El PP prepara una ofensiva total contra los indultos

Génova crea una comisión jurídica y política para torpedear la negociación con el secesionismo. Diputados catalanes impugnarán también la medida de gracia. Los barones irán con una sola voz a los foros multilaterales

El presidente del PP, Pablo Casado, durante un acto electoral celebrado en Terrassa
El presidente del PP, Pablo Casado, durante un acto electoral celebrado en Terrassa FOTO: Alejandro García EFE

El equipo jurídico del PP sigue trabajando en la ofensiva contra los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del «procés». Después de que el pasado 1 de julio el PP conociera la admisión a trámite de los nueve recursos contenciosos administrativos ante el Tribunal Supremo frente a los nueve Reales Decretos de indulto de los condenados del «procés», el siguiente paso en este mes será la interposición de otros nueve recursos firmados por algunos de los diputados del PP en el Parlamento de Cataluña de 2017, que fue el que protagonizó la declaración unilateral de independencia.

Entre estos cargos que se personan ante el Alto Tribunal están los tres diputados que mantiene el PP catalán, Alejandro Fernández, Santi Rodríguez i Sierra y Juan Millán Querol, y Andrea Levy y Lorena Roldán, en la actualidad diputadas en el Congreso. Roldán era diputada en el Parlamento catalán en 2017 y ahora forma parte del Grupo Popular en la Cámara Baja.

En Génova han armado una especie de comisión que tiene el encargo de diseñar los siguientes pasos de la ofensiva del partido contra la estrategia del Gobierno en Cataluña, en el ámbito jurídico, y también en su desarrollo político.

Con los recursos admitidos ya por el Supremo no acaba la batalla de Pablo Casado contra la vía catalana de Pedro Sánchez, y en esta ofensiva la dirección nacional trabaja intensamente para anticiparse, además, a los pasos que pueda dar Vox para intentar capitalizar la cuestión catalana.

Estrategia nacional

Casado cree que trabaja con una ventaja importante, al menos en el ámbito político. El PP sí es un partido de gobierno, a diferencia de Vox. Y esto le permite fortalecer, con el apoyo de su poder territorial, su estrategia nacional para desestabilizar y torpedear, en la medida de lo posible, la «pata» política de la negociación del presidente del Gobierno con los independentistas. Es decir, la «mesa» de diálogo, en la que Gobierno y ERC trabajan ya con discreción para preparar la reunión oficial de septiembre.

Las diferencias con sus baronías se han sentido en la etapa de la crisis sanitaria, en la que, salvo Madrid, las demás siguieron su discurso y el criterio que entendían que era el más razonable para atender las necesidades de sus ciudadanos. Esto supuso que hubiera dos fuerzas que, a veces, entraban en contradicción, por un lado, la de Génova y la Comunidad de Madrid, y, por otro, la del resto de comunidades, más colaboradoras con la política nacional contra la pandemia.

Pero Cataluña elimina todos los puntos de desencuentro, y aquí Casado no tendrá ningún problema para utilizar a todos sus barones como un único «ejército» contra la negociación bilateral de Moncloa con la Generalitat.

Esto se verá en la reunión de la Conferencia de Presidentes, que se celebrará este mes en Salamanca. Pero también en el resto de foros multilaterales que pueda convocar Sánchez a futuro. Ya se trate de financiación, de competencias..., la «mesa» es el mejor elemento de cohesión entre los presidentes autonómicos del PP para blindar la estrategia de Casado y hacerla suya.

Rechazo frontal a la mesa de negociación

Así, la dirección nacional tiene margen para elaborar manifiestos comunes y para utilizar a sus Gobiernos regionales como altavoz de su oposición en el Congreso. Ahora bien, si no hay discusión sobre la política de confrontación con la negociación del Gobierno con la Generalitat, sí la hay en alguna de las formas de la misma. Por ejemplo, en el partido se observa con muchos recelos la posibilidad de que Casado vuelva a coincidir a medio plazo con el líder de Vox, Santiago Abascal, en más manifestaciones sobre Cataluña. Y tampoco comparten una radicalización en el discurso que pueda entenderse como el alejamiento del centro, en el que estos barones creen que el PP tiene que seguir instalado para ganar elecciones. Pero es un debate que, en cualquier caso, no se va a traducir en una ruptura de la unidad de acción, a diferencia de otras situaciones del pasado.

En Génova tienen otra perspectiva sobre lo que fuera de Madrid entienden como «radicalidad». En su análisis demoscópico sostienen que Ciudadanos ha perdido incluso su capacidad de ganar votos con la bandera de Cataluña a nivel nacional porque «ha dejado de ser visto como un partido útil».

Por tanto, si dan por hecho que ese espacio ya no les plantea competencia, la obsesión es el granero de voto de la derecha, muy movilizado por la cuestión nacional y por la bandera de España, y en el que sí tiene todavía predicamento Vox.

Es ahí donde en la dirección nacional entienden que está la batalla y lo que justifica que en Madrid consideren prioritario mantener el pulso a Sánchez, y a Vox, en la negociación sobre Cataluña.

Vox tiene ante sí la duda existencial de si cumple con su amenaza de volver a presentar otra moción de censura, una vez que el PP, como confirmó ayer Casado en una entrevista en este periódico, no vaya a ejecutar ese movimiento porque entiende que fortalece a Sánchez al no tener los apoyos necesarios para sacarla adelante. La formación de Abascal anunció recientemente que, si no la presentaba el PP, ellos volverían a activar este mecanismo constitucional. De momento, la pelota está en su tejado, igual que el año pasado.