Las juezas afganas buscan trabajo en España

Tras la pregunta qué extrañas de Kabul, a Gulalau Hotak se le quiebra la voz y le brotan las lágrimas. Es la única cuestión que queda sin responder en una conversación de LA RAZÓN con dos de las siete juezas afganas que viven en España desde que el régimen talibán ocupó por completo Afganistán el pasado año. Todas han entrado en el programa de refugiados del Gobierno, han escolarizado a sus hijos, reciben ayudas para el alquiler o para alimentación, pero les falta una cosa: trabajo.

“Nosotras hemos sido juezas, entonces, respetamos las leyes de España pero no podemos ser juezas aquí porque son diferentes. Buscamos algo relacionado, tampoco podemos trabajar en un restaurante porque nos cuesta mucho”, dice en Farsi, su lengua original, Hotak que formó parte del Tribunal Supremo afgano. Vive en un piso en Getafe con sus dos madres (la adoptiva y la biológica) pagando unos 800 euros de alquiler con una ayuda de 600 para el inmueble y otros 500 para el resto de gastos. “Tengo amigos que viven en Brasil a los que les han ofrecido trabajos administrativos, otros están en Irlanda y han conseguido una beca para estudiar allí, en Australia uno de mis colegas trabaja en una consultoría del juzgado”, expresa. “Queremos unos trabajos similares, no que el Gobierno nos pague sin hacer nada, sino al contrario, queremos pagar impuestos”.

La Asociación de Mujeres Juezas Internacional (con sus correspondiente brazo español) ha logrado evacuar ya a 150 juezas y familiares, y quedan unas 70. Está previsto que este 24 de diciembre aterrice un avión en Madrid con una más a la lista y otra lo hará el 3 de enero. “Las maquinarias más lentas en la atención de asilo son Canadá y Estados Unidos. Las que ya más han acogido han sido Nueva Zelanda y Australia”, especifica Gloria Poyatos, jueza y alma de este proyecto. “Trabajamos a través de un Zoom que no cierra nunca, está 14 horas activo asistidas con dos intérpretes. Hemos creado una base de datos con todas ellas y sus familiares”, relata Poyatos. Hotak estaba en la “lista prioritaria” por el peligro que entrañaba que hubiera juzgado y encarcelado a talibanes.

“El día que mataron a mis compañeras yo estaba de camino al trabajo. No me di cuenta, pero mi conductor me dijo que habían atacado y ese día sentí mucho miedo”, explica luciendo un hijab del mismo color rosa que su carmín. En febrero de 2021, seis meses antes de que el régimen fundamentalista llegara a la capital, dos juezas fueron asesinadas en pleno centro. Ella huyó entonces a Turquía y allí esperó meses hasta que pudo llegar a Madrid. “Cuesta mucho conseguir el visado para que entren en España. No se consigue desde Afganistán porque como Estado no se les reconoce por el derecho internacional y nadie puede entrar ilegalmente en España”,revela Gloria Rodríguez, otra de las juezas españolas de la asociación.

Helena Hofiany tardó más en huir. “Cuando los talibanes el 15 de Agosto llegaron a Kabul, yo estaba en la oficina trabajando y uno de mis colegas entró en la oficina y dijo que teníamos que irnos. Me asusté mucho porque pensaba que iba a morir”, explica otra de las juezas evacuadas. “Todo el mundo estaba asustado, no sabías quién era talibán y quién era gente normal. Cogí un taxi y fui a una zona que estaba cerca de Kabul, llamé a mi marido y le dije dónde estaba”, revela. Hofiany llegó embarazada y a su parto en el Hospital Materno Infantil de O’Donnell no pudo asistir su marido, que se quedó en casa con su otra hija, sino que magistradas españolas se turnaron en guardias.

Ella es de las afortunadas que ha logrado una beca (dos de las siete juezas en España la tienen) en la Universidad Carlos III como investigadora. Por eso, ha conseguido clases de español extras, uno de los mayores reclamos. “¿Como van a trabajar en España si no conocen el español?”, lamenta Rodríguez explicando que algunas de las afganas solo tienen una hora a la semana. El programa para el refugiado que tutela el Ministerio de Inclusión Social prevé que las ayudas que el Gobierno otorga se extingan a los 18 meses que es cuando se supone que la persona acogida puede ser independiente. Por eso, muchas temen que llegue ese día. ”Solo queremos que nos ayuden con el tema del trabajo. Queremos trabajar, pagar impuestos y así vivir en la sociedad”, pide Hofiany mientras mese en hotel de la reunión a su bebé español de ocho meses.

Si las cosas fallan, las mujeres saben que tienen un gran colchón detrás. “Se pasa muy mal cuando de repente un país se echa para atrás cuando ya nos había prometido un visado, o cambia de opinión. Pero lo reconfortante que es poder lograr que una niña pueda nacer en un país democrático y que hemos dado la oportunidad a estas mujeres de una nueva vida”, se felicita Poyatos.

La Asociación de Mujeres Juezas que están apoyando en España a este colectivo recibe donaciones en este número de cuenta: ES3701826260040201816279