Alberto Rodríguez pide al Supremo anular su condena porque alega que se han vulnerado sus derechos

El camino emprendido por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez para defender que su retirada de escaño no fue ajustada a derecho continúa avanzando. El último paso se acaba de producir con la presentación de un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo para anular la condena que éste le impuso por la patada a un Policía en 2014. Mientras, Rodríguez continúa esperando la respuesta de la Junta Electoral Central sobre la pérdida de su escaño y seguirá con la batalla judicial hacia el Tribunal Constitucional.

En un recurso dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que ha accedido LA RAZÓN, el exdiputado pide la nulidad de la sentencia que lo condenó a 45 días de prisión y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por agredir a un policía en Tenerife. La defensa de Rodríguez entiende que se ha vulnerado su derecho a la representación política, su derecho de reunión y de manifestación.

En su recurso, los abogados de Rodríguez reconocen ser conscientes de que este tipo de nulidad solo se concede en casos excepcionales, pero creen que es necesaria en este alegando que no han tenido derecho a juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, ni a un proceso con las debidas garantías. Arremeten contra el hecho de que la “única prueba” fuera el testimonio de un policía, utilizando para ello los argumentos de uno de los votos particulares de la sentencia: “La exigencia fundamental objetivamente racional de la sentencia hace imposible fundar una condena sobre la base de la mera creencia en la palabra del testigo, a modo de un acto ciego de fe”.

Dice que la declaración del agente fue “parca”, que “incurrió en evidentes contradicciones” y que no fue capaz de describir cómo se produjo la patada. Además, señala que el jefe del dispositivo policial, que ese día estaba desplegado en la concentración del municipio de La Laguna contra la reforma educativa conocida como “Ley Wert”, declaró que no vio a Rodríguez en el lugar de los hechos. “Para no verlo hay que tener las facultades cognitivas mermadas, pues la altura -casi dos metros- y otras características físicas muy específicas de mi mandante, por fuerza, debieron hacerlo visible”, indica el recurso del abogado Gonzalo Boye.

En el escrito señala que la Sala ha dado por buena la versión del agente, pero no ha tenido en cuenta el del resto de personas que había allí. Por eso, dice, los magistrados olvidaron el derecho a la presunción de inocencia y les achaca falta de imparcialidad por haber tachado de “inapropiadas” en la sentencia las palabras que Rodríguez dijo al final del juicio. Una vez el Supremo conteste, Rodríguez tendrá el camino despejado en esta vía para recurrir su condena en amparo al Tribunal Constitucional.