La renovación del TC acelera el pacto del CGPJ

Tras el pacto entre PSOE y PP que culminó ayer con la renovación pendiente –desde noviembre de 2019– de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno mira ahora al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En funciones desde hace casi tres años (se cumplirán el próximo 4 de diciembre), el órgano de gobierno de los jueces es clave para voltear la actual mayoría conservadora en el TC. Y es que en junio del próximo año debe renovarse el tercio del Pleno que corresponde proponer al Gobierno y al CGPJ y con éste último incapacitado para efectuar nombramientos –a resultas de la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos–, la sustitución de esos cuatro magistrados quedaría en agua de borrajas.

El equilibrio de fuerzas en el TC no es una cuestión irrelevante. Entre otras cuestiones espinosas, el Constitucional debe pronunciarse sobre el recurso del PP contra la ley del aborto (once años después de la admisión a trámite del recurso) y resolver los del propio partido popular y Vox contra la ley de la eutanasia.

Además, tiene sobre la mesa otros dos recursos de las mismas formaciones, precisamente contra la reforma legal que impide al CGPJ hacer nombramientos con el mandato expirado. Entre otros asuntos el tribunal de garantías también ha de pronunciarse sobre varios recursos pendientes de los condenados por el «procés» –los de Oriol Junqueras y Raül Romeva, por ejemplo– y el que interpuso el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi– contra la repetición del juicio por intentar reconstruir Batasuna tras el tirón de orejas de la Justicia europea.

A punto de cumplir tres años en funciones

Fuentes del CGPJ apuntan incluso que la renovación del órgano de gobierno de los jueces puede producirse antes de las próximas dos semanas, sin que el Consejo llegue por tanto a cumplir tres años en funciones.

Una previsión que, de cumplirse (en todo lo relativo al desbloqueo del CGPJ cualquier cautela es poca), permitiría incluso que la renovación fuese un hecho el próximo día 29, cuando Felipe VI volverá a presidir en Barcelona (tras su ausencia el pasado año después de que el Gobierno de Sánchez cediera a la presión independentista e impidiese que presidiera el acto solemne) la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces.

De momento, el pacto entre socialistas y populares se plasmó ayer en la toma de posesión de los nuevos magistrados del TC: la magistrada Concepción Espejel y el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo, que suscitó las críticas más aceradas de la izquierda, propuestos por el PP, y los magistrados Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, los candidatos del PSOE.

Prioridad en Moncloa

Esta misma tarde, el tribunal de garantías celebrará un Pleno gubernativo en el que designará a su nuevo presidente –previsiblemente el conservador Pedro González-Trevijano– y vicepresidente (si no hay sorpresas será Juan Antonio Xiol). Seguirá siendo, como se ha apuntado, un TC con mayoría conservadora (seis magistrados frente a cinco, que serán siete cuando se reincorpore Alfredo Montoya, de baja por problemas de salud).

Una mayoría con fecha de caducidad, junio de 2022, siempre y cuando el Gobierno consiga desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que permita al Ejecutivo de Sánchez designar a tres de los cuatro nuevos magistrados que se deben incorporar entonces al tribunal.

Y es que la renovación del CGPJ es una prioridad para el Gobierno. En Moncloa reconocían recientemente a este diario que trabajaban con la expectativa de poder materializar el desbloqueo antes de Navidad o, a lo sumo, apurando el final de año. En el Ejecutivo quieren aprovechar la inercia positiva, tras dar salida a otros órganos pendientes de renovación –Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos– para evitar que el PP se retraiga y encuentre alguna «excusa» que le devuelva de nuevo al bloqueo. La polvareda originada por el nombramiento de Enrique Arnaldo generó malestar en ambas partes, por lo que se emplazaron a darse un margen de tiempo para que las aguas volvieran a su cauce.

Las líneas rojas del PP

Las negociaciones se llevan al más alto nivel entre Félix Bolaños (Gobierno) y Teodoro García Egea (PP). Dos interlocutores entre los que existe «complicidad» y se ha fraguado una relación de confianza durante todos estos meses en los que no se ha interrumpido la interlocución. Las conversaciones se han intensificado en los últimos días y avanzan a buen ritmo, aunque de forma mucho más hermética que en anteriores ocasiones, con el fin de evitar interferencias externas. «Estamos muy cerca», aseguran en privado a LA RAZÓN fuentes conocedoras de la negociación, que dibujan un horizonte mucho más «optimista» que el que trazan en público los interlocutores autorizados de los partidos.

Y eso que el Gobierno mantiene su negativa taxativa a promover un cambio en el modelo de elección de los vocales del CGPJ, desoyendo la exigencia del PP de que sean los jueces quienes elijan a sus pares. Sin embargo, desde Génova se apunta que este rechazo no sería tan férreo en privado y que se buscan fórmulas para explorar una vía intermedia.

En todo caso, en Moncloa sostienen que la inminente renovación se debe hacer en virtud del sistema vigente en la actualidad. «No se puede cambiar una norma porque no me guste», explican, en alusión a las pretensiones del PP. A lo que sí estaría dispuesto el Gobierno, tal como publicó este diario, es a renunciar al perfil de José Ricardo de Prada, el magistrado que rubricó en su día la sentencia del «caso Gürtel» que acabó con la carrera política de Mariano Rajoy, y que se ha estipulado por los populares como una línea roja.

Sin embargo, esta disposición de los socialistas choca de lleno con las pretensiones de Unidas Podemos, que ya se vieron obligados a renunciar en su día a Vicky Rosell –actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género– y que consideran que ceder también con De Prada sería un nuevo trágala, inasumible tras avalar a Arnaldo para el Tribunal Constitucional.