Un juez frena la “censura” en Vic, bastión del independentismo

Vic ha sido siempre un bastión del independentismo (de los 21 concejales, solo hay un constitucionalista) y ha contado con la complicidad de su ayuntamiento para exhibir imágenes de radicalismo: ahí está la permisividad continua para permitir que activistas se encaramen de vez en cuando al balcón del consistorio para arrancar la bandera de España y quemarla, grabándolo y difundiéndolo luego por las redes sociales para reivindicarlo. Sin embargo, ese grado de activismo del ayuntamiento, que lidera la vicepresidenta de JxCat, Anna Erra, ha chocado con la Justicia por primera vez: un juez ha acusado a Erra de ataque a la libertad ideológica después de que negara espacio público a organizaciones constitucionalistas en enero para hacer un acto, que, pese a todo, finalmente, terminó celebrándose más tarde.

El Ayuntamiento de Vic denegó entonces a la AEB y partidos, como Ciudadanos, la posibilidad de llevar a cabo un acto con una carpa informativa en defensa del castellano en la educación catalana: el constitucionalismo buscaba firmas para apoyar el cumplimiento de la sentencia del 25%. Ante este escenario, Ciudadanos presentó un recurso y un juez de Barcelona lo ha estimado, siendo contundente contra el Ayuntamiento: su justificación de la denegación del espacio público «debe ser rechazado sin paliativos, independientemente de cualesquiera otras consideraciones». El consistorio negó la cesión del espacio y alegó que Ciudadanos no pretendía ejercer los derechos de reunión o manifestación sino «hacer proselitismo de su visión de la situación lingüística de las aulas en Catalunya» y argumentó que no tenía ningún arraigo en el municipio y buscaba evitar conflictos y enfrentamientos entre los vecinos, algo que no ocurrió. Además, defendió que no se ha vulnerado la libertad ideológica porque el partido «sí pudo publicitar el mensaje que deseaba».

La Fiscalía también apoyó la tesis de Ciudadanos y, en su escrito, acusó al Ayuntamiento de «impedir el ejercicio de derechos fundamentales como el de libertad ideológica, reunión o de igualdad ante la ley». «El Ajuntament no ha indicado motivo alguno para prohibir el acto, lo que además de una arbitrariedad ejecutada con la excusa de ejercer la facultad municipal de ordenación del uso del espacio público es una falta de sensatez», recoge la sentencia.

Lo cierto es que la sentencia es un golpe judicial y de imagen para Erra, que se ha convertido en una figura con peso en el organigrama de JxCat y ha protagonizado diversas polémicas en los últimos años, dando muestras de su radicalismo. Por ejemplo, una de las más sonadas que se recuerdan es en el Parlament, donde tuvo una intervención de tintes racistas, al emplazar a los «catalanes autóctonos» a no cambiar de idioma ni empezar a usar el castellano «ante cualquier persona que por su aspecto físico o nombre no parece catalana». Pero se recuerdan muchos más episodios de radicalismo en Vic, como los ataques feroces y con violencia a Vox durante la campaña electoral de febrero de 2021.

En todo caso, este tipo de situaciones de intolerancia a los discrepantes deja en evidencia la voluntad que ha tenido el independentismo siempre de reivindicarse como referencia de la defensa de los derechos y contrasta con la actitud cívica que tuvo Madrid cuando un tsunami de separatistas se desplazó hasta la capital de España para organizar una multitudinaria manifestación. Vic, en todo caso, sigue consolidando su imagen de bastión del separatismo más radical.