Preocupación en Génova por el poder que Sánchez regala a Vox

¿Cuándo ha perdido la política la mesura? ¿Cuándo dejó de cumplir con su obligación de esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de tomar decisiones? Estas preguntas son inevitables a raíz de la escandalosa gestión de la denuncia fake sobre una supuesta agresión homófoba en Madrid. Aunque el Gobierno no sea el único «actor» que tiene que reflexionar sobre lo sucedido.

La Policía dudó desde el primer momento del joven que denunció que un grupo de ocho encapuchados le había grabado la palabra «maricón» en una nalga. El joven confesó el miércoles que las lesiones habían sido consentidas. Las contradicciones y la obsesión del joven por mantener la máxima discreción, así como la falta de imágenes, hicieron que en la Policía se encendieran las alarmas desde el primer momento. ¿Dónde estuvo el fallo de comunicación? ¿Marlaska trasladó una información sin cotejar al presidente del Gobierno? ¿O a sabiendas de las dudas policiales decidieron entrar en el juego de las redes sociales porque pensaron que esto les permitiría apuntarse un tanto ante la opinión pública y, sobre todo, ante una buena parte del electorado de izquierdas?

Interior niega que estuviera al tanto de las dudas policiales. Si no es así, debería haber ceses en la Policía por no circular de manera ajustada y precisa la información. Si fue así, la dimisión debería ser del ministro del Interior. Toda la oposición saltó ayer al cuello del titular de Interior. Una vez más, aunque en este caso con una reflexión de fondo de carácter más partidista. En el PP preocupa que la gestión de Sánchez, sus errores, intencionados o no, den cada vez más aire a los extremismos, a derecha y a izquierda. A la dirección popular lo que le quita el sueño es Vox, por supuesto. Y tienen razón en este caso porque la frivolidad con la que se ha abordado este asunto es gasolina para el partido de Santiago Abascal, que ayer supo utilizarla eficazmente. Más fácil no se lo habían podido poner.

En el ataque de frivolidad el Gobierno no es el único que tiene que asumir culpas, pero sí el más responsable porque se da por hecho que dispone de información privilegiada y él tiene, además, la potestad de tomar decisiones de manera cortoplacista que pueden cambiar la vida de los ciudadanos. «La agresión a Vox y la utilización política indigna de las personas homosexuales tiene un coste social», señalan en el principal partido de la oposición.

Los estrategas de Sánchez creen que la polarización les beneficia, e intentan utilizarla como instrumento con el que movilizar a un electorado de izquierdas que no parece muy motivado en las encuestas. Pero estas maniobras pueden volverse en su contra porque movilicen más el voto de la derecha, aunque siga repartido entre PP y Vox, fundamentalmente, que a los suyos. Los sondeos así lo reflejan hasta ahora. A día de hoy, Pablo Casado necesitaría a Abascal para gobernar, pero suman, y la izquierda no suma ni siquiera repitiendo la mayoría de la moción de censura o de la investidura con la que el líder socialista consiguió ser presidente tras las últimas elecciones generales. Vincular a Vox con los delitos de odios, como se ha hecho desde instancias gubernamentales, de las dos partes, la socialista y la de Podemos, enciende a la derecha y consolida el granero de Vox por solidaridad ante su posición de víctima frente a la «manipulación política» del Gobierno.

Vox ha visto el filón y ha empezado además a caldear la campaña de que el Gobierno busca su ilegalización, y que estamos ante los pasos previos a esa decisión. Desde esta formación apuntalan esta acusación con el argumento de que uno de los requisitos para poder solicitarlo es, precisamente, que se trate de un partido que fomente el odio.

Esta ilegalización no está en la cabeza de Moncloa, pero a Vox le viene bien pisar por ese camino porque les posiciona como referente en la derecha y les permite buscar un espacio propio frente al PP.