La profesora de Universidad reconoce que hizo de primer enlace entre Medina y el Ayuntamiento

El juez Adolfo Carretero, a cargo del “caso mascarillas”, ha interrogado este lunes como testigo a la profesora de universidad María Díaz de la Cebosa para preguntar si fue quien puso en contacto a Luis Medina con el primo del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida.Ella ha defendido que sí, pero que no supo qué ocurrió más allá del mero trámite. Además, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción se han opuesto a retirarle el móvil para comprobar en qué términos se produjo esta contratación.

Díaz de la Cebosa tiene un doble vínculo con la causa, por un lado conoce a uno de los investigados, Medina, porque éste estudió en el centro privado, The College for International Studies (CIS), que ella dirige. Por otro, está al frente de la fundación Robert F. Kennedy Human Rights en España en cuyo equipo directivo está el abogado Carlos Martínez-Almeida como secretario no patrono. Cuando Medina en 2020 quiso “ayudar”, según sus propias palabras, para facilitar mascarillas, guantes y test Covid a organismos públicos que estaban desesperados, preguntó a Díaz de la Cebosa si sabía cómo podía hacerlo.

La profesora contactó con su compañero Carlos Martínez-Almeida y éste dijo que podía proporcionarle un correo genérico, según la versión que ha dado ella este lunes ante el juez. No fue en ese momento y de forma inmediata cuando él dio el mail, sino que le dijo que tenía que hacer sus gestiones y ahí ella se desentendió del asunto. Finalmente supo que el contrato se había llevado a buen término, pero por la prensa se enteró del ‘pelotazo’ de las comisiones. “Yo creo que es relevante destacar que el señor Martinez-Almeida le habría dicho que había un correo genérico pero no obstante que le llamara por teléfono”, señaló la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto.

El equipo jurídico de Más Madrid solicitó a Carretero que se analizara el móvil de la testigo para saber en qué términos se produjo esa comunicación por si, eventualmente, pudiera haber tráfico de influencias. El juez y el fiscal Luis Rodríguez Sol se han opuesto. “Resulta imprescindible totalmente saber las relaciones que se mantuvieron en esos momento cómo se proporcionó al señor Medina esos contactos y quienes invirtieron en esos contactos”, defendió a la salida del Juzgado la abogada Nuria Zapico.

Los bancos

Al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid también han acudido este lunes dos directores de los bancos de los comisionistas para esclarecer cómo llegó el dinero desde Malasia (la empresa del material sanitario tenía allí su sede) hasta la cuenta de ambos en la que terminaron más de 6 millones de dólares. Algo que hizo sospechar al Servicio de Prevención de Blanqueo (SEPBLAC), cuyos funcionarios remitieron informe a la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a la causa. Por cierto que el Ministerio Público ha rechazado entregar al Juzgado un segundo informe del SEPBLAC por estar expresamente prohibido en la ley.

El director de la entidad bancaria de Alberto Luceño sí reconoce que éste le aportó los justificantes de su relación comercial con Malasia. Luego él pasó la documentación al departamento de blanqueo de capitales y ya de ahí no sabe cómo llegó al SEPBLAC. Respecto a la directora del banco de Medina hay ciertos cambios porque dice que él no entregó los documentos de forma preventiva, sino una vez ella se lo requirió. Y Medina le advirtió de que cobraría más dinero, que finalmente no llegó.

Podemos, además, ha anunciado su intención de solicitar a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía que se asegure de que no se borren los correos electrónicos entre los comisionistas y los directores de la sucursal para poder conocer los metadatos. “Saber cuándo se enviaron y cuál era el contenido expreso”, señaló Jacinto.

El juez descarta imputar al primo de Almeida

Podemos y Más Madrid habían solicitado que Carlos Martínez-Almeida declarara como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. El juez lo descarta así: “este tipo delictivo precisa una considerable presión en la autoridad o funcionario, más allá de la mera recomendación o sugerencia”. Para el magistrado nada de esto consta en la causa salvo que el primo de Almeida “se limitó a proporcionar a Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado, que fue la que negoció y firmó en nombre de la Funeraria Municipal”.

En el escrito de Carretero explica que no consta que hubiera ninguna presión por parte del alcalde y, por tanto, mantiene a Carlos Martínez-Almedia como testigo y lo cita en el Juzgado el 12 de mayo.