Audiencia Nacional

El tribunal decidirá si reabre «Kitchen» después de apartar al exministro Campos

En el próximo pleno se resolverá que el anterior responsable de Justicia no participe en la respuesta a los recursos y se espera que haya veredicto antes de primavera

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se coloca la mascarilla en una sesión de control al Gobierno, a 16 de junio de 2021.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se coloca la mascarilla en una sesión de control al Gobierno, a 16 de junio de 2021.EUROPA PRESS/E. Parra. POOLEuropa Press

El pleno de laSala de lo Penal de la Audiencia Nacional al completo decidirá si el exministro de Justicia Juan Carlos Campo se aparta definitivamente de todos los recursos del«caso Kitchen» que los magistrados tienen sobre su mesa. Esto se concluirá en el próximo pleno, según indican fuentes judiciales, y a partir de ahí empezará a contar la cuenta atrás para que haya un veredicto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de casi todos los demás recurrentes sobre reabrir la causa. El presidente de esta Sala, Alfonso Guevara, no quiere que la respuesta se alargue más allá de primavera, aclaran estas fuentes a LA RAZÓN.

En una providencia firmada por Guevara el pasado 20 de enero se indica que a Juan Carlos Campo le tocaba resolver algunos de estos recursos, pero que como éste ha presentado un escrito de abstención, debe decidir el Pleno sobre si dejarlo fuera y «con su resultado se acordará». Las fuentes consultadas indican que se trata de una abstención «de libro», es decir, una persona que formó parte del Gobierno hasta hace escasos meses no puede participar sobre decisiones que afectan a otros ministros de gobiernos anteriores porque esto podría generar dudas sobre su imparcialidad. En esta línea ya la Sala de lo Penal, en un anterior escrito de la magistrada Concepción Espejel, dio el visto bueno a la intención del exministro de apartarse.

El Tribunal admitió a trámite un recurso de queja que interpuso el antiguo responsable de Interior Jorge Fernández Díaz, como informó este periódico porque la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy clara en este sentido: «los jueces y magistrados, y los funcionarios de otros cuerpos, que reingresen en la Carrera correspondiente deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público».

Una vez se haya resuelto este fleco, la intención del presidente de la Sala es no demorar más la resolución sobre si se debe seguir indagándose en el uso de funcionarios del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información sensible. Las fuentes consultadas ponen incluso como límite temporal los meses de marzo o, como mucho, abril para tener un veredicto.

La idea es resolver todos los recursos en una única decisión y no contestar uno a uno ya que, prácticamente la totalidad de los investigados así como la Fiscalía Anticorrupción han remitido textos en desacuerdo con que el juez instructor Manuel García Castellón haya dado ‘carpetazo’ a las pesquisas. Será la Sección Tercera la que se pronuncie y, además de Guevara, está compuesta por las magistradas Carolina Rius y Ana María Rubio.

Los problemas informáticos en la Audiencia Nacional han paralizado durante meses decenas de recursos en diferentes causas, como la del histórico narcotraficante Sito Miñanco, pero también en esta derivada del «macrocaso Tándem». Unos fallos en el programa de Justicia Minerva que se dieron por solventados el pasado 12 de enero y, desde entonces, los magistrados trabajan ya en dar salida a todo el papel atrasado.

Qué queda por resolver

La decisión que tome la Sala de lo Penal no es valadí en cualquiera de los sentidos que se haga. El Tribunal decidirá si confirma el paso del juez instructor de sentar en el banquillo a toda la cúpula de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy entre ellos, y además de al comisario José Manuel Villarejo -tradicional en esta causa-, al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y a los ex responsables policiales José Luis Olivera, que fue jefe de la UDEF; Marcelino Martín Blas de Asuntos Internos; José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, así como al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

O, si por el contrario, acoge los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que en un durísimo escrito contra García Castellón creen que todavía quedan muchas diligencias por practicar. Si la Sala decidiera reiniciar «Kitchen» podría procesar nuevamente a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López del Hierro a quienes el juez imputó, pero los dejó fuera de cara al juicio.

El instructor considera que existió una trama parapolicial dirigida desde el Ministerio del Interior entonces, pero no cree que esto se extendiera a todo el partido popular y, por eso, no llevó a Cospedal al banquillo. Sin embargo, ni el Ministerio Público ni muchos de los recurrentes están de acuerdo con este análisis y creen necesario indagar más para llegar a conclusiones más certeras. Por ejemplo, abundar en una de las últimas acusaciones de Villarejo: que el expresidente Mariano Rajoy estaba al tanto. La Fiscalía acordó unas diligencias encomendadas a saber si un móvil con el que se mensajeaba el comisario era de Rajoy, pero el juez no dio más credibilidad a este hecho. Ahora el Tribunal decidirá cómo se debe armar el resto de la causa.