El BOE da luz verde a la creación de una comisión de trabajo para la atención educativa de los niños refugiados ucranianos

La enorme crisis de refugiados como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania está obligando de toda Europa a tomar medidas excepciones. A la aplicación de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas que permite que quienes huyan de la guerra dispongan en menos de 24 horas de permiso de residencia y trabajo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la Orden EFP/218/2022, de 18 de marzo, por la que se crea la Comisión de Trabajo para la atención educativa de la población escolar procedente de Ucrania. No en vano, el perfil de refugiados que están llegando hasta nuestro país son principalmente, mujeres y niños, según ha podido comprobar LA RAZÓN.

El texto subraya que, “ante la situación de emergencia creada por el conflicto en Ucrania, se hace preciso adoptar medidas para la atención educativa de la población en edad escolar procedente de Ucrania”. Por ello, se “ha considerado necesario constituir un grupo de trabajo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional que permita, en coordinación con las autoridades competentes en materia educativa, la atención educativa de la población en edad escolar procedente de Ucrania, en coordinación y colaboración con las administraciones educativas, y sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a las comunidades autónomas”.

Este grupo de trabajo sobre el ámbito de la educación no universitaria y de la formación profesional, según se plasmó en el BOE, estará compuesto por distintos cargos del Ministerio de Educación y se mantendrá en funcionamiento “mientras duren los efectos derivados del conflicto en Ucrania”.

Entre sus funciones, señala el BOE, están favorecer el intercambio de información entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Administraciones educativas de las Comunidades autónomas; establecer cauces de intercambio de información y propuestas con otros departamentos ministeriales, en su caso; identificar necesidades que pudieran aconsejar modificaciones en la normativa o en la gestión de los recursos; analizar y proponer las medidas necesarias en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional y colaborar en la evaluación de las diferentes actuaciones.

Según señala, la constitución y funcionamiento de la Comisión de Trabajo “no supondrá incremento del gasto público” y “será atendida con los medios materiales, técnicos y personales existentes en el Ministerio de Educación y Formación Profesional”, concluye el texto.