Tribunales

La negociación acelera para renovar el CGPJ antes del 1-N

Gobierno y PP perfilan sus candidatos con discreción, aunque algunos nombres se dan ya por seguros

La negociación entre el Gobierno y el PP para renovar, con casi cuatro años de retraso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entra en la que, ahora sí, parece la recta final de un tortuoso camino que arrancó en diciembre de 2018, cuando los actuales integrantes del órgano de gobierno de los jueces finalizaron su mandato. Y aunque a uno y otro lado se impone la máxima discreción –para no echar al traste las conversaciones y, también, para no «quemar» a posibles candidatos–, sobre la mesa ya hay algunos nombres que según las fuentes consultadas se dan como prácticamente seguros.

Según esas mismas fuentes, en el desbroce entre los posibles candidatos se impone una máxima: dar con «perfiles idóneos» que no estén significados ideológicamente. «Lo importante son los perfiles. Si son perfiles independientes qué más da el reparto», apuntan. En lo que sí parece haber consenso entre los negociadores es en que sea una mujer quien presida el órgano de gobierno de los jueces (aunque será el Pleno el que, una vez constituido, tenga que elegir al sustituto de Carlos LesmesRafael Mozo mediante– al frente de la Presidencia del Consejo). La magistrada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Pilar Teso -que ya disputó el puesto a Lesmes en la anterior renovación- es la favorita en las inevitables quinielas.

Las asociaciones y la propia carrera ya designaron en 2018 a medio centenar de aspirantes para que Congreso y Senado eligieran a doce de ellos (los otros ocho se eligen entre juristas de reconocido prestigio). De esa lista se han caído ya por distintas causas casi una decena. Pero entre los restantes hay varios candidatos que tienen todas las papeletas para sentarse en el futuro CGPJ.

Dos magistrados del Supremo

Entre ellos, dos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, José Antonio Montero y Ángel Arozamena. El primero, avalado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el segundo, por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Pero no son los únicos. El magistrado Alejandro Abascal, actualmente al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional también tiene pie y medio en la terna definitiva, avalado por la mayoritaria APM. Lo mismo sucederá, apuntan esas mismas fuentes, con otro de los integrantes de esa lista, en este caso propuesto por JJpD, José María Fernández Seijo, magistrado de lo Mercantil en Barcelona. Otro de los candidatos de procedencia judicial que, apuntan, suena «con mucha fuerza», es el decano de los Juzgados de Málaga, José María Páez, que fue avalada por la Asociación Profesional de la Magistratura.

Uno de los escollos en la negociación aparece cuando el Gobierno y el PP revisan los candidatos que propone Unidas Podemos, que contará, con total seguridad, con dos vocales en el órgano de los jueces. Será la primera vez que Podemos goce de vocales de su cuerda y por eso, sus exigencias han sido de máximos. Confían en que el ministro Bolaños defienda sus intereses y sea quien impida que los populares veten sus candidatos.

Rosell, un “señuelo”

En los medios «resucitaron» esta semana el perfil de la exjueza y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. La magistrada está en la lista de vocales desde 2018, pero ya fue objeto de veto en 2020 por parte del PP –y ahora vuelve a serlo–, al entender que no cumple los requisitos de idoneidad. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cortó el paso ayer: «Las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ. Y uno de los requisitos es la despolitización del CGPJ».

No obstante, en el PP creen que se trata de un «señuelo» y que, finalmente, presentarán a otro candidato. De hecho, fuentes de Podemos trasladan que están abiertos a que otros magistrados entren en el órgano, rebajando así sus líneas rojas. Otro de los nombres que promueve IU, de nuevo, es el del expresidente del TSJ de La Rioja Ignacio Espinosa, aunque sus posibilidades de formar parte del órgano se reducen a solo dos años de actividad, debido a su próxima jubilación. De cumplirse, en la negociación debería ya plantearse otro suplente.

En todo caso, en lo que sí coinciden las fuentes consultadas es en que la fumata blanca debería anunciarse antes de que acabe el mes, de manera que quedase resuelta la próxima semana. Un acuerdo que deberá incluir lo que sigue siendo una línea roja para el PP: el compromiso para, una vez renovado el CGPJ, acometer de forma inmediata la reforma del sistema de elección de los jueces de procedencia judicial, como demanda Europa y se encargó de recordar en su reciente visita a España el consejero de Justicia de la UE, Didier Reynders.