Un divorcio de mutuo acuerdo, una orden de desalojo de okupas o un despido sencillo; todas estas resoluciones puede ponerlas una máquina de forma automática y, aunque parece un horizonte lejano, quizás, no lo sea tanto. Un grupo de trabajo formado por seis jueces y dos ingenieros, bajo el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), trabaja ya en la elaboración de un catálogo de herramientas de inteligencia artificial que puedan aplicarse a la Justicia en España. Una suerte de «carta de los reyes magos», según sus propios creadores, que sentará las bases de lo que puede ser el futuro de los juzgados españoles.

La idea del «papel cero» lleva muchos años sobre la mesa de los distintos ministros de Justicia, pero lo cierto -preguntando a todos los operadores judiciales- es que es todavía una realidad lejana. La pandemia, como en muchos otros ámbitos, ha agilizado procesos de digitalización que llevaban años a trancas y barrancas y ahora el CGPJ no quiere perder este impulso de llevar hasta el extremo la implantación de herramientas digitales que faciliten el trabajo de los funcionarios.

En este marco, el servicio de formación del Poder Judicial ha creado un grupo bajo el nombre «Tecnología, Inteligencia artificial y administración de justicia» que se ha reunido este mes por primera vez, pero que se espere que trabaje aproximadamente hasta verano en la confección de este catálogo. El objetivo, según fuentes del CGPJ, es investigar la aplicación del blockchain para «algoritmizar y automatizar tareas y decisiones judiciales». Liderándolo está el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y con él un grupo de magistrados escogidos de diferentes jurisdicciones y con perfiles orientados a lo tecnológico para que cada cual aporte su visión sobre qué es necesario y útil.

Se trata de Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial; Carlota Cuatrecasas, jueza de instrucción en Martorell; Nieves Buisán, magistrada de la sección de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que revisa los desfases de la Agencia de Protección de Datos; Javier Ercilla, juez de lo Social en Las Palmas; Cristina Sanz, jueza de primera instancia de Madrid. Además, colaboran dos ingenieros para la parte más técnica.

¿Y qué van a hacer con todo esto? La idea puede sonar fantasiosa: jueces robots, sentencias automáticas o asistentes como siri que ayuden a los investigadores a destripar los sumarios. LA RAZÓN ha consultado a los responsables de esta iniciativa y explican que todo esto es posible. Por ejemplo, con sentencias de divorcios de mutuo acuerdo: las dos personas están de acuerdo, rellenan un formulario y la máquina compone el papel necesario para que el divorcio se produzca. Fin del problema. Y todo sin pasar por manos humanas. Se trataría de segmentar por tipos los miles de demandas que se presentan (cláusulas suelo, cláusulas de gasto, multidivisa) y aplicar la tecnología para resolverlas.

Esto puede generar muchas reticencias entre los ciudadanos, pero el grupo también está preparado para esto. Por eso, investigan herramientas de análisis de riesgos que sean capaces de identificar los errores que las propias máquinas puedan cometer. Asimismo, un juez podrá evaluar, por ejemplo, el riesgo de fuga de un investigado. Y sobre esos parámetros (edad de la persona, vínculos en el país, antecedentes, etc) la herramienta dirá si se debe o no enviar a prisión provisional.

La inteligencia artificial analiza en nanosegundos lo que una cabeza humana no puede leer ni en una semana y eso hay que aprovecharlo, explican los responsables. Así, si un juez llega nuevo a la Audiencia Nacional donde cada macrocausa puede tener miles de folios podría utilizar una herramienta digital que le indique si, por ejemplo, es una caso de blanqueo de capitales qué diligencias se han practicado ya y cuáles se más se suelen hacer en estos casos. Algo así como una guía sobre por dónde debe seguir instruyendo sin que tenga que pasar meses enfrascado en papel para ponerse al día.

Dentro de los bloques del proyecto también está la creación de una oficina judicial más automatizada para mejorar el acceso de los ciudadanos con herramientas ‘ad-intra’ -que faciliten la labor de los propios trabajadores- y ‘ad-extra’ para echarle una mano a los abogados, por ejemplo.

Y no todo será de color de rosa para los magistrados. También estas tecnologías ayudarán a un mayor control de su trabajo. La inspección de los jueces podrá estar mucho más monitorizada en función de las sentencias que pongan, el número de auto, los asuntos, etc. E, incluso, se podrá saber con exactitud qué juzgados tienen más carga de trabajo. Un dato de oro para que el Ministerio de Justicia analice la carga de trabajo y cree los órganos allí donde realmente son más necesarios.

Todo este inventario será, por el momento, simplemente eso, un listado. La parte económica debe pasar el filtro de la política y eso ya es un asunto a resolver más adelante. Pero, al menos, los responsables explican lo interesante que será tener ya este primer documento sobre el que reclamar parte del dinero de los Fondos Europeos para digitalizar la Justicia.