El falso delito de odio desinfla la campaña contra PP y Vox

Los últimos episodios de agresiones homófobas en España han destapado lo peor de la condición humana y han devuelto a la esfera pública la lucha entre partidos por capitalizar un espacio sociológico e ideológico en lo que respecta a la defensa de los derechos del colectivo LGTBi. Un territorio que parece reservado a la izquierda y en el que, incluso en este espectro, existe una competencia y una pugna soterrada por su liderazgo institucional. PSOE y Unidas Podemos se arrogan en exclusiva la representación de quienes militan en el movimiento de las libertades, cultivando así el botín electoral, en lugar de reconocer que la cultura LGTBi es un fenómeno transversal que incluye y debe incluir a todos los partidos.

Se rechaza que estos derechos puedan ser también defendidos por los partidos de la derecha. Cabe recordar que en 2019 –cuando la pandemia todavía no se había colado en nuestras vidas– los representantes de Ciudadanos fueron acosados en la manifestación del Orgullo Gay y que en las movilizaciones del 8-M de ese mismo año también se increpó a los representantes del Partido Popular. La izquierda pretende ostentar en exclusiva el monopolio político de unas reivindicaciones sociales que pertenecen a todos, y que la mayoría de los políticos de derechas también apoya.

El oportunismo político y la sobreactuación en este ámbito han quedado de relieve, de la forma más cruda posible, en el caso del joven que denunció una agresión homófoba grupal el pasado domingo en el barrio de Malasaña de Madrid. Fuentes del Ministerio del Interior informaban ayer de que gracias a la actuación policial «el joven había decidido rectificar su declaración inicial y había declarado que las lesiones inicialmente denunciadas fueron consentidas». Una denuncia falsa que no deslegitima la causa ni la lucha, pero que sí pone a los políticos frente al espejo de la sobrerreacción y el ventajismo con el que operan en terrenos tan sensibles. Una banalización que hace un flaco favor también a quienes se atreven a denunciar y que carga de argumentos a quienes cuestionan que la lacra de la homofobia exista.

La falta de prudencia y la velocidad a la que se emiten juicios políticos y mediáticos, sacando conclusiones precipitadas sin esperar a conocer los hechos contrastados, han hecho que mientras la Policía ponía al denunciante frente a las lagunas de su relato –porque algo no cuadraba: no había testigos ni cámaras que hubieran captado al grupo agresor–, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros miembros de Podemos se prodigaba por los medios de comunicación deslizando sucinta o directamente que «discursos públicos y políticos a veces difusos», en clara alusión a Vox, y también los que se pronuncian en las redes sociales, generan «un caldo de cultivo» para que haya «delitos de odio». El caso recuerda, irremediablemente, al de las amenazas que sufrieron algunos miembros del Gobierno durante la campaña de las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid. Un hecho que se intentó utilizar de manera partidista («tirad todas las encuestas, la campaña empieza ahora», llegaron a decir en el PSOE) y que acabó superado por la investigación policial.

El Gobierno que retomó el curso político enfocado en la agenda social y de la recuperación vio en este caso la oportunidad de poner un debate sobre la mesa. Un debate cuyo liderazgo institucional querían capitalizar. Moncloa no esperó ni siquiera a que el atestado estuviera cerrado cuando anunció, apenas 48 horas después de que se produjera la supuesta agresión, que Pedro Sánchez se pondría al frente de la Comisión de Seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio. El nuevo giro que ha dado el caso no será obstáculo para que se mantenga la agenda y el presidente estará en esa reunión mañana. Una reunión en la que estaba previsto se avanzar en la preparación del Segundo Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024, con el objetivo de «actualizar los delitos de odio y adoptar cambios pertinentes para que aquellos grupos que quieren devolver el odio a la calle, no puedan hacerlo».

El propio Sánchez, durante la intervención que ayer realizó en el Congreso ante las huestes socialistas reivindicó la labor de los gobiernos socialistas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGTBi y defendió que «no habrá otra vez armarios, sino un gobierno comprometido con la diversidad y que ponga todos los medios para acabar con los delitos de odio». Un compromiso que debe mantenerse –como el de acelerar la tramitación de la Ley Zerolo– cuando los focos de la instrumentalización se apaguen ahora.