¿El 11-M pudo ser calificado como delito de Lesa Humanidad?

AV11-M presenta un informe para evitar la prescripción de la masacre. Las víctimas se preguntan porqué no se optó por tipificar de esa forma los atentados

Bomberos, personal sanitario y policía en los vagones de la muerte tras el atentado terrorista perpetrado en la estación de Atocha el 11 de marzo de 2004.
Bomberos, personal sanitario y policía en los vagones de la muerte tras el atentado terrorista perpetrado en la estación de Atocha el 11 de marzo de 2004. FOTO: Bernardo Rodriguez EFE

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha iniciado en los últimos meses una campaña para evitar la prescripción de la masacre de los trenes de la muerte, el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor cometido en Europa en el que fallecieron 193 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas.

La asociación encargo un estudio académico que busca determinar, desde el punto de vista legal, si los hechos que ocurrieron el 11 de marzo de 2004 pudieran haber sido calificados como un delito de Lesa Humanidad, en lugar de terrorismo, como fueron tipificados. Aún la asociación no ha decidido si acudirán con esta propuesta a la Audiencia Nacional o al Tribunal de la Haya, pero no descartan ninguna vía e incluso sumar a otras asociaciones de víctimas que ya intentaron recorrer ese camino.

La presidenta de la asociación de ayuda a las víctimas del 11-M, Dori Majali, apuntó que el informe «responde al deseo de las víctimas de resolver incertidumbres. Hemos querido realizar un estudio objetivo y académico, conocer las conclusiones de una serie de expertos en la materia, sin intervención alguna en la orientación o resultados del informe, que nos sirva para valorar si hay posibilidades de evitar la prescripción de los delitos del 11-M».

En dicho informe los expertos concluyen que resulta «muy complicado» que se pueda modificar la calificación de los delitos ya juzgados del 11-M. Pero, a raíz de estas conclusiones, la Asociación se pregunta, «si aquellos hechos podrían haber sido juzgados como delitos de Lesa Humanidad: ¿por qué no se hizo?, ¿qué responsabilidades se pueden derivar de ello?».

Además, surge la duda sobre qué podría ocurrir respecto a los delitos no juzgados, aquellos sobre los que ni siquiera se llegó a iniciar fase de instrucción, como es el caso de los autores intelectuales de los atentados o aquellos investigados que, al encontrarse fuera de España, no ha sido posible que cumpliesen su pena.

Y es que, el terrorismo como tal no se encuentra incluido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya que no existió suficiente consenso durante la redacción del mismo en 1998 ni tampoco en la Conferencia de Revisión del Estatuto celebrada en Kampala en 2010. Suele atribuirse esa falta de consenso a los problemas de definición del terrorismo y a la voluntad de no interferir en los esfuerzos nacionales de lucha contra el terrorismo.

El objetivo principal de la asociación es resarcir a las víctimas mediante la dignidad, la justicia, el derecho a saber la verdad. De 26 condenados por los atentados al menos 17 ya están en libertad. En cárceles españoles fueron condenados 22 y cuatro en Marruecos. Será el año que viene cuando salga en libertad Antonio Toro –condenado por la trama asturiana de los explosivos–. También entre 2022-2023 saldrá a la calle Rachid Aglif, Mouhamed Bouharrat y Abelmajid Bouchar. El Haski ya salió de la cárcel pero se encuentra cumpliendo una condena que tenía pendiente en Marruecos.

El informe encargado por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y financiado por el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid, ha sido realizado por profesionales de la Universidad de Valencia, expertos en tipificación de delitos, dentro del Proyecto I+D «Derecho Penal de la peligrosidad: tutela penal de los derechos fundamentales».