Retrasos de hasta dos meses en las citas para el DNI y el pasaporte

Irresponsabilidad, abandono y una nefasta gestión han llevado a las oficinas de expedición de documentación al borde del colapso y la saturación. Si a esto unimos el aumento de demanda en periodo estival,renovar el DNI o el pasaporte se convierte en una odisea para muchos españoles. Así lo han denunciado los sindicatos UGT, CSIF y CCOO quienes exigen que se cubran los casi 2.500 puestos vacantes de personal no policial, que se mejoren sus condiciones laborales y se les dote de los medios técnicos adecuados. Lo demás, a su juicio, no son más que “irresponsabilidades derivadas del abandono que sufren estas dependencias y de las erráticas decisiones tomadas por los mandos policiales en materia de gestión”.

La pandemia provocó un empobrecimiento de la calidad del servicio público que, lejos de arreglarse, ha derivado en un colapso de las oficinas de documentación. “Los responsables del organismo han continuado con una nefasta política de racionalización y gestión en materia de recursos”, denuncian desde las organizaciones sindicales, que se ha traducido en una pérdida progresiva de personal. Tanto es así, que en la actualidad hay casi un 50% de puestos vacantes de personal no policial, plantilla a la que se encomiendan las tareas administrativas y de expedición dentro de la Dirección General de la Policía (DGP).

Las casi 300 oficinas de expedición de documentación repartidas por España están al límite de llegar a la situación técnica de «saturación» en el sistema de citas previas. Situación que se refleja en los grandes núcleos de población situados en Madrid, País Vasco, casi toda Andalucía, Cataluña, y una larga lista de provincias en las que ya se atisba el horizonte de los dos meses para solicitar cita. Y es que este colapso se extiende también a las zonas de costa y el interior de la Península.

Policías en labores administrativas

¿Y qué solución han tomado para solucionar esta falta de personal? Pues cubrir las vacantes en los puestos de expedición con agentes del Cuerpo Nacional de Policía, pese a que para ello tengan que dejar sus tareas de seguridad ciudadana. Una medida que, tal y como señalan desde las organizaciones sindicales, no solo no está dando los resultados esperados sino queva en detrimento del servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los ciudadanos. Un refuerzo al que se han unido después, de forma rotatoria, las nuevas promociones de policías en prácticas, lo que ha provocado, según los sindicatos, que muchos de ellos no terminasen su formación policial. Pero ni así, se ha conseguido agilizar el servicio en estos centros de trabajo, como muestra la saturación de estas oficinas.

Pero no solo se ve perjudicado el servicio a los ciudadanos. UGT, CSIF y CC OO señalan que cubrir esas vacantes con policías suponeun sobrecoste de más de 140 millones de euros anuales para las cuentas públicas. O lo que es lo mismo, saldría más barato cubrir esas con personal de la Administración General del Estado y Personal Laboral. “De esta forma se juega con el dinero de toda la ciudadanía”, matizan.

Aquí entra en juego la figura del funcionario interino. “Si contásemos con un Técnico de la Administración del Estado al frente de la gestión de los recursos humanos en la DGP, hace meses se habría planteado el nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos en el DNI, hasta la incorporación de más trabajadores”, advierten desde las organizaciones sindicales.

Colapso en Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana

Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y las provincias de Sevilla y Málaga, están colapsadas y la mayoría de equipos de expedición tienen las citas a 2 meses vista (fecha tope de la cita previa). Tanto es así que solo pued.en cogerse las del día que se abre. Otro número importante de provincias dan cita previa para 40 o 50 días, mientras que en el resto hay que esperar una media de 30 días. Una situación que podría empeorar ahora que comienzan las vacaciones escolares.

El incremento de citas por hora, la ampliación del horario de apertura de alguna de las oficinas y la posible apertura del sistema a tres meses vista, solo sirven a juicio de los sindicatos, para “degradar la calidad del servicio público y añadir presión al personal que lo presta”. La ciudadanía, así como los empleados públicos, llevan más de dos años “soportando una merma constante de sus derechos por parte de la Dirección General de la Policía y del Gobierno”, insisten. En este sentido, consideran insuficiente que el Ministerio del Interior y la DGP firmen acuerdos para luego no cumplirlos.