Montero advierte a los funcionarios: negociará un acuerdo salarial a tres años “sin profundizar la inflación”

“Pronto convocaremos una reunión con los sindicatos para acordar una senda de subida de las nóminas de los empleados públicos para los próximos tres años que permita, por una parte, ser capaces de acompañar esos salarios, pero, por otra parte, no desarrollar ninguna iniciativa que pueda profundizar en la inflación” y que se haga “de forma racional”. Con este tono de advertencia, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció en el acto de presentación de una moneda solidaria con Ucrania, que esta negociación con los empleados públicos se abordará en el marco de las negociaciones de los Presupuestos de 2023, “que están ya muy próximas”, y que podrían incluir alguna medida que “impacte en el ejercicio en curso”.

De esta manera, Montero ha rectificado y dejado en evidencia a la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, que ayer mismo descartó en el Congreso de los Diputados descartado que se fuera a abordar una negociación para una eventual subida salarial para los funcionarios. “De momento, no está planteado abrir una negociación sobre los salarios públicos”, dijo ayer Lidia Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, ya que ahora los planes están “centrados” en los planes de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. “Cuando tengamos valorado todos esos impactos y analizado estaremos en otra fase”. En este sentido concretó que la mesa de diálogo se abriría “más adelante” y “con los elementos de juicio y los indicadores adecuados” se haría un planteamiento para los salarios.

Pues esto ya son palabras muertas tras la afirmación de hoy de Montero. Fuentes ministeriales consultadas por LA RAZÓN hablan que podrían llegar los primeros contactos “este mismo mes”, aunque “todavía hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos”.

Sin embargo, el sindicato CSIF no se fía y mantendrá la campaña de movilizaciones en toda España, con más concentraciones ante Función Pública. La próxima será el 22 de junio, “en defensa de la dignidad y la calidad” de los servicios de los empleados públicos, que “arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15% desde 2010 porque la negativa de Hacienda es “intolerable”. “El Ministerio de Función Pública nos ha demostrado que tiene secuestrada la negociación salarial”, denuncian.

El salario de los empleados públicos se elevó el 2% que estaba marcado en los Presupuestos Generales del Estado para este año, cantidad muy por debajo de la inflación, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo. El IPC escaló en mayo hasta el 8,7% por el encarecimiento de gasolinas y alimentos La inflación subyacente se dispara al 4,9%, su nivel más elevado desde octubre de 1995, y los precios suben en el mes un 0,8%. Así, la subyacente se sitúa ya a menos de cuatro puntos por debajo de la tasa del IPC general.

Con respecto a la posibilidad de deflactar la tarifa del IRPF para ajustar el impuesto a la subida de sueldos ligada a la inflación, Montero recordó que el Gobierno ha optado por “bajar de forma selectiva la fiscalidad”, a la electricidad y con bonificación a carburantes, en lugar de hacerlo “de forma global”, porque esto podría provocar efectos de segunda ronda que alimenten la inflación.