«No tenemos herramientas para defender al castellano en la escuela catalana»

Era un secreto a voces. Tarde o temprano, la nueva normativa sobre la lengua en los colegios catalanes tendría que pasar por el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, contra todo pronóstico, ha sido el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien ha decidido enviar al Tribunal Constitucional (TC) la reciente normativa sobre el castellano en Cataluña al considerar que vulnera varios artículos de la Carta Magna. Esta normativa fue aprobada por la Generalitat, deprisa y corriendo, tras conocerse la sentencia que obligaba a impartir un 25% de horas lectivas en español.

La decisión del TSJC, así pues, llega después de que hace diez días tuviera que denegar por primera vez la petición de unos padres de aplicar el 25% de castellano en una clase de un colegio de Barcelona. El Tribunal reconoció que no podía decretar tal medida debido a la nueva normativa aprobada por la Generalitat. No en vano, el decreto ley impulsado por el Govern y ratificado por el Parlament, con la connivencia del PSC, a principios del pasado mes de junio, precisamente para contrarrestar la sentencia del TSJC -que obligaba a impartir un 25% de las clases en castellano en todas las escuelas e institutos de Cataluña– fija los criterios de los proyectos lingüísticos de los centros y excluye la aplicación de proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas.

Actualmente en Cataluña hay como mínimo una cuarentena de colegios e institutos en los que, al menos en un grupo, están obligados a ofrecer un 25% de las horas lectivas en castellano a raíz de la petición de una sola familia. Lo hacen en aplicación de las medidas cautelares dictadas por la justicia, o porque ya tienen sentencia. Ya se preveía que la nueva legislación podía afectar a estos casos, como el de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar.

Es decir, 40 de más de 600 escuelas de secundaria. En este contexto, varias asociaciones, con Escuela para Todos a la cabeza, han comenzado a organizar una manifestación para el próximo 18 de septiembre para reclamar el fin de la escuela monolingüe en Cataluña. La portavoz de la Asamblea, Ana Losada, explica que «estamos en una situación en la que no tenemos herramientas para defender los derechos lingüísticos de los alumnos». Y confirmó que que las peticiones individuales para el cumplimiento del 25% de castellano en las escuelas catalanas «no siguen su trámite, en espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva». «Estamos realmente desamparados y en una situación peor que antes de la ratificación del Supremo de la sentencia del 25% en noviembre de 2021», ha recalcado. A su juicio, además, el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de la semana pasada «es muy grave». Se refiere a la tercera reunión de la mesa de diálogo entre las dos administraciones, que se cerró con dos acuerdos que afectan, directo o indirectamente, al idioma educativo. Las delegaciones han sellado un primer acuerdo para la desjudicialización de la política y un segundo, para la protección de la lengua catalana. Así lo anunció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien señaló que la reunión sirvió para «dar un paso adelante más» en la normalización de las relaciones entre Cataluña y el resto de España.

«Recogemos acuerdos específicos», apuntó Bolaños, quien los denominó «dos acuerdos muy importantes»: «uno para superar la judicialización y reforzar las garantías del diálogo» y otro para «la protección e impulso de la lengua catalana».

Para Losada, «lo que hace es validar una escuela monolingüe en catalán, una supeditación del castellano al catalán, que la única cultura catalana es la que se escribe en catalán, y da medios y presupuesto para conseguir esos objetivos». La portavoz de Escuela de Todos cree que constituye el «desamparo» de los ciudadanos que han luchado en el marco constitucional. «Lo que está haciendo el Gobierno de España es ir de la mano del nacionalismo lingüístico», añadió.

Según el recurso del TSJC, «un modelo -en referencia al decreto ley del Govern- en el que una lengua se configura como preferente frente a la otra, como la única de uso vehicular normal, lo que desborda el objetivo de normalización social del catalán, que es lo que el modelo constitucional admite en el marco de una paridad lingüística que ambas normas legales niegan». Por eso, creen que las nuevas normas son incompatibles con su sentencia no solo porque elimine los porcentajes de uso de cada lengua sino que la incompatibilidad «es completa puesto que responde a un modelo diferente e incompatible». Al calificar al catalán como vehicular y al castellano como curricular se fija a «una lengua como preferente, en abierta contradicción con la jurisprudencia constitucional», señalan los jueces.