Moncloa blinda a Marlaska: «La dimisión no se contempla»

Las polémicas cercan al ministro, pero Sánchez hoy se hará la foto con él al frente de la comisión de seguimiento sobre los delitos de odio

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de OdioEUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

La polémica persigue al ministro del Interior. Fernando Grande-Marlaska sobrevivió a la remodelación del Gobierno que Pedro Sánchez acometió el pasado mes de julio, a pesar de ser uno de los ministros que más desgaste acumula del Gabinete. Su nombre estaba en todas las quinielas para abandonar el Consejo de Ministros, pero mantuvo su sillón. El cambio de caras en el Ejecutivo buscaba dar un nuevo impulso político para lo que resta de legislatura, abandonar las polémicas y centrarse en los mensajes positivos ligados a la recuperación. Pero solo dos meses después de la revolución de cargos, el ministro ya acumula varias controversias, que han puesto en el punto de mira al Ejecutivo: la devolución irregular de los menores de Ceuta y la instrumentalización de la –que ahora se ha demostrado falsa– agresión homófoba de Madrid. En ambos casos, Marlaska exhibió un excesivo «protagonismo», prodigándose por los medios de comunicación y, en este último caso, emitiendo juicios que señalaban directamente a otros partidos por alentar discursos de odio.

Grande-Marlaska no da marcha atrás. No asume responsabilidades ni valora la dimisión, que le exigen desde la oposición. Un escenario que tampoco se «contempla» en Moncloa, que ha cerrado filas con el ministro, como ya ocurriera en ocasiones precedentes. No porque la actuación del ministro no merezca un reproche, sino porque no se van a atender unas pretensiones de PP y Vox, que ayer se calificaron de «desnortadas» y que supondrían un desgaste añadido al Gabinete. Sánchez no se puede permitir dejarle caer tras haberle confirmado en su puesto en julio. Eso sí, ayer se expuso al titular de Interior para que diera explicaciones públicamente, después de que reconociera que no conocía los detalles de la investigación hasta la misma tarde en que se reveló que todo era una ficción. Algo inverosímil, apuntan fuentes internas, si tenemos en cuenta que se trata de un caso al que el Gobierno había dotado de máxima trascendencia y en el que había incluso una intervención directa del presidente.

«Me enteré ayer a la tarde –por el miércoles– cuando declara el denunciante sobre los hechos y modifica su declaración. Buena prueba de ello es que el propio ministro del Interior, conocedor de lo que este asunto había traído a la opinión pública, dio la noticia y expuso lo que había acontecido en el transcurso de la investigación», destacó. Marlaska trasladó además la responsabilidad a la Policía, que, según su testimonio, «no había dado sospechas» y se escudó en que «estas investigaciones son muy complejas, hay muchas hipótesis de trabajo, muchas hipótesis en las investigaciones hasta que al final se desarrolla y concluye». Sin embargo, esa complejidad no fue óbice para que el ministro iniciara un periplo por los medios para patrimonializar el asunto. En estas explicaciones públicas no hubo un ápice de arrepentimiento por la falta de cautela, sino que se reafirmó en que él «nunca instrumentaliza» este tipo de hechos y llamó a «no banalizar las agresiones», circunscribiendo «el problema a un caso concreto».

El Gobierno sigue adelante

En el Gobierno siguen adelante. Mantienen la reunión convocada «de manera urgente» para hoy y liderada por el presidente del Gobierno, de la comisión de seguimiento de los delitos de odio, y en la que estará junto al ministro del Interior. La tesis que trasladan desde el Ejecutivo es que nada cambia, «que se trata de una realidad que nos preocupa, que no se puede banalizar ni individualizar». De hecho, el propio Marlaska trató de desvincular la convocatoria anticipada de la reunión del oportunismo político, señalando que ya existía una intención previa de hacerlo, ante el repunte de agresiones y denuncias por delitos de odio que se estaban produciendo. El propio Sánchez se manifestó ayer sobre esta cuestión, en una intervención sin preguntas de los periodistas, en la que señaló que la denuncia falsa «no puede impedirnos ver la realidad. Los delitos de odio hacia las personas LGTBi se han incrementado. Quiero trasladar mi cariño al colectivo y el compromiso del Gobierno en la defensa de sus derechos», aseguró.

En el Ejecutivo buscan desviar el foco del ministro, que tiene un expediente plagado de polémicas. A las ya mencionada se suman otros cuestionamientos por parte de la Justicia, como las devoluciones irregulares de los menores de Ceuta, el cese –considerado ilegal por la Audiencia Nacional– de Pérez de los Cobos o la defensa de la «patada en la puerta» de unos agentes que irrumpieron en una vivienda durante la pandemia en la que se estaba celebrando una fiesta que incumplía las restricciones. Llama la atención estas derivadas judiciales adversas, si tenemos en cuenta que el ministro es juez de carrera y que debería tener un conocimiento y observancia de la ley mayor que el de otros colegas. En este caso, sin embargo, Marlaska no ha contado con el «fuego amigo» de sus colegas de Unidas Podemos en el Gabinete, que también incurrieron en la precipitación de señalar a Vox por sus discursos de odio como gasolina para los pirómanos homófobos.