El juez declara formalmente secreta la causa sobre Pegasus y ofrece personarse a Sánchez y Robles

El magistrado Calama protege por el plazo de un mes las sensibles diligencias para esclarecer quién está detrás del espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acaba de decretar el secreto de la investigación sobre el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. La Fiscalía había solicitado hace solo un día que se ocultaran las indagaciones por lo sensible de la materia, así como que se ofreciese a los afectados la personación en el procedimiento. El magistrado en un escrito de este mismo jueves accede a ambas peticiones y declara la causa reservada por el plazo, al menos, de un mes.

El objetivo es “prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación”, indica el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Analizar quién está detrás del spyware inyectado en los teléfonos de dos miembros del Gobierno es una tarea del todo complicada, incluso imposible indican algunas fuentes jurídicas, así que Calama busca evitar “interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar” las pesquisas. Además, a esto se añade que en el trascurso se puedan topar con información clasificada que pueda “comprometer gravemente la seguridad del Estado”. Y, de ser así, lo mejor es tenerla bajo llave.

A partir de aquí y por el plazo de un mes -si bien se pueden ir sucediendo prórrogas de forma indeterminada- solo él y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, conocerán sobre esta materia. Ni siquiera la Abogacía del Estado que fue quien interpuso la denuncia el pasado lunes para velar por los intereses de Sánchez y Robles podrá saber nada de lo que se dirima. Solo se sabrá cuando lo acuerde el juez que puede archivar la causa sin haber levantado el secreto nunca. El magistrado había señalado posibles delitos de revelación de secretos que, en principio, afectaban al Estado, pero el fiscal ha querido estirar al máximo las garantías del proceso y solicitó que Sánchez y Robles pudieran participar en el procedimiento de forma individual por si habían visto vulnerados sus derechos con el espionaje. Con la intención de salvaguardar cualquier duda, indican fuentes jurídicas, el juez accede y da la posibilidad al presidente y a la ministra de que participen independientemente de que la Abogacía del Estado siga estando representando al Gobierno.

Esta investigación judicial se conducirá en paralelo y de forma independiente a aquellas decisiones que adopte el propio Gobierno para aclarar la situación derivada del escándalo de espionaje a miembros del Ejecutivo y a líderes independentistas. En el escrito de apertura de la causa del propio Calama se conocieron los días exactos en los que Sánchez fue espiado: el 19 y el 31 de mayo de 2021. Es decir, escaso tiempo después de que se produjera una de las mayores crisis migratorias de Ceuta cuando llegaron desde Marruecos alrededor de 10.000 personas. Con el análisis que hizo el Centro Criptológico Nacional (CCN), que depende del CNI, del móvil de Robles no se consiguió una fecha exacta, pero se ubicó en un margen temporal parecido: junio de 2021.

Mientras tanto, el CCN continúa inspeccionando los teléfonos de otros miembros del Gobierno para esclarecer si también fueron infectados y cuándo lo hicieron. Por el momento, ha trascendido que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Justicia, Pilar Llop, ya lo han entregado, así como las tres vicepresidentas Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Teresa Ribera. La fuentes consultadas en uno de estos ministerios explican que será la Secretaría de Estado de Presidencia la que indique si finalmente Pegasus también se encontraba en estos terminales.