Apuñalamiento a la Justicia

Tengo gran inquietud sobre la falta de calidad democrática de las reformas legislativas que está proponiendo el Gobierno de coalición en materia de Justicia

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de dos años en funciones
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de dos años en funcionesEduardo Parra

Nunca pensé que presenciaría en vivo y en directo en la sede parlamentaria la anomalía democrática en forma de apuñalamiento a la Justicia. Sobre todo, viendo cómo 150 senadores socialistas y de los grupos que desprecian la Constitución aplaudían el acoso y derribo del Poder Judicial.

La Constitución del 78 quiso consagrar una verdadera división de poderes y la reforma aprobada el pasado 24 de marzo ha ido dirigida a atacar la independencia judicial, provocando un peligroso desequilibrio entre los poderes del Estado y una injerencia preocupante en el gobierno de la Justicia.

El PSOE en 1985 ya pronunció la frase «Montesquieu ha muerto», cuando hizo uso del rodillo de su mayoría absoluta para aprobar el primer hachazo al Poder Judicial. Ésa es la fecha de comienzo de la obsesión socialista por ocupar la Justicia. El ataque se materializó privando a los jueces de la posibilidad de elegir a sus representantes en el Consejo y 36 años después siguen vanagloriándose de ello.

El penúltimo capítulo de esta obsesiva historia lo representa la reforma que ha sacado adelante el sanchismo con el apoyo de Podemos y la comparsa de grupos que sustentan al Gobierno. El objetivo sigue siendo el mismo, y en esta ocasión el ataque se ha dirigido a cercenar las competencias del CGPJ impidiendo que puedan efectuarse nombramientos de cargos judiciales una vez sus vocales hayan cumplido su mandato de cinco años.

La reforma legislativa aprobada no ha cumplido con los mínimos requisitos de calidad democrática exigibles. Por un lado, en cuanto a la forma, la iniciativa se ha llevado a cabo en claro fraude al utilizar el grupo socialista y Unidas Podemos una proposición de ley en vez de la figura del proyecto de ley. Con esta argucia parlamentaria, el Gobierno ha eludido la obligación de solicitar al Consejo el correspondiente informe sobre una reforma que le afecta de manera directa y grave. En democracia las formas también son esenciales. Se empieza despreciando lo formal, para continuar, atropellando la independencia judicial.

En relación con el fondo, debo decir que tengo gran inquietud sobre la falta de calidad democrática de las reformas legislativas que está proponiendo el Gobierno de coalición de España en materia de Justicia. Parece que al PSOE y a su aliado comunista les gustaría volver a la etapa preconstitucional en la que el Gobierno controlaba la Justicia y nombraba a los magistrados del Tribunal Supremo.

Con la reforma se está dinamitando uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Hay unas funciones que pertenecen al núcleo duro del gobierno del Poder Judicial –entre ellas los nombramiento judiciales– que no deben ser limitadas, ni siquiera temporalmente. Esta reforma implica colocar el Poder Judicial en una situación de debilidad e inferioridad frente a los otros poderes del Estado.

El artículo 117.1 de la Constitución señala que a lo único que están sometidos jueces y magistrados es a la ley.

En ningún momento nuestra Carta Magna muestra un interés en limitar las funciones del Consejo, en el caso de que hubiera expirado el periodo para el que fueron designados sus vocales. En cambio, esa limitación se aprecia claramente para el caso del poder legislativo (artículo 78 de la Constitución) y para el supuesto en que el gobierno esté en funciones (art. 101). Sin embargo, el artículo 122 en ningún momento limita las funciones propias del Consejo del Poder Judicial vencido el plazo de 5 años a que se refiere el párrafo tercero.

Esta reforma es un ejemplo de la denominada «crisis constituyente», nombrada en su día por el ministro de Justicia, una excusa más para quebrar los equilibrios políticos de España. Para ello, poco a poco la idea de anormalidad democrática se va posicionando para derribar los cortafuegos democráticos que se crearon en la Transición para evitar la ruptura frente el consenso.

Estoy convencido de que a la coalición gubernamental le gusta más el sistema de nombramientos arbitrarios de la Fiscalía. Dolores Delgado ha prescindido de la búsqueda de cualquier consenso o acuerdo con la totalidad del Consejo Fiscal, órgano elegido democráticamente por la carrera fiscal, sometiéndola a una verdadera limpieza por motivos ideológicos. Pienso que la reforma urgente y necesaria es la que afecta al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y lo blinde de toda injerencia política, sobre todo pensando en la voluntad de atribuirles la instrucción de las causas criminales.

Esta es la reforma que era necesaria, y no la que afecta al Poder Judicial. Lo que sí urge es garantizar por ley la autonomía del Ministerio Fiscal.