La precuela del «caso Canet»: «Me dijeron en el colegio que no existían los libros en castellano»

El «caso Canet» ha puesto de nuevo en primera línea del debate público el infierno por el que pasan muchas familias en Cataluña cuando piden que, como marca la ley, sus hijos puedan estudiar en castellano en los colegios. El famoso 25% de horas lectivas que se exige en todos los centros públicos es en realidad un anhelo de muchos que casi nunca se cumple.

El drama que ha vivido la familia de Canet de Mar es uno más en la lista de afectados que desde hace años se han visto señalados por pedir una enseñanza bilingüe. La mayoría de estas familias que decide dar el paso no pide en ningún momento que se elimine el catalán de la escuela, sino que ambas lenguas convivan en el sistema educativo, algo que a los independentistas no parece agradarles.

Hablamos con Agustín Fernández, quien vivió una situación exacta a la que ahora atraviesan los de Canet. Podría decirse que es una de las «precuelas» de este sinsentido en el que los peor parados siempre son los menores. Agustín nos atiende en Mataró, donde reside. Su caso se remonta a 2015 cuando entonces sus dos hijos tenían 9 y 10 años y estaban matriculados en la Escuela Pía Santa Anna de esta ciudad costera de la provincia de Barcelona.

«No se cumplían las horas de castellano que marca la ley, así que decidí ponerme en contacto con la dirección del centro para que me explicaran los motivos. No me hacían ni caso, me daban largas. En 2010, el Tribunal Constitucional había dictado que el castellano debía ser vehicular en las zonas bilingües españolas, así que, basándome en esa sentencia, solicité al colegio a través de un escrito que así fuera», relata hoy con la serenidad que aporta el paso del tiempo.

¿Quién filtro las identidades?

Recuerda que sus dos pequeños tan solo recibían la asignatura de castellano en dicho idioma, «el resto era todo en catalán». «Así que, después de varios escritos y ninguna respuesta por parte del colegio, decidí iniciar un proceso contencioso administrativo. Pedí que fuera un 50% de enseñanza bilingüe y el Tribunal Superior de Cataluña me concedió el 25%. Recuerdo que fue el 11 de mayo porque en esa ocasión me llamó el director para decirme que había salido la resolución y que tenían que aplicarlo. Me comentó si yo estaba seguro realmente de querer seguir adelante», relata.

Fue en ese momento cuando comenzó la «persecución» de los independentistas que sacaron toda la artillería pesada. «No fue fácil dar el paso, porque los que realmente lo sufren son los niños que no entienden por qué se les señala, se les hace el vacío o se les deja de invitar a los cumpleaños. A mi mujer la sacaron del grupo de WhatsApp de padres. Utilizan a los niños como rehenes de su ideología y eso no es justo ni legal».

El día siguiente a aquella comunicación con el director se filtró la resolución del Tribunal Superior, así como la identidad de los dos menores cuyos padres habían solicitado el castellano en la escuela: «Vinieron a casa llorando por las cosas que les habían dicho en clase. Fue muy duro. Es más, al día siguiente, como ha ocurrido en el caso de Canet, organizaron una concentración de más de 2.000 personas a las puertas del colegio al que asistieron partidos independentistas, así como profesores, otros padres, activistas... montaron mucho jaleo. Decían que no podían permitir que se aplicase lo que había dicho el tribunal porque era una humillación. Imagínate cómo me sentía yo al tener que dejar a mis hijos en un colegio con unos profesores que tenían una posición tan marcada. Se pasa muy mal».

De hecho, a la familia de Agustín les ofrecieron escolta de los mossos para ir a la escuela y evitar el linchamiento. «Acudí a varias reuniones con el centro para velar por la seguridad de mis hijos, tenía miedo de que les pudiera pasar algo. En una de las ocasiones, desde el colegio me dijeron que estuviera tranquilo, que dentro del centro no les iba a ocurrir nada, pero que fuera no podía asegurarme nada. Imagínate cómo se te queda el cuerpo con esa afirmación».

La situación no fue a mejor. Recuerda que uno de sus hijos le comentó que en el colegio le indicaban que hablase en catalán con otros niños, no en castellano. «Me reuní con la profesora para pedirle explicaciones y me dijo que había sido un mal entendido. Los niños necesitan sentirse parte del grupo y cuando son excluidos o señalados lo pasan mal. Por este motivo hay muchos padres que, aunque desean que en la escuela se estudie tanto castellano como catalán, evitan entrar en polémicas y recurrir a la Justicia por el bien de sus hijos, para que no queden marcados y se les aísle. Si no hubiera estas consecuencias, habría muchas más familias que levantarían la voz. Estoy seguro».

Invitación para irse del colegio

Semanas después de la resolución del tribunal, pero con la polémica todavía candente, Agustín fue de nuevo convocado a una reunión en el centro: «En esta ocasión se nos invitó directamente a largarnos. Literalmente nos dijeron que si queríamos castellano que pagáramos un centro privado. Y lo que ya colmó nuestra paciencia fue cuando nos aseguraron que si no tenían más remedio darían esas horas que exige la ley en castellano, pero que los libros seguirían estando en catalán, porque no hay libros en castellano. En ese momento me di por vencido», relata con pesar.

Así que aguantó dos meses a que el curso terminara y decidió sacar a sus hijos del centro. «Los llevé a uno privado, de hecho, trilingüe, con castellano, catalán e inglés. El colegio es muy bueno, pero también requiere una inversión muy alta, unos 15.000 euros por niño al año. No es justo que, teniendo una escuela pública, tengamos que llevarnos a nuestros hijos a la privada por este asunto», critica.

El cambio de colegio fue positivo para sus hijos, «pero al principio lo pasaron mal, perdieron a sus amigos, aunque creo que a la larga todos nos dimos cuenta de que el cambio había sido por su propio bien. Las conversaciones que yo escuchaba de los padres cuando iba a buscarlos, los comentarios hirientes que recibían en el colegio... era muy duro. A mí me rayaron el coche en varias ocasiones. A la cara no me decían nada, solo cuando iban en manada. Quieren erradicar todo lo que huela a español y, eso, pedagógicamente, no tiene ningún sentido, están podridos. Lo que me da rabia es que como siempre, ellos salieron ganando».

Ahora sus hijos, ya adolescentes, estudian en el extranjero y tienen una carrera prometedora. Mientras, Agustín continúa con su lucha desde Mataró. De hecho, esta misma semana ha interpuesto un recurso en la audiencia provincial por coacciones: «Llevo más de 10.000 euros invertidos en abogados. Denuncié al director y a la pedagoga del centro por las coacciones que sufrí durante el proceso. Además, no fue sencillo encontrar abogado en Mataró porque la gente tiene miedo de que se les señale y les afecte a su trabajo. Está todo muy viciado. Tuve que contratar uno en Barcelona para llevar a cabo el proceso».

Con todo esto, lo que Agustín, de 58 años, pretende, es que ningún otro niño tenga que vivir lo que padecieron sus hijos: «Confío en que lo conseguiremos, aunque sé que el camino no es sencillo. Yo seguiré hasta donde haga falta, no podrán conmigo».