Las comunidades desdeñan la nueva ley de vivienda

La ley de vivienda que tantos quebraderos de cabeza ha generado en el Gobierno de coalición, como elemento de bloqueo para aprobar un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado hasta el pasado martes, salta ahora de la Moncloa a las distintas Comunidades Autónomas, que son las que tienen transferidas en exclusiva las competencias en esta materia. Al boicot anunciado por las regiones del PP, como Andalucía o la Comunidad de Madrid, que ya han avanzado que no la aplicarán, se suman también las dudas o el rechazo que genera en algunos bastiones socialistas, que miran con recelo la norma y, que, en todo caso, quieren esperar a verla negro sobre blanco para medir el nivel de impacto que tendrá sobre sus territorios. En concreto, se advierte de que debe ser una legislación con una amplitud de miras que supere las realidades de Madrid y Barcelona, porque de no ser así, no tendrá sentido para el resto de España.

De entrada, la nueva ley de vivienda parece diseñada a medida de la norma de Cataluña, que lleva un año en vigor y cuyas exigencias quedan ahora suavizadas, por lo que la legislación nacional serviría de paraguas, en caso de que fuera finalmente declarada inconstitucional. Por el momento no ha sido suspendida. La normativa estatal fue recibida con cierto triunfalismo por la alcaldesa Ada Colau, calificando de «histórico» el acuerdo. Menos optimismo destilan otros territorios socialistas, como Castilla-La Mancha, que dejaron ayer claro que en su autonomía «no hay tensiones de mercado» y que lo que preocupa es la «okupación». La portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, señaló que «afortunadamente» su región no es «de esas que tienen unas tensiones de mercado por las que se han disparado los precios del alquiler» y consideró la nueva ley un «instrumento que está ahí y será muy útil» para otras comunidades autónomas que sí lo apliquen, pero que ese no es el caso de Castilla-La Mancha.

En la misma línea se pronuncian en Asturias, que consideran la futura ley «una buena noticia» desde la «perspectiva social», pero entienden que tampoco les afectará, porque su región ya cuenta con «el segundo mayor parque público de viviendas del país». En La Rioja, por su parte, se muestran cautos al «desconocer los términos exactos en los que se pronuncia el borrador de la ley al respecto de la regulación del precio del alquiler en las áreas tensionadas». Recuerdan, desde el Ejecutivo de Concha Andreu, que ya están cumpliendo «desde nuestra política de vivienda, más social que nunca» la prioridad de favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos que más dificultades tienen. Para ello, esta misma legislatura han impulsado un parque público de vivienda con 178 primeros inmuebles y con la intención de ampliarlos hasta los 300 al final de la legislatura.

En Aragón se muestran vigilantes ante los futuros criterios que se apliquen y que dicen desconocer. «No conocemos ni una sola palabra de esta ley», aseguraban ayer desde el Ejecutivo de Javier Lambán, donde recuerdan que las de viviendas son competencias exclusivas de las comunidades autónomas y que sí la ley impone algún tipo de obligación para Aragón, tendrá que venir con dotación presupuestaria. De hecho, afean al Gobierno que no haya existido diálogo ni negociación con las regiones a través de la conferencia multisectorial que hay articulada en este ámbito. Tampoco en Extremadura se ven representados en esta ley, porque reconocen que «no se dan zonas tensionadas de alquiler, entre otras cuestiones, por las políticas públicas desarrolladas en los diferentes planes de vivienda». No obstante, sí agradecen que se den instrumentos para que «en el supuesto que se diera una circunstancia de esas características», se pudieran atajar.

Otras regiones, sin embargo, como Canarias o la Comunidad Valenciana sí esperaban la medida. En las islas sí tienen «zonas muy tensionadas en las que el precio del alquiler es desproporcionado», por lo que consideran «acertada y necesaria la iniciativa del Gobierno de España de aplicar una regulación a los precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas». Son partidarios de una regulación que limite estas subidas abusivas, porque Canarias es una de las regiones del sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con zonas más tensionadas del país. No obstante, también señalan que con el Plan de Vivienda que han puesto en marcha desde Canarias lograrán que los precios «tiendan a normalizarse y dejarán de producirse crecimientos excesivos».

Por su parte, el Gobierno valenciano esperaba desde 2017 un marco estatal que le permitiese poner la base de la Ley de la Función Pública de la Vivienda aprobada en la primera legislatura del Gobierno de coalición de PSPV y Podemos en la Comunitat Valenciana. Las capitales de provincia (Castellón, Valencia y Alicante) son zonas con mercado tensionado. Las medidas acordadas entres los socios del Gobierno que dirige Pedro Sánchez, y el decreto aprobado el viernes por el Consell, han creado un nuevo marco que implicará cambios harán posible hacer efectivo este anuncio y esperan que sea «este mismo año». Informa A. Martí