El juez amplía la investigación del “caso Pegasus” al espionaje a Marlaska y Planas

Calama admite la petición de la Abogacía del Estado tras revelarse que en junio del pasado año también se accedió a los móviles de los ministros de Interior y Agricultura con el programa espía

Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, junto a la exministra Isabel Celaá
Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, junto a la exministra Isabel Celaá

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigará el espionaje a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Luis Planas, en junio del pasado año a través de “Pegasus”.

El magistrado que abrió diligencias, ante la existencia de indicios de un delito de revelación de secretos, por el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, accede así a la petición de ampliación de la denuncia efectuada por la Abogacía del Estado -personada en la causa como acusación particular en representación de los miembros del Gobierno espiados- en relación con la infección con la herramienta Pegasus de los dispositivos móviles utilizados por titulares de Interior y Agricultura.

Calama -que a petición de la Fiscalía acordó el secreto de las diligencias- toma esta decisión después que los Servicios Jurídicos del Estado informara a la Audiencia Nacional de que los dos teléfonos móviles sufrieron la infección en el mes de junio de 2021, tal y como puso de relieve en sendos informes el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI.

Fechas clave del “caso Ghali”

El espionaje al móvil de Sánchez se produjo el 19 de mayo de 2021, en plena oleada migratoria en Ceuta a consecuencia de la acogida española a Brahim Ghali a espaldas de Rabat, y el 31 de mayo de ese mismo año, cuando el juez de Zaragoza Rafael Lasala abrió diligencias previas para investigar una posible prevaricación y falsedad documental en la llegada del líder del Frente Polisario a nuestro país. Una investigación por la que sigue imputada a día de hoy la exministra de Exteriores Arancha González Laya.

En esas fechas, la decisión del Gobierno de conceder el indulto a los condenados del “procés” se encontraba además en su recta final.

En el auto en el que abrió diligencias, el juez Calama subrayaba que los accesos ilegítimos a la información contenida en un teléfono móvil afectan a un “espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad”.