Griegos extraditados, informes financieros de EEUU y un botín de más de ocho millones de euros

Una denuncia del Servicio Secreto de los Estados Unidos y el banco americano Synovus bank en diciembre de 2019 activó las alertas. Varios años después, la Audiencia Nacional mantiene bajo la lupa a más de 100 sospechosos de formar una organización criminal y blanquear dinero con un método de tarjetas de crédito falsas y un montante defraudado de más de ocho millones de euros. El macrocaso no solo afecta a España, que es “epicentro de la base operacional” y a Estados Unidos, sino que otros países europeos como Grecia son protagonistas. Desde allí se ha extraditado a varios acusados que llevan meses en prisión, según fuentes del caso, a la espera de que se decida quién se sentará en el banquillo porque la causa está muy avanzada.

El asunto llegó desde un juzgado de Badajoz y el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional asumió la competencia poco después de la pandemia, en julio de 2020, por el volumen de los implicados, las operaciones internacionales y el hecho de que se estuviera “generando un grave perjuicio a la economía nacional”. Según la documentación de la causa que estuvo secreta -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-, el modus operandi de este grupo consistía en que, primero, algunos de los investigados daban de alta las empresas en EEUU y, posteriormente, abrían cuentas en bancos americanos desperdigados por el territorio a nombre de esas mercantiles.

“La estabilidad temporal de la organización permite que todos estos pasos estén muy tasados, programados y hechos a conciencia, ya que no cometen el fraude de manera inmediata, sino que después de abrir las cuentas bancarias esperan un plazo prudencial”, relata el juez Manuel García-Castellón en un escrito. Un tiempo de unos seis o siete meses en el que recepcionan el dinero de otros miembros de la organización desde cuentas que tienen abiertas en España, Dinamarca, Grecia o Alemania.

El siguiente paso consistía en mover los fondos para “aparentar solvencia y actividad empresarial” y solo entonces solicitaban la emisión de tarjetas con el máximo crédito que podían. La excusa que los defraudadores ponían a los bancos es que debían viajar a Europa y necesitaban tener el dinero disponible. En Estados Unidos, las entidades bancarias caían en la trampa ante la creencia de que trabajaban con cuentas legítimas y empresas solventes.

Así, los investigados enviaban las tarjetas a otros miembros de la organización que operaban principalmente en España y Alemania. En este último país, la Europol (la agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) detectó una ramificación del caso y se entrevistó con un testigo que explicó cómo a él le habían ofrecido 20.000 euros por permitir pasar las tarjetas americanas en el TPV de su comercio.

Y esta, precisamente, es la forma de proceder. El fraude se comete cuando los miembros de la organización que están en España hacen uso de esas tarjetas americanas en TPVs de comercios que ellos mismos dan de alta como autónomos o a nombre de empresas que ya tienen o crean exclusivamente para la operativa fraudulenta. También usan comercios de terceras personas a los que pagan una comisión y este es, concretamente, uno de los métodos que ha abultado el número de imputados.

Los delitos bajo la lupa son blanqueo de capitales, falsificación documental y estafa. Una vez pasan las tarjetas en un comercio, “por importes que pueden llegar a rondar los 50.000 euros en unas horas, aprovechan el desfase de autorización de las transacciones internacionales para recuperar el saldo y seguir reinvirtiéndolo”, expone la investigación. Los defraudadores saben que los bancos americanos retienen el dinero de las transferencias internacionales entre 4 y 7 días y los españoles no aceptan el pago hasta casi 30 días después. Así que las cuentas se hacen solas: cuando el banco americano observa que a la semana siguiente de que se haya producido el cargo en España sin haber sido autorizado por el banco receptor, devuelve el dinero a la cuenta de su cliente pensando que la transacción no se ha materializado.

Los delincuentes consiguen así volver a repetir la operativa sin levantar sospecha. ¿Y qué pasa cuando el banco receptor autoriza la autorización días después? “Se genera un descubierto en la cuenta bancaria del titular de la tarjeta originando un perjuicio económico en la entidad bancaria americana” que ya no puede reclamar el dinero al titular que ya ha abandonado el país sin intención de volver.

Al inicio de la investigación, según el documento por el que la Audiencia Nacional asume la causa, eran 12 los principales sospechosos. Un responsable de una mercantil creada “exprofeso para realizar operativas fraudulentas”; un encargado de hacer facturas falsas; el que da soporte operativo y logístico a los dos primeros cuando están en España; el propietario de un hotel en Cáceres que, además de ser centro operacional, justifica supuestas reservadas de habitaciones que luego no suceden; un testaferro; dos empresarios “reconocidos de la zona que utilizan sus empresas para blanquear dinero”, etc.

En las indagaciones y las vigilancias de la Policía, los agentes descubrieron un “claro reparto de tareas y roles entre sus miembros” y una organización “perfectamente estructurada”. Algunos se encargan de captar a terceras personas, otros tienen el cometido de recibir el dinero, otros transfieren las ganancias a cuentas bancarias de otros países... En más de 120 comercios encontraron rastros de este fraude repartidos en 12 provincias como Barcelona, Cádiz, Toledo, Málaga o Valencia. Según estos cálculos iniciales el fraude consumado es de 8.200.000 euros y la operativa intentada de otros 1.500.000 más.