Bruselas exigirá a Sánchez unas nuevas cuentas post-pandemia

El guion previsto por Moncloa establece que no serán necesarias ni siquiera dos jornadas para que el Senado dé esta semana el visto bueno definitivo a los Presupuestos de 2021. La idea es que en la misma jornada se rechacen todas las enmiendas vivas y se ratifique el dictamen de la comisión, con lo que la mayoría de investidura se ahorrará el esfuerzo de tener que volver al Congreso al no introducir ningún cambio en el texto que llegó desde la Cámara Baja.

Los Presupuestos entrarán en vigor el 1 de enero. Los grupos habían registrado más de 3.800 enmiendas parciales a distintas secciones y títulos del proyecto de Presupuestos. El Gobierno rechazó 350 con la justificación de que implican un aumento de gasto o disminución de ingresos, y otras 49 fueron retiradas por los grupos, y las demás permanecen vivas.

El PSOE tiene la mayoría en la Cámara Alta, con 113 senadores del total de 265. Con el apoyo de los senadores de ERC, EH Bildu y PNV, la misma mayoría que apoya a Pedro Sánchez en el Congreso, el Grupo Socialista está en condiciones de tumbar cualquier enmienda. Por cierto, el PP es el grupo que más enmiendas parciales presentó, hasta 1.649, pero no se ha aceptado ninguna. Los PGE tienen el apoyo de ERC, EH Bildu, PNV, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria. Mientras que en su contra se han posicionado PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, Coalición Canaria y UPN.

La maquinaria de comunicación de Moncloa ha acompañado la aprobación de estos Presupuestos de toda una campaña dirigida a afianzar la permanencia de Sánchez en La Moncloa. Poco más que estos PGE, según han dicho, son la garantía de que el presidente del Gobierno tiene la estabilidad necesaria para resistir hasta que se acabe la legislatura actual.

Pero el camino no está tan despejado como hacen ver en Moncloa. En Bruselas esperan unos nuevos Presupuestos para el próximo ejercicio que se ajusten de manera más precisa a la realidad post-pandemia. Ahora, justo a principios de año, el Gobierno tiene que presentar un Plan de Recuperación, y a medida que avance el control sanitario y se extienda el proceso de vacunación, los efectos económicos de la pandemia se harán ver con más claridad.

Ni el BCE puede mantener sine die su inyección de liquidez ni el Gobierno de España puede mantener tampoco sin fecha de caducidad los ERTES, que están siendo una sangría para las arcas públicas. Bruselas espera garantías sobre la sostenibilidad de las pensiones, una exigencia que se acumula desde hace tiempo en los deberes que nos marca, pero que la recepción de fondos hará inexcusable. De la misma manera, en Europa tampoco quieren reformas laborales que avancen precisamente en la dirección de la música que corean en Unidas Podemos.

El Gobierno tiene en vigor el estado de alarma hasta principios de mayo, pero para entonces habrá otra radiografía económica muy distinta de la que hoy conocemos, sobre todo en lo que afecta al número de parados. Para esa fecha se sabrá también con más claridad que ocurre con otras medidas que han mantenido anestesiada a la economía, como los créditos ICO, a cuyo vencimiento habrá que ver si pueden ser devueltos o no en plazo.

Los PGE que salen del Senado han dado oxígeno al Gobierno de coalición, pero pueden ser también sólo una anestesia antes de que el Ejecutivo tenga que enfrentarse a la radiografía real de la recesión económica que deja la Covid-19.