Castilla y León, objetivo de etarras beneficiados por las medidas del Gobierno para los reclusos

El secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el más largo de la siniestra historia de ETA hasta que fue rescatado por la Guardia Civil; tres asesinatos, dos de los cuales no han sido esclarecidos por falta de colaboración de los miembros de la banda criminal; numerosos coches bomba, uno de los cuales, el colocado contra la Comandancia de Burgos, estuvo a punto de causar una matanza (la furgoneta estaba cargada con 700 kilos de explosivo). Castilla y León, que el domingo celebra elecciones, ha sido objetivo permanente de ETA por su cercanía con el País Vasco y la facilidad de los “comandos” para trasladarse a esta Comunidad. Hoy, sus ciudadanos asisten, como el resto de los españoles, entre indignados y perplejos, a los beneficios que se conceden a los pistoleros que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez concede a los etarras que cometieron atentados en este territorio.

El 22 de diciembre de 1995, era asesinado en León el comandante de Artillería Luciano Cortizo Alonso, de 44 años y padre de dos hijos, una de las cuales le acompañaba en el coche en el que la banda había colocado una bomba-lapa; resultó herida de gravedad. Hay dos etarras condenados por este crimen: Soledad Iparraguirre, “Anboto”, por ordenarlo; y Sergio Polo, por cometerlo. Ambos se encuentran en la cárcel de Zaballa, en Álava, dentro del plan de beneficios penitenciarios acordado por el Gobierno socialista con el entramado proetarra.

En el informe de la Guardia Civil, de marzo del año pasado y conocido estos días, en el que se reflejan estos acuerdos, se da una gran importancia a Soledad Iparraguirre, que, tras pasar por varios “comandos”, llegó a ser responsable de las células “legales” (no fichados) de ETA y del “aparato económico. Según dicho “informe” existía una campaña llamada “Marixol etxera” (“Marisol a casa”), lo que, evidentemente, han logrado, ya que se encuentra en el País Vasco fruto de esos acuerdos.

Los proetarras, según recoge el informe, la presentan como “víctima” de las Euro-órdenes de detención y extradición emitidas contra ella por la Audiencia Nacional, indicando que se basan en “dosieres basados en declaraciones extraídas de la tortura en cárceles de policía y Guardia Civil y en pruebas construidas por los servicios policiales”.

No se conocen los autores de los otros dos asesinatos, el del policía Valentín Godoy, de tiro en la cabeza en La Puebla de Arganzón, en junio de 1977; y el del coronel de Caballería Antonio Heredero, en Salamanca, el 2 de septiembre de 1992, en cuyo automóvil los terroristas habían adosado una bomba lapa. Y no se sabe, porque los terroristas no lo quieren decir.

Camino del País Vasco van ya los miembros del “comando Otazua” que cometieron el citado atentado contra la Guardia Civil en Burgos. La Audiencia Nacional les condenó a 3.860 años de cárcel. Se trata de Daniel Pastor (del que el mundo proetarra no se preocupa por ser disidente), Iñigo Zapirain y Beatriz Etxeberria, que ya están en Cantabria.

Ha habido otra acciones criminales, entre ellas la perpetrada el 17 de agosto de 1990 contra Comisaría de Policía de Burgos dejando más de 50 personas heridas leves. Por este atentado fue juzgado Juan Carlos Iglesias, “Gadafi”.

El 3 de junio de 1992, ETA intentó volar el cuartel de la Guardia Civil de Lerma. No hubo víctimas aunque sí daños materiales.

El 10 de noviembre de 1995, Juan José Aliste, capitán de Infantería (ya fallecido) sufrió un atentado con una bomba adosada en su coche en Salamanca donde perdió sus dos piernas. Sergio Polo fue imputado por este crimen.

El 16 de julio de 2000, ETA hizo explotar un coche bomba junto a la Casa Cuartel de Ágreda, en Soria. Llevaba un artefacto conocido como Jotasu para lanzar bombonas cargadas de explosivo a cierta distancia.

El 6 de diciembre de 2004, día en que se celebraba el 26 aniversario de la aprobación de Constitución española, la banda colocó bombasen las ciudades de Ávila, León y Valladolid

En septiembre de 2005, el objetivo fue el polígono industrial Vicolozano, cerca de Ávila, que causó importantes daños materiales.

De los 857 asesinatos cometidos por ETA entre 1960 y 2009, según se recoge en el libro “Vidas rotas”, 138 eran naturales de Castilla y León, lo que supone el 16,1%. La última víctima castellano leonesa fue el guardia civil burgalés Carlos Sáenz de Tejada García, asesinado en Calvia (Mallorca) el 30 de julio de 2009. Tampoco se sabe quién o quiénes fueron los asaesinos del agente y de su compañero Diego Salva.

De esta Comunidad eran los dos guardias civiles asesinados en Capbreton, Francia, Raúl Centeno y Fernando Trapero.

Por cierto, que los autores del secuestro de Ortega Lara se encuentran ya en libertad.