivamente. Hay otros que, con falsa benevolencia o pura ignorancia, dicen que es precisa esa ley para proteger a la Corona. Este último argumento es un tanto sorprendente, pues la Corona está bien protegida por nuestra Constitución», argumenta este experto antes de poner de manifiesto que tanto unos como otros olvidan una cuestión previa al debate sobre la necesidad, oportunidad y contenido de esa ley, que no es otro que el de si en nuestro sistema jurídico resulta o no viable. Para el profesor Recuerda lo primero que hay que tener en cuenta es que la Corona es la más alta magistratura del Estado, que simboliza la unidad y la permanencia de España, y que está al margen de los demás poderes constitucionales del Estado.

«El Rey no es una pieza de equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sino que es un poder neutro. El Constituyente quiso asegurar de esa forma la permanencia del poder moderador del Rey, pues intencionadamente no dispuso en la Constitución que la Monarquía fuera desarrollada por ley, a diferencia de lo que sí hizo con otras instituciones del Estado como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Gobierno», señala. Recuerda llama la atención sobre el hecho de que «la Constitución solo permite la intervención de la ley orgánica en relación con la Corona para cuestiones muy concretas» como las abdicaciones, las renuncias y las dudas sobre la sucesión, y nada más. Por tanto, si el Constituyente quiso limitar la regulación de la Corona a lo dispuesto en la Constitución, con la excepción señalada, ese es y debe ser el régimen de la Monarquía. «En conclusión, quienes pretenden acabar con la Corona deben ir por la vía directa y proponer una reforma constitucional del Título II, y quienes quieren protegerla han de respetar la Constitución», resume.

El politólogo e historiador Jorge Vilches encara el dilema desde un punto de vista distinto y encuadra esta estrategia de la izquierda española en su contexto histórico: «La urgencia de la Ley forma parte de una estrategia contra la monarquía parlamentaria. El objetivo es meter la monarquía en la agenda política como una cuestión política cualquiera más a debatir. Para eso los comunistas quieren privarla del carácter dignificado que tiene recordando la trayectoria de los últimos años de Juan Carlos. Eso lo hacen con la comisión de investigación que han pedido y con el debate sobre la ley orgánica», explica. Para Vilches el ataque al Rey Juan Carlos se debe a que es la parte más débil de la institución monárquica debido a «la imagen última de corrupción pública y privada». «El objetivo de todo comunista es desestabilizar el sistema político para recoger el poder de los escombros. Los comunistas saben que las urnas nunca les van a dar mayoría para gobernar, por lo que se dedican a desestabilizar fomentando el separatismo, a las fuerzas antisistema, insultando al poder judicial, deslegitimando a la oposición, cuestionando la Constitución y la Transición, y pidiendo la República». Para Vilches a Unidas Podemos le da igual si se aprueba la ley con consenso o sin él, o siquiera si se aprueba, porque su finalidad es poner en cuestión uno de los pilares fundamentales del sistema político del 78.

Para el jurista e historiador Ignacio de Hoces Íñiguez esta nueva intención de regular la Corona, que surge de manera recurrente, es una trampa: «Este Gobierno, no nos engañemos, no persigue, como manifiesta, proteger a la Corona. Lo que pretende es desnaturalizar todo lo que pueda el entramado de actuación en el que el Rey, como Jefe del Estado, se desenvuelve en relación con los distintos poderes y en el ejercicio de su vida privada». Hoces cree que a pesar de la escueta regulación que de la Corona se hace dentro del Título II, con apenas diez artículos, sus funciones están bien tasadas y relacionadas con otros preceptos de la Constitución. Funciones que, por otro lado, y hasta la fecha, han sido desempeñadas en su opinión «con acierto y responsabilidad» por los dos monarcas con los que la nación ha contado. Este experto considera que recordando que el Rey, como titular de un órgano del Estado, la Corona o Jefatura del Estado, está despojado de las competencias de cualquiera de los tres poderes, puesto que no posee más que unas funciones simbólicas, moderadoras y arbitrales, una Ley Orgánica reguladora podría tener sentido jurídico sobre escasos aspectos. «Uno de ellos, por ejemplo, podría atender a las funciones a desempeñar por el Príncipe o Princesa heredera en determinadas situaciones. Pero el Proyecto no irá por ahí», reconoce. Sin embargo, en su opinión el Gobierno, o al menos parte de éste, sabe que, tras meses de propaganda contra la figura del Rey emérito, cualquier propuesta de legislación sobre el extremo que sea de la Jefatura del Estado, será bien acogida por la opinión pública. «Lo que sorprende es que, ahora, con la necesidad imperiosa de renovar determinados órganos del Estado y, más aún, con la apremiante urgencia por dotar al Estado de más medios para controlar la acción del Gobierno y los poderes públicos, así como de diseñar unas políticas públicas protectoras para con los españoles ante la terrible crisis, se empecine en algo tan mediático, que, como nos tiene acostumbrados, sólo traerá polémica y nuevos problemas», explica. Hoces llama la atención asimismo sobre la realidad de que en esta coyuntura actual, no puede dejarse de lado que la Corona es una de las múltiples «fijaciones y obsesiones que comparten desde antaño la izquierda radical junto con los separatistas». «Son ellos los que, quizá, más interiorizan que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Y eso no lo pueden soportar. La monarquía, en España, no nos olvidemos, es un elemento coesencial de una historia que algunos, por desgracia, quieren mancillar», concluye.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense José Carlos Cano explica por su parte que la Jefatura del Estado es un órgano que manifiesta una opción política fundamental, radicalmente básica, y coherente con la historia de cada país concreto: «En España la elección por el constituyente de un Monarca a la cabeza del Estado no fue ni periférica ni tangencial, expresa una decisión trascendente, relevante y pertinente, tanto en relación con la tradición histórica de esta Nación, como con los presupuestos relativos a las circunstancias concretas en que se produce y lleva a cabo la Transición».

Por ello, ante la propuesta de regular la Corona a través de Ley Orgánica hay que llevar a cabo una ponderación regulatoria, que se plasma en el análisis sosegado de las ventajas que pudiese aportar someter al Monarca a una regulación propia, singular y unívoca, que no se exige en el texto constitucional. «Podría también calificarse de exorbitante, incluso pudiéndose incurrir en un acto ultra vires, ya que el Legislativo también es un poder constituido del Estado que debe someterse a los parámetros que se derivan de la Constitución española».