El Gobierno prepara el terreno para los indultos a los líderes del “procés”

El Gobierno comienza a preparar ya el terreno para el posicionamiento que tendrá que adoptar el Consejo de Ministros en los próximos “meses” sobre la resolución de los indultos a los líderes del “procés”. Desde Moncloa se está lanzando una importante campaña de pedagogía, de manera que no se estigmatice la medida de gracia y puntualizando algunas de las pautas que rigen para la que, al final, no deja de ser una decisión discrecional del Ejecutivo. Aunque, en un principio, el presidente del Gobierno aseguró que habría un “cumplimiento íntegro de las penas” y desde el PSOE se posicionaron en la línea de la sentencia del Tribunal Supremo, que consideraron “proporcional” y “ajustada a los hechos”; con el tiempo se ha ido imponiendo la tesis de que ya sea a través de los indultos o de la reforma del delito de sedición se puede mandar un mensaje de conciliación hacia Cataluña, con el objetivo de encauzar el “conflicto político”.

En este sentido, desde el Gobierno se recuerda con asiduidad que el del indulto es “un derecho que está regulado, un derecho de gracia que tienen todos los hombres y mujeres” y que, una vez solicitado, el Ejecutivo tiene la obligación de tramitarlo. En caso contrario, habría prevaricación. Dentro de esta tramitación obligada está previsto el pronunciamiento de, entre otros actores, la Fiscalía y el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo. Estos informes, que son preceptivos pero no vinculantes, ya han comenzado a llegar a Moncloa y lo hacen en contra de la concesión del indulto. Así se ha posicionado la Fiscalía y, desde entonces, desde el Ejecutivo se ha producido un cuestionamiento abierto y constante de su dictamen. El primero en hacerlo fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dejó caer que no se atenía a criterios “técnico-jurídicos”, sino a cuestiones políticas, y hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ha abundado en esta posición.

En una entrevista en “La hora de la 1″ de TVE, Calvo ha deslizado que el Ministerio Público se ha excedido en sus atribuciones, señalando además que su informe “abunda en la posición contraria de la propia Sala Segunda”, porque “identifica un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó”. “En un informe se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias, o incluso fuera de las que se tienen”, ha apostillado, sembrado dudas sobre una eventual extralimitación. En esta línea, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el Consejo de Ministros puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario” de los mismos, calificando de “total normalidad” que el Ejecutivo desoiga las recomendaciones tanto de la Fiscalía como del Supremo. “Tienen un contenido diferente por cuanto estos condenados lo han sido por hechos que influyen en la política, pero no dejan de ser indultos que se van a tramitar en los mismos términos” que se hacen otros habitualmente por parte del Gabinete.

Desvinculándolo del 14-F

En cuanto a los plazos de resolución de los indultos, desde el Gobierno se desvincula su eventual concesión de las elecciones catalanas previstas para el próximo 14 de febrero. Es más, la parte socialista del Ejecutivo no quiere que transcurran en paralelo, porque tienen una experiencia negativa del impacto que la medida de gracia tiene para el PSC, ya lo vivieron en 2017 cuando Miquel Iceta hizo campaña en este sentido. “Los plazos de ningún indulto están en función de las elecciones”, ha señalado Calvo, que ha asegurado que los trámites llevan “varios meses” porque el “tiempo que se tarda en tramitarlos no es corto precisamente”. No obstante, desde el sector morado del Gabinete sí se presiona para que puedan confluir y que los presos del “procés” hagan campaña ya en la calle.

Sin embargo, el vínculo entre los indultos y la política del Gobierno en Cataluña, así como su relación con los socios de investidura ERC y PDeCAT es indisoluble, y el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos así lo reconoció este domingo en una entrevista en La Vanguardia. Ábalos defendió que en el Gobierno “tenemos la obligación moral de aliviar tensiones” y que “cualquier gesto que contribuya a la normalidad política, y a la reconciliación y la convivencia es positivo”.