PSOE y PP pactan un nuevo Tribunal Constitucional para recolocar sus piezas

Gobierno y PP celebraron ayer con entusiasmo el acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional (TC) –que era el capítulo mollar del pacto– y sobre las demás vacantes institucionales (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos). Los nombres se negaron oficialmente a confirmarlos. El pacto estaba cerrado desde hace meses, pero condicionado a que se desbloqueara el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la coincidencia de intereses del PSOE y del PP en recolocar sus piezas del Constitucional es lo que ha favorecido que se anunciara como un consenso exprés lo que en realidad estaba ya cocinado desde hace tiempo.

Además de ajustes en sus piezas dentro del Constitucional, la operación ha permitido a los dos partidos lavarse la imagen y escenificar una voluntad de acuerdo y de disposición al diálogo que, en privado, se sigue observando con el mismo escepticismo en los dos lados.

De hecho, aunque la presentación del acuerdo la envolvieron en una voluntad recíproca de avanzar también en el pacto sobre el Poder Judicial, o hay otros intercambios de por medio o el PP no puede modificar la posición a la que se ha atado, y que exige un compromiso no verbal, ejecutado, de reforma del sistema de elección del Poder Judicial, como recomienda Bruselas. Y el Gobierno no tiene margen para asumir ese compromiso por planteamiento ideológico propio, pero, sobre todo, el verdadero obstáculo es la oposición de sus socios a avanzar por esa dirección.

El pacto sobre el TC afecta a cuatro plazas, pero no altera el equilibrio entre progresistas y conservadores. Y desde la cuota conservadora apuntan «a los hilos» de esta negociación que no se ven. Al PP le viene bien empezar a «meter mano», explican, en la composición del TC porque proviene de la etapa de Mariano Rajoy y en algunas de las últimas decisiones no han encontrado el «feed back» que esperaban recibir. Desde el Alto Tribunal comentan el malestar de la dirección del PP con el presidente, Juan José González Rivas, una de las piezas caducadas que caen con el acuerdo, «por salirse del criterio del voto del bloque conservador». El magistrado Andrés Ollero, también incómodo para el PP, es otro de los que deja su plaza.

Para el PSOE, la urgencia venía del hecho de que la plaza de Fernando Valdés estaba desierta desde que se vio obligada a abandonarla al verse sometido a un proceso judicial por violencia de género. Las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional sólo han traído disgustos al Gobierno, sobre todo en lo que toca a la no validación de decisiones de la gestión de la pandemia como el primer estado de alarma o el cierre del Congreso.

El acuerdo del Gobierno con el PP, que ratificarán el Congreso y el Senado en un Pleno, previsiblemente la semana del 25 de octubre, ya ha abierto las primeras fisuras al Ejecutivo de Sánchez en la relación con alguno de sus socios.

El PNV expresó ayer su enfado con un pacto del que no tenía conocimiento, y que, en consecuencia, no apoyará en el Parlamento. No son necesarios sus escaños, pero es un elemento que añade más tensión a la relación con el Gobierno en un momento ya delicado por las divergencias en relación a la gestión de la crisis energética y el decreto contra las eléctricas.

Moncloa acompañó la presentación del pacto con el PP de la exigencia de que se avance ya en la renovación del Poder Judicial. Y en una jornada en la que se cuidaron los gestos de distensión, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, confirmó su voluntad de seguir hablando sobre esta renovación pendiente. «Pero hay que acercar más las posturas».

El «dos» del PP sí insistió en que su formación mantiene su condición de que hay que seguir avanzando hacia un CGPJ más independiente, y esto exige «garantías», en referencia al cambio legal que el PSOE rechaza.

En cualquier caso, la puesta en escena del pacto exigió que las dos partes moderaran sus críticas y reproches en relación al desacuerdo sobre la renovación del Poder Judicial. Ayer tocaba dejar la puerta abierta a un diálogo, que, al menos en sus respectivas versiones oficiales, sigue sometido a las mismas condiciones de uno y otro lado.

En esta vía de negociación entre las dos partes han sido claves los nombres del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y del secretario general del PP. Tras la remodelación del Gobierno de julio, Bolaños ha asumido el papel de interlocutor con socios y oposición dentro del nuevo reparto de funciones en el Ejecutivo de coalición y después de la salida del jefe de Gabinete, Iván Redondo.

Bolaños y García Egea mantenían abierta una línea de interlocución, que es por la que continuarán explorando la posibilidad de acercar posiciones en la renovación del Poder Judicial después de todos los intentos fallidos hasta ahora. Además de la reforma del sistema de elección de los vocales, la otra piedra es Podemos.

El PP insistió ayer en que el acuerdo alcanzado es entre PSOE y PP, y deja fuera a los morados. Los de Podemos subrayaron que era un acuerdo de Gobierno y PP, y que ellos forman parte del Gobierno. Y en la renovación del Poder Judicial la parte morada también ha insistido en reclamar su cuota, lo que, con Pablo Iglesias como vicepresidente, fue razón para que los populares rechazarán cerrar la negociación. La presión ahora la ejercerá la vicepresidenta, Yolanda Díaz, aunque su perfil político sea distinto al de Iglesias.

En este capítulo sobre las vacantes institucionales pendientes de renovación la dirección popular se ha apuntado un tanto al manejar los tiempos y los golpes de efecto de tal manera que ha parecido que dejaba descolocado al Gobierno. Así lo hizo ver el jefe del Ejecutivo durante la sesión de control del pasado miércoles.

Cuando Casado le ofreció cerrar el acuerdo, que un día después ha visto la luz, la primera reacción de Sánchez fue reprocharle al líder de la oposición que mantuviera bloqueado el Poder Judicial. Tuvo que ser después el ministro de la Presidencia el que rectificara el «tiro» y recondujera el «no» que Sánchez había dado inicialmente a entender desde la Tribuna parlamentaria a esa oferta de Casado de un acuerdo parcial.