Moncloa busca un «gesto» para que el PP renueve el CGPJ

La renovación de los órganos constitucionales pendientes, especialmente el trágala del nombramiento de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional (TC), ha generado un importante desgaste para el Gobierno. La digestión del “sapo” -como lo han calificado coloquialmente dentro del socialismo- ha sido lenta, pero, una vez digerido, en Moncloa prefieren centrarse en la negociación capital que tienen desde hace semanas entre manos. La importancia de los avances registrados en la interlocución con el PP ha obligado a mantener un “perfil bajo” y no entrar al choque, a pesar de la incomodidad que generaba su candidato.

Todo para evitar que los populares se retraigan y vuelvan al bloqueo, en un momento en el que desde el Gobierno perciben “buena sintonía”. Cuando se refieren a “salvar el pacto” no lo hacen pensando en los ya rubricados -TC, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo o Agencia de Protección de Datos-, sino en el que está por sellar: el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, aceptar a Arnaldo parece no haber tenido un efecto desatascador, sino todo lo contrario, por el alto precio pagado por el Gobierno.

En Moncloa quieren imprimir velocidad a los tiempos y consideran que las próximas semanas son decisivas para desbloquear la renovación del Poder Judicial. El horizonte temporal que establecen es finales de año y son optimistas en sus expectativas. No obstante, asumen que, tras el tsunami generado con el nombramiento de Arnaldo, habrá que esperar a que las aguas se calmen. Las negociaciones se retomaron tras cerrar hace un mes el acuerdo para el resto de órganos pendientes de renovación y, en esta ocasión, están transcurriendo de una manera más hermética para evitar interferencias externas.

En el Ejecutivo son conscientes de que el PP necesita un “gesto” que le dé margen para moverse y poder justificar el acuerdo, tras tres años instalados en el bloqueo. Fuentes socialistas ven en el PP más flexibilidad sobre la necesidad de cambiar el sistema actual de elección para la inminente renovación. En Moncloa no están dispuestos a promover un cambio sustancial de las actuales reglas de juego, es decir, eso de que “los jueces elijan a los jueces” no se va a materializar. Creen que la renovación se debe hacer en base al sistema actual, aunque no se muestran contrarios a valorar algún cambio en el futuro.

Esto en lo que se refiere al sistema de elección, porque otro punto de fricción son los nombres. En el PP ven inasumible aceptar como vocal al juez José Ricardo de Prada, el magistrado que en su día redactó la sentencia del “caso Gürtel” que propició la moción de censura y acabó con la carrera política de Mariano Rajoy. El veto de los populares no es nuevo, fue el detonante que ya hizo descarrilar la negociación para el Poder Judicial el pasado mes de febrero, cuando sí se alcanzó un pacto parcial para la Corporación de RTVE.

Entonces, el Gobierno prefirió salvaguardar la paz interna dentro de la coalición, ya que el PP también pedía sacar de la ecuación a Vicky Rosell –actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género-. Este último nombre se excluyó, pero desde Unidas Podemos no aceptaron sacar también a De Prada. Ahora, desde el PP creen que el Gobierno sí cedería en este punto, según las señales que perciben y desde Moncloa tampoco lo consideran ya una cuestión innegociable, como sí lo es el cambio del sistema de elección para la renovación actual.

Podemos se opone

La posibilidad de renunciar a De Prada no será fácil para el PSOE, porque se verá sometido a fuertes presiones de sus socios dentro y fuera de la coalición. Sobre todo, después de haber permitido el nombramiento de Enrique Arnaldo para el Constitucional. En Podemos ven muy complicado explicar de nuevo una cesión así y recuperan la candidatura del magistrado, lo que complica el pacto. También desde otros partidos del arco parlamentario ya se advierte de que el de Arnaldo podría no ser el “último sapo” que se trague el Gobierno para conseguir el desbloqueo de todas las instituciones. “¿Habrá también una Espejel y un Armando en el próximo CGPJ?”, se preguntan los socios de Sánchez.

Sin embargo, en Moncloa dan máxima prioridad a la renovación del CGPJ que el próximo 4 de diciembre cumplirá tres años en funciones. El Gobierno (PSOE y Podemos) renunciaron a avanzar en una reforma legal que rebajara las mayorías parlamentarias para la elección de los vocales –de manera que pudieran prescindir del PP-, pero sí aprobaron la modificación que impide al Poder Judicial hacer nombramientos con el mandato caducado. Esto imposibilita ahora que se lleve a cabo la renovación de un tercio del Constitucional que toca en junio y que daría la mayoría progresista al Gobierno, si antes no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, que también es impulsor de parte de los nombramientos de esta nueva mayoría.

Esos relevos voltearán la mayoría conservadora en el TC, pues la renovación de ese tercio de magistrados corresponde a partes iguales al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (a razón de dos cada uno). La entrada de tres progresistas (los dos a propuesta del Ejecutivo y otro más a través de la cuota socialista en el Consejo) cambiará las tornas y dejará al sector conservador en minoría, al sumar el bloque progresista siete magistrados.