Delgado afronta nuevas designaciones sensibles tras la polvareda del Supremo

El regreso de Dolores Delgado a su despacho de la calle Fortuny está previsto, en principio y según fuentes fiscales, a partir del 27 de junio, después de este periodo de recuperación por una operación en la espalda. Los engranajes del Ministerio Público no han dejado de moverse desde que el pasado 20 de abril la intervinieran porque al frente y dando la cara ante las quejas por el retraso en la convocatoria del Consejo Fiscal ha estado la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Los nueve miembros resultantes de las últimas elecciones a este órgano asesor todavía no se han estrenado y algunos de ellos llegaron a remitir una carta por la demora en su constitución. Lo hará el 29 de este mes y, a partir de entonces, la fiscal general del Estado vuelve a enfrentarse a delicados nombramientos.

Lo primero y lo más urgente, según mencionadas fuentes fiscales, es sacar numerosos informes de leyes que son preceptivos cuando afectan de alguna forma al Ministerio Público. El orden del día todavía no es conocido, pero en la Fiscalía se espera que o bien en este o bien en alguno más que se convoque antes de verano se vean algunas designaciones que están pendientes. Por ejemplo, el «número dos» de la jefatura en la Audiencia Nacional. El actual teniente fiscal allí, Miguel Ángel Carballo, lleva con el mandato caducado desde el 29 de abril. Estas plazas primero deben sacarse a concurso y una vez estén los candidatos sobre la mesa el Consejo Fiscal vota y Delgado decide.

En las últimas designaciones de marzo la fiscal general se inclinó por mantener al jefe que ya estaba, Jesús Alonso, perteneciente a la Asociación de Fiscales (AF). Una asociación -mayoritaria en la carrera- que se ha convertido en un látigo para Delgado porque la acusa de beneficiar en la cúspide de la carrera solo a profesionales de su anterior asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Con Jesús Alonso decidió dar continuidad y está por ver si mantiene idéntico criterio con Carballo.

Más sensible es, si cabe, una jefatura que expira el 17 de julio: la de la Fiscalía Anticorrupción. Alejandro Luzón, en el puesto desde 2017, ha tenido que tomar las riendas de casos tan mediáticos como todo el que afecta al comisario José Manuel Villarejo, ha trabajado a fondo en las diligencias sobre el Rey Juan Carlos I que terminaron archivadas o, en este último tiempo, se ha ocupado de distintos casos de compra de material sanitario como el escándalo de Luis Medina y Alberto Luceño, el relacionado con el hermano de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso o el denunciado por la propia Ayuso que afecta a varios ministros como Nadia Calviño e incluso a los padres del presidente Pedro Sánchez. Las incógnitas sobre si Luzón volverá o no a presentarse recorren los pasillos de Anticorrupción, aunque muchos confían en que sí. Igualmente está vacante la plaza de fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, la plaza de la Fiscalía Togada. Hasta hace unas semanas la ocupaba Esmeralda Rasillo a quien Delgado quiso acercar a uno de sus brazos ejecutores en el Ministerio Público. Rasillo es desde el 3 de mayo la jefa de la Unidad de Apoyo.

No obstante, algunas de las fuentes preguntadas creen que Delgado dejará este tipo de decisiones para después del verano. Cuando las aguas estén algo más calmadas, los funcionarios hayan vuelto de vacaciones y se pueda agendar bien el solemne acto de toma de posesión que precede a la designación.

Ocurre que el panorama que se encontrará Delgado en la mesa redonda donde se reúne el Consejo fiscal no es parecido al que había tenido desde el inicio de su mandato. Hasta ahora las mayorías se inclinaban a su favor porque la UPF logró un muy buen resultado y los miembros natos, como la teniente fiscal del Supremo o la jefa de la Inspección, fueron elegidos por ella misma. Así las cuentas siempre le salían, aunque no las necesita porque el voto no es vinculante. Pero sin necesitarlas el terreno que pisa Delgado ahora está abonado por una reciente sentencia del Supremo que anuló por falta de motivación la designación del fiscal de Menores y la amenaza de nuevo recurso por venir. Ahora las mayorías juegan a favor de la AF y se incorpora un nuevo elemento discordante, el recién llegado Salvador Viada que representa a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) por primera vez en el Consejo.