La Fiscalía insiste: ve indicios contra Cospedal por el espionaje a Bárcenas

Reclama a la Audiencia Nacional que revoque la decisión de archivar la investigación respecto a la ex secretaria general del PP y su marido

Cospedal declaró el pasado junio como investigada en la Audiencia Nacional (en la imagen tras comparecer ante el juez) por el "caso Kitchen"
Cospedal declaró el pasado junio como investigada en la Audiencia Nacional (en la imagen tras comparecer ante el juez) por el "caso Kitchen" FOTO: A. Pérez Meca Europa Press

Anticorrupción no ceja en su empeño de que la Audiencia Nacional continúe investigando la «operación Kitchen». La Fiscalía ha recurrido la decisión del juez Manuel García Castellón del pasado julio de dar por concluida la investigación, desestimando la pretensión de que se prorrogara otros seis meses, como defienden la propia Fiscalía, las acusaciones que ejercen PSOE y Podemos y algunos de los investigados, entre ellos el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el que fuera su número dos Francisco Martínez y el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

En su resolución, el instructor dejó fuera del procedimiento por falta de indicios tanto a la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Y al mismo tiempo, descartaba la existencia de una trama política en el supuesto espionaje a Bárcenas más allá del Ministerio del Interior.

Pero los fiscales del caso critican el «carácter manifiestamente extemporáneo» de esa decisión, al advertir «suficientes indicios de criminalidad» contra ambos «en este concreto momento procesal y a salvo de lo que resulte de las diligencias pendientes de practicar», según afirma en un comunicado Anticorrupción, que reclama que se revoque ese sobreseimiento.

El juez vio “inútiles” las diligencias propuestas

El juez García Castellón fue contundente al descartar la prolongación de la investigación seis meses más y calificó incluso de «inútiles» e «impertinentes» las diligencias propuestas por la Fiscalía. «La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito», reprochó a las acusaciones para dejar clara su postura respecto a una hipotética investigación prospectiva.

Una rotundidad que no ha impedido a la Fiscalía recurrir en apelación esa conclusión de las diligencias, que considera prematura –tal y como adelantó El País– ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Entre las líneas de investigación que Anticorrupción considera imprescindibles para prolongar la instrucción figuran nuevos interrogatorios, entre otros el del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó -cuya comparecencia como investigado solicita a la Audiencia- y del ex comisario Enrique García Castaño. Asimismo, los fiscales del caso pretenden que el juez reclame a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía un informe sobre el supuesto pago con fondos reservados «a otros colaboradores captados en el curso de la operación Kitchen», el presunto espionaje a Bárcenas entre 2013 y 2015 que habría estado auspiciado por Interior para sustraer al ex tesorero documentos comprometedores para el PP.

El rastro del móvil que Bárcenas atribuye a Rajoy

Anticorrupción también quiere esclarecer si el teléfono que Bárcenas atribuye a Rajoy perteneció al ex presidente del Gobierno o a otro alto cargo del PP.

Para la Fiscalía, la instrucción se ha cerrado “precipitadamente, sin esperar al resultado de diligencias de investigación relevantes para su esclarecimiento, ya acordadas por el instructor y no practicadas aún”. Y al mismo tiempo Anticorrupción carga contra “la caótica situación procesal que se ha creado al acumular en una misma resolución judicial decisiones que en sí mismas pueden ser objeto de recurso”, algo que consideran vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, “al finalizar la instrucción sin que hayan alcanzado firmeza los previos pronunciamientos sobre la denegación de pruebas”.

Según García Castellón, Fernández Díaz –que también ha recurrido la decisión judicial– «con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud» instó entre 2012 y 2013 a Francisco Martínez a poner en marcha «una misión encaminada a la obtención de información y documentación» en poder de Bárcenas.