España a la cola de la UE en Justicia: 362 días de media para resolver un asunto

Al pensar en la Justicia española, normalmente la mente endosa de forma automática el adjetivo «lenta». Un calificativo que ningún operador jurídico es capaz de negar y que no por ello deja de preocuparles, pero todos coinciden en que quien verdaderamente tiene la llave del cambio, el Gobierno, no lo marca como asunto prioritario. Ni este ni ningún Ejecutivo anterior. Y así, la crisis de 2008 se junta con las cláusulas suelos, después con el Covid y los contratiempos no dan tregua, mientras los jueces ponen sentencias a destajo sin evitar el colapso. Los consultados en este reportaje señalan dos motivos en la raíz del problema: la elevada litigiosidad en España y la falta de magistrados y fiscales.

«Esto es un barco que se hunde y solo llegamos a achicar agua», dice el juez Alfonso Peralta. Su destino es un pequeño juzgado de primera instancia e instrucción en Roquetas (Almería), donde hay 6 jueces para una población de 100.000 habitantes censados, «aunque por la cantidad de inmigrantes se cree que hay otro tercio más sin censar», aclara. Es decir, allí ni siquiera llegan al ratio medio español de 11,5 jueces por ese número de habitantes, que ya de por sí es inferior a la media europea de 20,7. «Este año llegaremos [en su juzgado] a unos 1.200 asuntos de entrada y resolveremos en torno a 340», expone desilusionado. «Yo señalaba antes juicios a tres meses y ahora estoy abriendo agenda para septiembre de 2022».

En esa localidad, que sirve de muestra de otros muchos lugares en España, había otro juez de refuerzo, pero lo enviaron a un juzgado de lo Social porque esta jurisdicción es una de las más saturadas y los juicios se están llevando a 2025 y 2026. El año pasado fue extraordinario dentro de la Justicia porque el confinamiento mantuvo a los ciudadanos en casa casi la mitad del año. Por eso, los datos muestran un descenso en casi todos los indicadores (número de asuntos que han entrado en los juzgados, número de sentencias puestas…), pero aunque del 2021 todavía no hay datos totales, las alarmas ya están activadas.

«El verdadero problema son los despidos, con una problemática ya heredada de la crisis de 2008, y dentro del plan Covid se prevé que afecte a los contenciosos. Y a partir de ahí, el asunto de siempre: todos los pleitos son urgentes para el ciudadano que los tiene», señala Ignacio Picatoste, presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña. Allí, en Galicia la situación no es tan límite, dice, pero si no lo es precisamente es gracias al trabajo ingente que sacan los magistrados. «Estamos trabajando en un porcentaje del 90% por encima de la resolución de los baremos correspondientes», explica a LA RAZÓN.

Los miembros de la carrera judicial reciben un porcentaje de su retribución en función del número de sentencias que ponen. «La fórmula sale sola: muchos pleitos y pocos jueces igual a retraso y sobrecarga de trabajo», destaca el magistrado Fernando Portillo, que es portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente. Y tanto trabajo atrasado amenaza a la calidad: «si yo tengo un mes para sacar unas poquitas sentencias, esta será pensada y motivada. Las probabilidades de que el trabajo sea menos fino y de brocha gorda ahora son mayores».

Que haya diferencias entre el juzgado de Almería que regenta Peralta y los tribunales provinciales en Galicia que dirige Picatoste, no es casualidad. La carga de trabajo es muy desigual en toda España donde hay 13 justicias diferentes, 12 por cada Comunidad Autónoma y otra por el resto de ellas que todavía pertenecen al territorio Ministerio de Justicia. Los sistemas informáticos son diferentes entre sí y el presupuesto tampoco es equiparable. Y para muestra un botón. «En el caso de Mallorca [una de las Comunidades que pertenece a Justicia] tenemos autorizada la creación de un juzgado, pero no podemos llevarlo a ejecución porque el Ministerio no quiere gastarse el dinero para alquilar un edificio porque el suelo es muy caro», cuenta Alejandro Gómez Mariscal de Gante, juez de lo Contencioso en Palma.

