Un nuevo informe sobre Melilla dice que agentes españoles cometieron crímenes de Derecho

Amnistía Internacional hace público este martes un informe sobre la tragedia migratoria de Melilla del pasado 24 de junio en el que acusa a los agentes españoles y marroquíes de haber cometido crímenes de Derecho. La ONG cifra en un mínimo de 37 los fallecidos (las autoridades dijeron 24) y señala que las fuerzas de seguridad de España y de Marruecos dispersaron “de forma violenta” a un grupo de hasta 2.000 personas. Denuncian, además, que Interior no haya colaborado en el esclarecimiento de lo sucedido y que todavía quedan al menos 77 migrantes desaparecidos. Fuentes del Ministerio del Interior han salido en defensa de la Guardia Civil aclarando que su trabajo fue impecable para proteger “nuestras fronteras frente a un ataque violento”.

“Material antidisturbios y armas menos letales, como gas lacrimógeno, porras, balas de gomas y pelotas de goma para dispersar de forma violenta”, describe el informe a cuyo contenido ha tenido acceso LA RAZÓN. La ONG señala que ni la policía marroquí ni la española garantizaron la atención médica de emergencia de las personas que estaban heridas y que se quedaron sin asistencia “a pleno sol, durante periodos de hasta ocho horas”. Por eso consideran que estos actos fueron “constitutivos de violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos, así como del derecho al más alto nivel posible de salud y del derecho a la vida”. Además, hacen una acusación directa a España y señalan que no permitieron el acceso de la Cruz Roja a la zona. “Las autoridades españolas no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial, por lo que volaron sus derechos de múltiples formas”.

En los días previos al 24 de junio, personas refugiadas que residían en viviendas informales o chabolas en Nador y sus alrededores (región marroquí muy próxima a la ciudad autónoma) sufrieron “un incremento del número de ataques de las fuerzas de seguridad marroquíes, que quemaron y destruyeron las pertenencias de muchas de ellas”. Uno de los afectados que ha entrevistado la organización relató como la policía irrumpió en su campamento y quemaron sus cosas y las de una veintena de vecinos así que pasaron los dos días siguientes sin poder comer ni beber. Fue entonces cuando decidieron unirse a los grupos que el día de la tragedia caminaron hacia la frontera.

Las autoridades de Marruecos sostuvieron que esta avalancha de gente iba cargada con palos, machetes, piedras y cuchillos y que atacaron a sus fuerzas de seguridad causando 140 heridos y un hospitalizado. Pero, según el relato del informe, no hay indicios de que esto fuera así y sí los hay de que los agentes utilizaron armas (no letales) de forma contraria a las normas internacionales y las siguieron usando “incluso después de que las personas estuvieran bajo el control policial”.

La investigación de Amnistía Internacional se ha realizado entre junio y octubre de 2022 y se ha basado en entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, con familiares de personas muertas o desaparecidas, funcionarios y personal de atención de la salud y con representantes de ONG de derechos humanos. También han analizado las imágenes satélites, los vídeos y la documentación oficial. Denuncian que la mayoría de preguntas que han realizado a las autoridades marroquíes y españolas han quedado sin respuesta.

La reacción de Interior ha llegado en forma de mensaje ajustando filas con el Instituto Armado: “No podemos permitir en ningún caso que se acuse a la Guardia Civil de hechos tan graves como supuestas torturas sin base alguna. Estas afirmaciones falsarias son de una extrema gravedad y ante las mismas queremos mostrar nuestras más firme repulsa”.

El informe refleja que no se ha hecho nada por descifrar el paradero de las decenas de personas que siguen sin aparecer y que, incluso, se han negado datos a las organizaciones expertas que se encargan de esta labor sobre el terreno en nombre de las familias. Se impidió, por ejemplo, a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) visitar hospitales en Marruecos en los días siguientes a las muertes.

Solicitar el asilo es una utopía

La ONG pone el foco en las devoluciones en caliente que se produjeron ese día, recogiendo el dato del Defensor del Pueblo que calcula al menos 470 personas devueltas ese mismo día al reino alahuí desde Melilla. “La policía española vulneró la prohibición de llevar a cabo expulsiones colectivas”, reza el informe en el que algunos de los entrevistados aseguran que obligaron a personas que estaban sangrando o con heridas abiertas a cruzar al otro lado.

El Ministerio del Interior se escuda en una sentencia del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que da la razón a España en los denominados ‘rechazos en frontera’ que, en la práctica, suponen devolver a los migrantes en el instante en el que cruzan de forma ilegal. Pero el Defensor del Pueblo en sus conclusiones expuso la necesidad de articular bien en la ley cómo debe hacerse esta acción de manera que prevalezca siempre el derecho de la persona. En esta misma línea se explica Amnistía Internacional: “el principio de no devolución es una piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados [...]. Los estados tienen la obligación de evaluar los riesgos que pueden correr las personas si se las transfiere por la fuerza a otra jurisdicción”.

Y ponen el ejemplo de personas que fueron devueltas corriendo claramente peligro como un adolescente sudanés de 17 años a quien la policía marroquí llevó a prisión, según su relato, u otros migrantes que contaron que se los habían llevado en autobuses desde la frontera y los habían abandonado en la carretera fuera de núcleos de población sin ningún tipo de asistencia médica.

Alegan que las vías para solicitar el asilo en España en la práctica están “bloqueadas en cada paso” y que realmente “no existe ninguna posibilidad digna” de que los migrantes procedentes del África subsahariana accedan a los funcionarios españoles para pedirles que les dejen entrar. El puesto fronterizo de Beni Enzar, donde sucedieron los hechos, es el único paso internacional oficial para entrar en Melilla y las posibilidades de que un africano lo haga de forma legal se han vuelto una utopía, remarcan los autores.

El informe muestra cómo las políticas nocivas de España (y de Europa) y sus intentos de externalizar el control de la migración y la contención de las personas fuera de las fronteras europeas “han tenido consecuencias letales en Melilla”.

Ausencia de rendición de cuentas

“Seis meses después resulta evidente que la transparencia y la rendición de cuentas están radicalmente ausentes y que ni un solo funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia”, reclama el informe, que vuelve sobre la versión de que Interior no ha facilitado todos los vídeos. Así las cosas, se dirigen al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que garantice que todos los ministerios cooperen de forma “plena, transparente y sin demora” para investigar las violaciones de derechos humanos, que colabore con la Unión Europea para proteger las vidas de estas personas y que invite al relator especial de la ONU a visitar España. También interpelan al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que se asegure mediante una ley de que no se producen más devoluciones masivas en España.