Moncloa presenta unos Presupuestos de cartel electoral

Los Presupuestos Generales del Estado sufren la enfermedad de los nuevos tiempos. El mero alumbramiento del proyecto en el seno del propio Gobierno, paso inicial antes de someterse al escrutinio y negociación con los aliados parlamentarios, ya es motivo de anuncio y celebración. Como si todo estuviera hecho, o casi, sin que las cuentas públicas hayan salido siquiera de los muros de La Moncloa. No es baladí. Los equilibrios en la coalición son poderosos y el componente electoral lo contamina todo. Solo así se entiende una liturgia extenuante en la negociación, amplificando y estirando al límite la discrepancia, para trasladar la sensación de victoria en la derrota. Sería cómico, si no fuera la ley más importante para un gobierno, que se extenderá en 2023 y previsiblemente también en un 2024 de nueva legislatura y alianzas.

Tanto PSOE como Podemos eran conscientes de que «no había otra opción» que sacar adelante unos Presupuestos que, endiablado contexto económico aparte, son su mejor cartel electoral para encarar el ciclo de municipales, autonómicas y generales que se vislumbra ya en el horizonte. Más después de que la primera coalición progresista de la democracia se comprometiera en tiempos no tan pretéritos a «no dejar a nadie atrás». Fuentes socialistas nunca han ocultado que las negociaciones avanzaban y que estaban en condiciones de tener un acuerdo «pronto».

Sin embargo, sus socios parecían empeñados en alimentar la ficción de que todo estaba «bloqueado» para vender después que habían arrancado al PSOE grandes cesiones. No es la realidad.La ley de vivienda no se ha desbloqueado, como pedían los morados. En Moncloa sacaron de la negociación esta materia desde el primer momento, al entender que ya había sido el «broche» de los Presupuestos de 2022 y que no podían seguir negociando sobre una ley que ya fue aprobada en segunda vuelta en Consejo de Ministros. Sobre la responsabilidad sobre el atraso de su aprobación definitiva en el Congreso, miran a Podemos, quién registró medio centenar de enmiendas, después de haber dado su visto bueno en el Gobierno. Tampoco el gasto en Defensa se ha estancado, todo lo contrario, se ha aumentado un 25%, lo que permite al Ejecutivo avanzar hacia el compromiso pactado por Sánchez con la OTAN. La presión de los morados ha sido en balde en este sentido. Han perdido la batalla y por ello acusan ahora al PSOE de «deslealtad» y de «ocultarles» el aumento. Incluso, amagaron ayer con romper, después de que en la negociación presupuestaria no se mostrase objeción, según Moncloa.

Sin embargo, fuentes moradas aseguran a este diario que no estaban informados y que «en la mesa de negociación se ha reiterado que no se estaba de acuerdo con el aumento y que supondría un error». Se solicitó, aseguran estas fuentes, ver el marco presupuestario completo y no lo entregaron», denuncian. El portavoz morado, Pablo Echenique, puso voz a estas críticas, asegurando que sí no salían del Gobierno era porque la alternativa es PP y Vox. Los morados son sabedores del coste electoral que supone para ellos, ante el rechazo de su electorado más antimilitarista. Sin embargo, desde Moncloa, se rebajan las críticas y se recuerda que el aumento corresponde a la subida salarial de la tropa y de las Fuerzas Armadas. Además, en la mesa del Consejo de Ministros zanjan: «los compromisos del presidente se cumplen. Son las cuentas públicas las que dan cobertura a ese cumplimiento de su palabra», en palabras de la ministra de Hacienda. Los morados solo cuentan, como grandes medidas, con la promesa de una ley de familias por aprobar por la vía de urgencia, pero que todavía está en ciernes.

Los socialistas asisten con una mezcla de hartazgo y resignación a los ejercicios de gesticulación de los morados, porque son conscientes de que necesitan marcar perfil y capitalizar algunas de las medidas. Necesitan una marca a su izquierda pujante con la que poder sumar tras las elecciones. En concreto, se concedió a la vicepresidenta Yolanda Díaz la habitual fotografía con el presidente del Gobierno cuando se cerró el acuerdo, un acuerdo que ella alejaba la noche anterior en una entrevista mientras que los equipos negociadores seguían sentados. Todo ello dentro del rito de la negociación, que Moncloa comprende, pero no gusta recurrir. «A veces se magnifican mucho las cosas», lamentan desde el Consejo de Ministros, donde dejan claro que por ellos no se habría demorado tanto. «Somos los primeros interesados en cerrar negociaciones cuanto ante», responden a las críticas de Díaz. Peor sentó la escenografía electoral de la ministra Ione Belarra que, alejada del perfil institucional y como líder de Podemos, animaba a salir a la calle para presionar al Ejecutivo –del que forman parte– para aprobar la legislación de vivienda. Lo hacía al mismo tiempo que el Ejecutivo detallaba el pacto presupuestario. Las maneras, también son una forma de hacer política y los morados acostumbran a jugar esta estrategia. Dan máxima prioridad a vender sus medidas, con vistas a las elecciones, donde, dicen en el partido, necesitarán vender gestión. De ahí las duras acusaciones vertidas contra el PSOE al que acusan de estar «excesivamente alineados con los intereses de la patronal inmobiliaria». Sin embargo, fuentes de la dirección apuntan a que la «cesión» en vivienda no es un paso atrás y se reservan otra carta, la de la negociación de los Presupuestos con ERC y Bildu, que piden ya aprobar la ley. Ahí, Podemos buscará exhibir el músculo que no ha conseguido solo.

En el Ejecutivo sacan pecho por aprobar los terceros presupuestos consecutivos, una suerte de estabilidad inestable que se someterá ahora a sus aliados parlamentarios. En el pecado lleva Sánchez la penitencia, porque los socios que les permiten asegurar lo que resta de legislatura, son los que pueden acabar haciendo que no sigan más allá de las elecciones.