El presupuesto en justicia por habitante en euros por habitante supone un 49,9 en Navarra y un 85,5 en El País Vasco, por ejemplo, según contempla el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero estos datos tampoco son homogéneos porque en Euskadi se integran dentro de este dinero las subvenciones a las familias de las víctimas de terrorismo, mientras que en Andalucía entran las ayudas a los asuntos relacionados con la Memoria Histórica. Todo esto compone un puzle totalmente heterogéneo que hace muy complicado tener una visión detallada de cómo es la inversión en toda España.

La cartera que dirige Pilar Llop no es ajena a esta situación de taponamiento y, por ejemplo, a finales del mes de noviembre el Consejo de Ministros aprobó la creación de 56 nuevas unidades judiciales en los territorios más colapsados como Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Madrid o Navarra. La cuestión es que, según jueces como la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, esto solo son parches. «El 31 de diciembre entran en funcionamiento dos juzgados de los Social [en Madrid donde ella es la decana], cuando ahora mismo hay 45 y de esos, más de 35 están reforzados por la carga de trabajo que tienen», puntualiza.

Todos ponen el foco en que la solución pasa por más personal, pero no de cualquier manera. «Nadie planifica nada. No se está calculando, por ejemplo, cuántos funcionarios se van a jubilar. Se van creando en función de lo que en cada momento va pareciendo oportuno», dice el presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero. Según datos obtenidos a través del CGPJ el 78,7% de los magistrados tiene más de 41 años, por lo que en algo más de 20 años el recambio se complicaría si no se hace una planificación pensada de la situación y desglosada por territorios.

También el número de jueces por territorio es irregular: 9,9 magistrados por 100.000 habitantes en Castilla-La Mancha siendo la autonomía con el peor dato y 15,3 en Asturias, siendo la mejor. En la comparativa con Europa, según los datos de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), las diferencias son todavía más flagrantes. Países como Eslovenia o Croacia tienen más de 40 jueces por esa cantidad de ciudadanos, algo por debajo están Luxemburgo o Hungría con más de 30; y el umbral de los 20 lo superan Polonia, Alemania, Rumanía y Austria, por ejemplo. Y no solo de jueces, el ratio de fiscales es de 5,1 por cada 100.000 habitantes en España, mientras que en Europa son 11,3.

Si el Gobierno pretende acometer una profunda reforma como es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -cuyo grupo de trabajo se reunió por primera vez el pasado 3 de diciembre- que otorga la investigaciones al Ministerio Público, esto debe ir acompasado de un estudio pormenorizado de la plantilla para su adecuación, puntualizan todos los consultados.

«El problema de la Justicia no es el gasto. España no gasta poco en comparación con otros países de la Unión Europea», explica el magistrado Francisco Gutiérrez, autor de la tesis El Funcionamiento de la Justicia en relación con los medios personales y materiales. En este trabajo comparó el sistema vigente con el de otros territorios y concluyó que la clave está en el cómo invertir. Este año el Gobierno aprobó repartir más de 63 millones de euros entre las autonomías con competencias transferidas para proyectos de digitalización y ciberseguridad, entre otros, que son necesarios, según expone Gutiérrez, pero no es lo principal. «No hay ningún análisis del gasto. No se sabe qué se gasta ni hay un criterio», dice.

Y a todo este cóctel se le añade un último componente: la alta litigiosidad. Si se aparta el 2020 que incluyó un confinamiento de meses en el que los procesos judiciales estuvieron parados, en 2019 el ingreso de asuntos en los órganos ascendió un 4,8%; más de dos millones de asuntos en la jurisdicción civil (en 2020) y casi 3 millones en la penal. Los magistrados advierten de la necesidad de incrementar mecanismos que flexibilicen y agilicen la tramitación de los asuntos, pero, además intentar reformular leyes procesales para fomentar las herramientas de litigación antes de llegar a los tribunales. Hay muchos asuntos que deberían resolverse antes de llegar al juez.