Podemos y los socios se unen y aíslan al PSOE por la ley trans

La división existente tanto en el PSOE como en el seno del Gobierno a causa de la ley trans ocupa un nuevo capítulo de tensión tanto en Moncloa como en el Congreso de los Diputados. El choque para garantizar los derechos del colectivo LGTBi se atisba insalvable en la izquierda y va camino de convertirse en uno de los asuntos que servirán para medir la capacidad de cohesión y negociación del PSOE con el bloque de investidura de aquí a finales de año si quiere evitar que, finalmente, el proyecto de ley decaiga en su votación final, lo que se traduciría en un varapalo para la coalición.

Las modificaciones que busca introducir el PSOE con el objetivo de dar «seguridad jurídica» a la norma que ya fue aprobada en Consejo de Ministros enfada a todo el bloque de izquierdas y arroja la fotografía de la soledad del partido mayoritario en la Cámara Baja. El retraso en la norma, enfada al Ministerio de Igualdad que muestra su «máxima preocupación» ante la demora en aprobar la norma por el peligro a que no se apruebe en este año. Ayer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, denunció que su socio había «incumplido» el compromiso de «no tocar el corazón de la ley trans» –en referencia a la autodeterminación de género– y que ello había sido pactado con Carmen Calvo, cuando era vicepresidenta del Gobierno. Desde Igualdad exigen que retiren sus enmiendas, algo a lo que los socialistas no prevén ceder al entender que de ser aprobada la ley según su redacción actual, sería tumbada por el Tribunal Constitucional.

Los socios de investidura rechazan la limitación a la autodeterminación de género que exige el PSOE y que se traduce en endurecer las condiciones para la autodeterminación. Según está hoy escrita la ley, las personas menores de 16 años y mayores de 14 años podrán presentar la solicitud (de cambio de sexo) por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. Según la modificación que propone el PSOE, las personas mayores de dieciséis años y mayores de doce necesitarán una autorización judicial para la modificación de la mención registral. Ante esta propuesta en Igualdad no cederán y avisan que llegarán hasta las «últimas consecuencias» para impedir que se «recorten los derechos para los colectivos LGTBi».

Los socialistas se encuentran hoy aislados por su posición en el Congreso. La fractura se hizo más evidente ayer, después de que Podemos registrara junto a los socios enmiendas en el trámite de la ley. Apoyan con Bildu, ERC, PNV, JxCAT, Más País, Compromís, BNG y Coalición Canaria once enmiendas al articulado del proyecto de ley. Entre las enmiendas presentadas, los socios exigen que los documentos de identidad y formularios se adecúen a la diversidad, incluyendo a las personas no binarias (que no se identifican con el sexo masculino ni femenino), y permitan omitir la mención relativa al sexo, algo que podría beneficiar a las personas intersexuales (aquellas cuyo sexo biológico es ambiguo y no encajan en la clasificación de mujer/hombre). Este punto, era defendido por el Ministerio de Igualdad, pero quedó fuera del proyecto en las negociaciones previas en el Gobierno. Piden, además, incluir los distintos tratamientos necesarios para los procesos de transición en la cartera básica de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, así como dar un plazo de diez años para que los progenitores o representantes legales de los menores intersexuales puedan registrar su sexo.

Apuestan, además, por el reconocimiento de las personas no binarias y también amplían los derechos de las personas intersexuales, que nacen con genitales externos que presentan una forma ambigua y, por lo tanto, no encajan en la clasificación estándar de mujer/hombre.

Otra de las enmiendas presentadas tiene la intención de que se garantice el uso de «un lenguaje respetuoso con la identidad y nombre sentido» de las personas solicitantes de protección internacional y que en estos procedimientos se actúe de manera respetuosa con la intimidad y garantizando un trato digno.

Plantean además la necesidad de mejorar la protección internacional a las personas trans y piden que se garantice el uso de un lenguaje respetuoso «con la identidad y nombre sentido» de los solicitantes de asilo o refugio. Reclaman protocolos para identificar las solicitudes de protección por motivos de orientación, identidad sexual o de género, expresión de género y características sexuales y que se garantice el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar de forma ágil.

Las diez formaciones plantean también defender los derechos de los colectivos LGTBI en la política española de cooperación internacional para el desarrollo o forzar el cierre de plataformas digitales que discriminen al colectivo LGTBI.

Las enmiendas del PP

Por su parte, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados también ha registrado enmiendas, hasta 84, con el objetivo de “mejorar el texto”. En sus modificaciones proponen incluso cambiar el título de la ley para que éste sea “proyecto de ley orgánica para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”, omitiendo el término trans y la frase “para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”.

Además, piden suprimir la libre autodeterminación de género de la ley trans con el argumento de que ésta introduce “nuevos conceptos indeterminados que provocan inseguridad jurídica”. Propone asimismo suprimir todos los términos que a su juicio “oscurecen” la existencia “del sexo biológico”, de forma que quiere terminar con expresiones como “progenitor gestante” o “progenitor no gestante” y sustituirlas por “madre” y “padre”.

Elimina todo el capítulo relativo a la rectificación registral del sexo, los nueve artículos que legitiman la autodeterminación, el que arma el procedimiento para el cambio de sexo, la reversibilidad, el cambio para los menores de edad y la adecuación de los documentos.

El PP quiere, además, que cualquier tratamiento irreversible cuente hasta los 18 años con un informe médico que lo avale y se opone a que la atención sanitaria a las personas trans se realice conforme a los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento, entre otros.