El PP llevará al TC la nueva reforma de la Justicia

Puede que no sea tan fácil el trámite parlamentario de la nueva proposición de ley con la que el Gobierno busca subsanar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender las enmiendas introducidas a la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación. Esas enmiendas son las que planteaban reformar el sistema de elección y llegada de los candidatos al tribunal de garantías que deben ser elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. La alternativa rápida a la que se ha apuntado Moncloa es presentar otra proposición de ley con las mismas enmiendas para desarrollar aspectos cruciales de la Carta Magna, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, tumbados por el TC. Después de ser sometidas a votación en la Cámara Baja.

Moncloa prepara su réplica a la decisión del Constitucional, y el equipo jurídico del principal partido de la oposición también trabaja ya en la contrarréplica. Fuentes solventes aseguran que están estudiando qué consecuencias tiene que la proposición de ley corregida por el TC ya haya sido votada en la comisión de Justicia y en el Pleno del Congreso. Según explican fuentes populares, por tanto, no pertenecen ya al proponente sino a las Cortes.

Iniciar de nuevo el trámite de una cuestión votada no tiene precedente, y al Gobierno de coalición «quizás sólo le quede la argucia de presentarla como una iniciativa de alguno de los grupos de la mayoría de investidura».

Fuentes de la dirección popular confirmaron a este diario que el PP votará en contra de la iniciativa que anuncia el Gobierno de coalición para corregir su «fiasco» parlamentario y judicial. Una vez que pierdan esa votación, determinarán si se puede recurrir ante el TC, y, por último, analizarán qué se puede hacer en Europa para que Bruselas presione en busca de evitar «esa barbaridad».

La intención del Gobierno es seguir adelante con la reforma que rebaja la mayoría del TC para elegir a sus miembros. Moncloa baraja presentar la proposición de ley para aprobarla en enero. El PP cree que al Gobierno no le queda más salida, si quiere ejecutar sus planes, que ir por la vía de la rebaja de las mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sólo que Europa ya se ha posicionado en frente de esta propuesta porque considera que va en la dirección contraria a la exigencia de que se despolitice la Justicia.

Una de las enmiendas tumbadas por el TC planteaba cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias en el CGPJ que designan a los miembros del TC. Y la segunda enmienda eliminaba la potestad que ahora tiene el órgano de garantías para examinar la idoneidad de los propuestos.

La necesidad de abrir un nuevo frente parlamentario ha dado alas a los socios para reclamar que se aproveche la ocasión a fin de colar también reformas que impongan la renovación del CGPJ.

Si se retomara la propuesta de rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ, cambiar la mayoría cualificada actual (tres quintos) a mayoría absoluta, esto dejaría al PP fuera de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, El freno que impone Bruselas a esta modificación legal puede llevar a que el CGPJ permanezca bloqueado hasta el final de la Legislatura.

Pero, en cualquier caso, el Consejo no es ya la prioridad del Gobierno de coalición. Su interés es el TC, del que depende la validación de las principales leyes de la coalición, recurridas por la oposición, y todas las decisiones que puedan tomarse en relación a Cataluña. En una entrevista con Susanna Griso, en Espejo Público, el presidente del PP indicó que el PSOE sabía desde el principio que la fórmula con la que intentaban tramitar las enmiendas sobre el Constitucional era ilegal, pero la tramitación continuó porque el partido de Pedro Sánchez ya no forma parte de los pilares básicos del Estado de Derecho.

Feijóo aseguró que lo que ha hecho el PSOE en el Congreso, corregido por el TC, se asemeja a lo que el Parlament hizo en el «procés».

«Lo han hecho de tapadillo, aprovechando el mundial de fútbol, las Navidades... No tengo ninguna duda de que lo han hecho con un cronograma preparado para votar incluso de madrugada, cono las rotativas cerradas, y se ha hecho un disparate».

El pulso institucional, y el daño que hace a los órganos judiciales, preocupa lo justo en el Gobierno. En clave electoral creen que el descrédito perjudica más al CGPJ y al TC, mientras que a ellos sí que les puede perjudicar el temor cada vez más extendido en el Consejo de Ministros a la posibilidad de que el pacto con ERC y la rebaja del delito de la malversación favorezca a políticos corruptos. Esto provocaría un golpe en la imagen del Gobierno.

Moncloa y Ferraz descartan este escenario, pero el miedo a que empiece a producirse un goteo de revisiones de sentencias, como está ocurriendo con la ley del sí es sí, está muy presente en el Gabinete de coalición.

A diferencia de lo que ha ocurrido con la ley de sí es sí, donde la presión de Pablo Iglesias está mitigando el coste entre los morados de este fallo estructural del departamento que dirige la ministra Irene Montero, en el caso de que empezaran a salir corruptos a la calle no tienen otra pantalla con la que poner sordina al obligado levantamiento de Podemos.

Ese goteo, en plena campaña de las autonómicas y municipales, sería insostenible para los dos partidos de la coalición, pero, especialmente, para Podemos, que se encontraría ante la necesidad de hacer un desmarque definitivo de la política socialista. Podemos llegó a la vida pública con la bandera de la regeneración. También de la lucha por la mujer, aunque, como la responsable de que se bajen las penas a violadores condenados en sentencia firme es una de sus ministras, entonces pueden mirar para otro lado y negar la mayor.

Por mucho que Moncloa se empeñe en hablar de la convivencia y la desjudicialización del conflicto, esto no hace de amortiguador del coste que tendría que el PSOE fuera a las elecciones con la crisis institucional abierta en canal y favoreciendo a corruptos y a violadores con sus reformas legislativas para cumplir sus pactos con ERC y asegurarse estabilidad, a presente y a futuro, para reeditar otra coalición.