El Poder Judicial advierte que la Ley que permite ilegalizar fundaciones franquistas vulnera la libertad de expresión

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por 15 votos a seis el informe al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que prevé ilegalizar la Fundación Franco y otras similares. De esta forma, los vocales respaldan la ponencia elaborada por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea. El informe, cuyo contenido fue facilitado la semana pasada, cuestiona los límites de la norma, conocida como ‘Ley Calvo’, al ser su promotora la vicepresidenta primera del Gobierno.

El dictamen, que ha salido adelante sin modificaciones, solo ha sido rechazado por los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya y Concepción Sáez.

“Apología del franquismo”

El Gobierno de Pedro Sánchez fijó como causa para extinguir las fundaciones “la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales”.

Y el estudio realizado por Roser Bach, magistrada de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Wenceslao Olea, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, argumenta, por el contrario, que la apología franquista que puedan realizar determinadas fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

Por eso, el dictamen, que no tiene carácter vinculante, propone incluir en la ley como requisito adicional para poder expulsar a una asociación del registro el menosprecio o humillación a las víctimas.

Además, el anteproyecto de Ley impulsado por Carmen Calvo obtuvo un ajustado apoyo del bloque progresista en otro órgano consultivo, el Consejo Fiscal, para cuya consecución fue determinante el voto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, informa Europa Press.