La Fundación Franco sobre el 20-N: «El hecho susceptible de sanción requiere humillación o menosprecio a las víctimas»

Con la nueva y más punitiva Ley de Memoria Democrática en vigor, la Delegación del Gobierno en Madrid –epicentro de las manifestaciones anuales en memoria de Franco y José Antonio Primo de Rivera– había advertido de que el 20-N podría traer consecuencias. Y así se confirmó ayer, cuando desde el Ministerio de la Presidencia anunciaban la apertura de «expedientes sancionadores a las personas y/o organizaciones que protagonizaron gritos, gestos y cánticos enalteciendo el golpe militar, la dictadura, así como a sus protagonistas, ante las imágenes que se han podido ver este fin de semana».

En el marco de los expedientes sancionadores, «se ha solicitado a todas las delegaciones de Gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática».

En cuanto a la sanción máxima a la que se enfrentan los autores del homenaje al golpe de Estado del 1936, la dictadura o sus protagonistas es de 150.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir, precisaron fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.

«La España actual se basa en nuestra Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad y rechaza, como los países europeos de nuestro entorno, cualquier enaltecimiento de un régimen autoritario o de sus figuras principales», apuntaron.

Entre los sancionados podría estar el Movimiento Católico Español por la concentración de este domingo en el centro de Madrid para homenajear a Francisco Franco y al fundador de Falange Española de las JONS, José Antonio Primo de Rivera. A la concentración, autorizada por la Delegación del Gobierno, asistieron unas cien personas que cantaron el «Cara al Sol» y la Marcha Real de José María Pemán y exhibieron banderas franquistas y de los tercios de Flandes, al tiempo que realizaron, en varias ocasiones, el saludo brazo en alto.

Ante la posibilidad de verse señalados por la ley, al menos en algunas concentraciones se tenía presente que la norma ahora en vigor podría tener efectos legales según cómo se actuara. Así, fuentes de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) señalan que «así se advirtió previamente», aunque «solo» han «organizado las misas en memoria del alma de un cristiano y una visita a Mingorrubio para depositar una corona. Nada más», y recalcan que son «ajenos a cualquier otro acto organizado por otras organizaciones». Pero recuerdan que «el artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica y el artículo 20 permite expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones» [un informe del Consejo General del Poder judicial advirtió que castigar la apología del franquismo sería contrario precisamente al artículo 20 de la Carta Magna]. No consideran en cualquier caso estas fuentes que la Ley de Memoria Democrática les afecte por el 20-N. «Respecto al artículo 38 de la norma», recuerdan, «esta prohíbe “los actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura”, una condición “sine qua non” para que puedan ser considerados ilegales. Y no parece que en ningún caso se haya producido esta condición», apuntan desde la Fundación Franco.

El «hecho susceptible de sanción requiere necesariamente que exista humillación o menosprecio a las víctimas o sus familiares, y decir ‘viva Franco’ no es sancionable, como tampoco las misas que se ofrecen por Franco son homenajes, sino que se reza por el alma del difunto. Y desde luego no entraña menosprecio o humillación de ninguna víctima», recalcan estas fuentes, «salvo por una interpretación torticera».

La polémica ha llegado además al Congreso, donde PSOE, Unidas Podemos y los aliados parlamentarios del Gobierno han pedido sancionar cuanto antes estas conductas, mientras que Vox no ve delito y el PP resta importancia a los hechos y vinculado la imposición de sanciones a la estrategia de «cortinas de humo» que sigue el Gobierno, cuyas prioridades, según Elías Bendodo, coordinador general en Génova, «no coinciden con las de los españoles» ni tampoco con sus preocupaciones. Mientras que el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, lo considera «inconstitucional», ya que «las opiniones y los actos de homenaje no son delictivos».

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo ayer que será la Delegación del Gobierno la administración que tenga que «saber qué hacer» tras la concentración en la Plaza de Oriente, mientras que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no quiso pronunciarse. «Yo no tengo nada que valorar al respecto, no es mi competencia y, por tanto, creo que poco puedo decir. Siempre opino de todo pero creo que, en este sentido, poco puedo decir», insistió, informa Efe.