Sánchez cede y retoma el diálogo con Aragonès

En un momento clave para el rumbo de la legislatura y rozando el límite de unas relaciones deterioradas entre el Gobierno y la Generalitat a causa del caso de las escuchas por Pegasus. En el Govern llevan meses reclamando, más que gestos, acciones por parte de Pedro Sánchez para desencallar el conflicto independentista. En el horizonte se encontraba una ruptura total de puentes por parte de ERC, retirando el apoyo parlamentario al PSOE y en esa línea han ido sucediéndose constantes «noes» de los independentistas en votaciones cruciales para el Ejecutivo, hasta el jueves, en la previa de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Moncloa. Los republicanos facilitaron la votación del decreto anticrisis.

Hasta ahora en Moncloa reiteraban el mensaje de que se encontraban dispuestos a dialogar «cuando ERC quisiese» y condicionaban la mesa de diálogo –vital para la Generalitat– a pactar acuerdos. Ayer, en la cita al más alto nivel, ambos líderes iniciaron el deshielo al acordar la convocatoria de la mesa de diálogo para la última semana de julio, pero a la que no acudirán ni Sánchez ni Aragonès. En el Gobierno aseguran que ambos trataron ayer los nudos principales para desatascar las posiciones de máximos y que ahora es el momento de los equipos, tras reuniones previas como las previas entre el ministro Félix Bolaños y Laura Vilagrà. Invitan, además, a todos los partidos del Gobierno de España y de la Generalitat a que participen en la reunión. Es decir, el Ejecutivo ve como «deseable» que Junts acuda a la mesa, algo prácticamente imposible a tenor de las últimas críticas de los posconvergentes. «Para que el diálogo sea positivo todos tenemos que estar representados», incidió la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Por parte de la delegación gubernamental acudirán el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y, por Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Moncloa y Govern retoman ahora el diálogo después de casi un año. El Ejecutivo cede así a las pretensiones de Aragonès, pero ahora llegará el momento de dotar la mesa de contenido. Un asunto que en Moncloa evitan concretar, más allá de trasladar que los acuerdos que se alcancen deben ser «representativos de una mayoría social, amplia y trasversal». El Gobierno apuesta por la herramienta del diálogo para «normalizar» las relaciones y alejan así las metas independentistas que se fijan en «desjudicializar» el conflicto y en abordar la autodeterminación, tal y como reclamó Aragonès tras su reunión con Sánchez. El president exigió «resultados» en lo que llama la «agenda antirrepresiva» después de verse con Sánchez y hasta que no se produzcan avances en este sentido no se darán por normalizadas las relaciones. «Es una piedra en el camino», advirtió.Extremo que en Moncloa rechazan al no tener amparo constitucional. Recuerdan que, en este extremo, las posiciones están «muy alejadas». Son líneas rojas para Sánchez. «Este Gobierno tiene clara su vocación en defensa del Estado autonómico y el título octavo de la Constitución», zanjó la portavoz. El Gobierno se ata a la agenda del reencuentro pactada en 2020 que excluye la autodeterminación y que apuesta por la vía del diálogo, «superar la judicialización» y «las soluciones políticas».

«Acuerdos parciales»

Las peticiones de Aragonès llegan después de que el propio Govern haya dejado en un segundo plano sus exigencias sobre un hipotético referéndum con el objetivo de centrarse ahora en la «amnistía» –la propuesta de máximos que ERC pone encima de la mesa– y exigir medidas concretas para «poner fin o revertir la judicialización» del «procés». Es decir, a las causas que el independentismo acumula ante la justicia. Saber cuáles son es la gran incógnita a resolver frente al hermetismo de las partes. Aragonès habló ayer de «dar forma a los primeros acuerdos parciales y abrir vías de trabajo», aunque apenas concretó ante la insistencia de las preguntas sobre una posible reforma del delito de sedición.

Al margen de los cambios en el Código Penal que ERC abrazaría, los republicanos llevan días hablando de «garantizar que la disposición penal sobre malversación de fondos se aplique de manera que la responsabilidad surja cuando se puedan cuantificar pérdidas reales contra el presupuesto o el patrimonio del Estado»; de cambios en el Tribunal de Cuentas o miran hacia el TC por los recursos sobre los indultos a los presos del «procés» –entre ellos a Oriol Junqueras– pendientes de resolver.