Villarejo anotó el ofrecimiento de Baltasar Garzón para defenderlo en el caso de Elisa Pinto

“Balta Garz: me pidió que le permitiera ayudarme para la defensa, tema dermatología”, anotó literalmente el comisario José Manuel Villarejo junto a la fecha 7 de julio de 2015 en una de sus agendas. Ese año Villarejo dejaba de ser un policía desconocido para el público -que no para las altas esferas políticas y periodísticas- al cernirse sobre él la acusación de un presunto apuñalamiento en nombre del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto. Precisamente, el yerno de Juan Miguel Villar Mir estuvo esta semana en los ordenadores de la Audiencia Nacional consultando las anotaciones del policía que tendrá que sentarse en el banquillo por esta pieza número 24 del caso ‘Tándem’.

El relato de las libretas del comisario jubilado, que anotaba todo como si de un diario se tratase, muestra cómo no solo el exjuez Baltasar Garzón, sino también numerosos policías e incluso el entonces Secretario de Estado de Seguridad se ofrecieron a ayudar a Villarejo para zafarse de los requerimientos judiciales. Entre junio y julio de 2015, Garzón llamó en varias ocasiones a su “amigo” (como lo calificó en una llamada de teléfono), para preocuparse por la investigación en la que Villarejo empezó ayudando a López Madrid y terminó siendo imputado. Según consta en estas notas que no habían sido reveladas hasta el momento, el15 de junio de ese año el exjuez le da un “toque para que trate de justificar dónde estaba el día de la agresión”. La doctora Elisa Pinto sufrió un corte de unos 4 centímetros en el abdomen en abril de 2014 y, años más tarde, en una rueda de reconocimiento señaló al comisario como el autor del ataque.

Villarejo trató de librarse una y otra vez de esta rueda de conocimiento que se llegó a retrasar hasta en tres ocasiones. En sus agendas existe un reguero de frases en las que se describen las maniobras para entorpecer una investigación que llevaba el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid tras una denuncia de Pinto que todavía no se ha resuelto.

El 9 de junio del mismo año, Villarejo anota:“Balta insiste en llevar mi tema de la Pinto. Queda en verse con Hermes [Ernesto Díaz-Bastién, en ese momento abogado del comisario]”. A pesar de que según estas notas Garzón “se ofrece a hacer lo que haga falta”, el entorno del exjuez asegura que esta información es falsa y que él nunca ha hablado con Villarejo de este tema “ni mucho menos le ha ofrecido ningún tipo de ayuda”.

En cualquier caso, más personas aparecen en estas libretas que la Policía intervino en el domicilio de Villarejo. Por ejemplo, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño se refleja como la persona que intermedió con López Madrid para los pagos que este presuntamente hizo a Villarejo por sus servicios, aunque el juez decidió no imputarlo en este caso.

García Castaño acuerda 211.000 euros

El comisario jubilado y el empresario inician sus contactos en 2013 (“MADRID [López Madrid] adelante con el tema”, escribe en su agenda). En septiembre de ese año, García Castaño va a ver el servidor del hospital en el que trabaja Pinto y, unos días más tarde López Madrid acude a la oficina de Cenyt, donde el policía centralizaba su actividad privada, “muy nervioso y preocupado”. El 4 de septiembre, el empresario “entrega 10 a cuenta” y, seis días después, Villarejo apunta una reunión entre el empresario y García Castaño en la que acuerdan “211.000 euros año”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha liderado la investigación, tiene claro que en la contratación del policía hubo un delito de cohecho: “Villarejo empleó medios policiales para desacreditar a Elisa Pinto: realizó seguimientos, accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas”, expone el magistrado instructor en el auto en el que sienta en el banquillo tanto a Villarejo como a López Madrid.

No obstante, la investigación se ha acotado a López Madrid, Villarejo y su socio Rafael Redondo. No se indagado en la relación de García Castaño y su gestión del dinero como tampoco en la actuación de el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, ex director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo el Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Entre abril y septiembre de 2015 hay una sucesión de anotaciones de las que se desprenden visitas a la juez y al tretas para tender una trampa al comisario Jaime Barrado, que estaba a cargo del caso, para apartarlo de la investigación.

El 23 de mayo apunta que Gago da un toque a Pino para que suspenda a Barrado. Unos días más tarde expone: “Gago sigue muy a favor mío, me vuelve a insistir en que cuide el teléfono. Sobre Barrado ya tiene dos expedientes”. En Junio, Villarejo apunta que el DAO “se opone a que pase por el escarnio de la rueda de prensa” [escribe “prensa” aunque se refiere a reconocimiento] y anota que “va a mandar a Miguelañez (entonces Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía) a hablar con la juez”. En julio Miguel Ángel Bayo le hace un “certificado bastante explícito” que luego el policía presenta en el Juzgado para retrasar la diligencia. No fue hasta dos años más tarde, en junio de 2017 cuando finalmente pudo realizarse esa rueda de reconocimiento en la que Pinto señaló a Villarejo como autor del apuñalamiento.