Tribunales
500 días sin Eleazar, el joven que murió a las puertas de “El Molinón”: la Fiscalía pide el archivo de la causa
La familia confía en que el juzgado siga investigando las circunstancias de la muerte del joven con discapacidad que falleció en un enfrentamiento con la seguridad del estadio
El miércoles se cumplen 500 días de la muerte de Eleazar García, el joven con una discapacidad psíquica que murió a las puertas del campo de fútbol del Sporting de Gijón en un enfrentamiento con la seguridad del estadio y la familia se enfrenta a un duro proceso judicial.
La Fiscalía no aprecia indicios de delito y ha pedido el archivo de la causa a la magistrada Belén García Iglesias, que está instruyendo la causa desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón. El Ministerio Público considera que el fallecimiento del chico, con una discapacidad reconocida del 75%, se produjo por causas naturales y que su detención se ajustó a la legalidad. Así, no considera que existiera violencia en la intervención y, a su juicio, los investigados no sabían que el hombre tuviera esta discapacidad.
La noticia no es esperanzadora para la familia del chico, que sostiene desde el primer momento que se trató de un homicidio por la brutalidad con la que fue reducido Eleazar cuando vio que no le dejaban entrar al estadio para ver el partido de fútbol al que había ido con su familia. En el último auto de la jueza, del pasado 10 de diciembre, la magistrada ya quiso indagar en la relación que tuvieron los ocho vigilantes de seguridad de Prosegur y cinco policías locales del Ayuntamiento de Gijón (que han ido a declarar al juzgado las últimas semanas) con la muerte del chico.
“Nosotros estamos bien, no hay lugar al desánimo y seguiremos como acusación particular”, asegura a este diario el tío del fallecido, Diego García. Además, ha asegurado su intención de elevar una queja ante el fiscal jefe de Asturias y la Fiscalía General del Estado por pedir el archivo de esta causa. Y es que para ellos la escena de lo que sucedió aquel 8 de septiembre de 2019 está clarísimo. Así, su letrado, Marcos García Montes, han recurrido la medida y, respecto al auto de diciembre, por el que transforma diligencias previas en procedimiento abreviado por lesiones graves pide que se admita en caso de desestimar un homicidio imprudente. Además pide que asuman al responsabilidad civil subsidiaria Prosegur y el Ayuntamiento de Gijón (por la Policía Local).
La acusación particular insiste en que aquello fue una detención ilegal y, por tanto, lo que vino después una actuación desproporcionada. Sostienen que los vigilantes le causaron, según se desprende del informe de autopsia, erosiones en rodillas, muñecas, cuello o clavícula e insisten en que el joven de 30 años no tenía ningún problema cardíaco ni epiléptico y que la causa de su muerte fue el estrés provocado por esa actuación hacia una persona “especialmente vulnerable”.
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