El bloqueo del CGPJ puede prolongarse hasta las elecciones generales

Los negociadores confiesan en privado que el bloqueo puede enquistarse hasta que cambien las mayorías parlamentarias

Pedro Sánchez se fotografía con una militante en Murcia
Pedro Sánchez se fotografía con una militante en Murcia FOTO: Marcial Guillén EFE

La Constitución celebra hoy su 43 aniversario, prácticamente al mismo tiempo que el Poder Judicial cumple tres años de un profundo bloqueo institucional. No hay avances, y aunque hoy las dos partes, Gobierno y PP, vuelvan a escudarse en su disposición al acuerdo, y se crucen reproches, la realidad es que, salvo un giro de guion totalmente inesperado, hoy es mucho más verosímil la hipótesis de que este Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se mantenga bloqueado hasta que se celebren las próximas elecciones generales.

Ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba en una entrevista con este periódico que el mejor regalo que se le podía hacer a la Constitución era el acuerdo para renovar el Poder Judicial porque el órgano de gobierno de los jueces estaba en una situación «insoportable». Y así lo piensan en el ámbito judicial y así se lo han trasladado a los dos partidos que mantienen el bloqueo institucional desde hace tres años. El mandato de este CGPJ expiró el 4 de noviembre del 2018.

La imagen actual de las negociaciones la definen en el lado popular con la expresión de «punto muerto». Lleva así desde hace semanas, y en el Gobierno también reconocen que no hay avances. La ficticia ilusión que Gobierno y PP crearon cuando cerraron el pacto sobre el Tribunal Constitucional (TC) se diluyó en cuanto el reparto se blindó en el Congreso de los Diputados, y pasó la tormenta de críticas por el perfil de alguno de los candidatos elegidos.

Pacto coyuntural

También es cierto que la campaña de sectores de la derecha y de la izquierda contra el acuerdo, y la inclusión del magistrado Enrique Arnaldo, se disipó igualmente en cuanto el Parlamento ratificó la renovación del Alto Tribunal. Al final, los hechos confirman que aquello fue un pacto coyuntural, que venía bien a las dos partes por razones que afectaban a sus particulares intereses en el cambio en la composición del Constitucional, y para intentar una operación de lavado de imagen, por supuesto. Pero esa sorprendente disposición al consenso, y con los antecedentes acumulados en la negociación, tenía poco margen de desarrollo en lo que tocaba al Poder Judicial.

El PP dice que la situación sigue encallada, con serias perspectivas de que se mantenga así hasta que cambie el reparto parlamentario, es decir, hasta que haya elecciones. «Sánchez cede con Bildu y Esquerra, pero no lo hace con el PP» porque no acepta reformas legales para garantizar la independencia del Poder Judicial, sale de Génova.

La negociación ha ido tropezando con las condiciones que ha puesto el principal partido de la oposición en el camino. Desde la «piedra» de Podemos, y el veto a la participación del hoy ex vicepresidente Pablo Iglesias en el reparto, hasta la exigencia actual de que el acuerdo vaya acompañado de un compromiso firme, certificado en el Congreso, de modificación del sistema de elección de los jueces. El PP se ampara en la posición europea, aunque Bruselas no obligue a que la renovación pendiente, que debe hacerse conforme a las reglas vigentes, vaya ligada intrínsecamente a la reforma de la actual ley que rige la elección de los vocales por considerar que politiza el Poder Judicial.

Reforma de la Ley vs cumplir la actual

El PP exige al Gobierno una reforma de la ley para que sean los jueces quienes elijan a los jueces sin pasar por el Parlamento. Mientras que los socialistas defienden que se tiene que cumplir la actual ley, a lo que no se opone el PP, siempre y cuando Sánchez asuma en el Parlamento el compromiso de modificar la legislación. Bien con una iniciativa conjunta con el PP, bien a iniciativa del Grupo Socialista.

Todas las asociaciones judiciales defienden la necesidad de una modificación de la norma para corregir la imagen de politización de la Justicia, tal y como demanda también Europa. Pero no todas coinciden respecto al momento en el que debe afrontarse esa modificación legislativa. Las progresistas avalan que se cumpla con el mandato constitucional y se proceda a la renovación, y que con el órgano renovado se revise la Ley del Poder Judicial.

Pero, realmente, si se quita todo el ruido que acompaña a esta confrontación es difícil de entender que no haya acuerdo, salvo que lo que pese de verdad sean las consecuencias que podría tener para la estabilidad del Gobierno el hecho de que el PSOE rompa esa mayoría de investidura para cerrar un pacto con el principal partido de la oposición, que los obligaría a votar juntos en el Parlamento la citada reforma legislativa.

El Poder Judicial ha hecho público su malestar con la situación actual. Y el Tribunal Supremo ha advertido de que la renovación de las plazas empeorará gravemente el atasco en la redacción de sentencias, entre otros problemas. En el órgano de gobierno de los jueces quieren aferrarse a la esperanza de que el nuevo curso arranque con un pacto que desbloquee la renovación y su funcionamiento. Si se hurga en la «cocina» del Gobierno y del PP, las posibilidades son prácticamente nulas. Aunque no den por roto el diálogo y ninguno de los actores quiera asumir la responsabilidad en el fracaso de las conversaciones. El Gobierno tiene que rendir cuentas con sus socios, y, el PP, a su derecha, con Vox. Esto les recorta el margen de cesión, como también lo ha recortado la polémica que ya acompañó al pacto que Ejecutivo y Génova sellaron sobre el Tribunal Constitucional.