Encuesta
La última polémica del CIS: nuevas preguntas tendenciosas
El nuevo barómetro apunta al Tribunal Constitucional por querer callar al Parlamento
Hacía tiempo que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no incluía preguntas controvertidas que, de un modo u otro, persiguen que los encuestados se posicionen a favor de un enunciado. En el último barómetro, el primero del año, el Instituto que dirige el socialista José Félix Tezanos pregunta directamente a los ciudadanos por la reforma del Código Penal o la posibilidad de renovar los órganos constitucionales tales como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Más allá de que la encuesta haga hincapié en cuestiones que marcaron el final del año, la intención del barómetro es dirigir las respuestas de los ciudadanos hacia un sentido en beneficio del Ejecutivo, como en el caso de la pregunta 26, en la que directamente se pide señalar a un partido como el culpable de la crisis institucional.
Según la encuesta, los votantes de las cuatro grandes formaciones políticas de ámbito estatal están de acuerdo en que los magistrados del Tribunal Constitucional que tenían el mandato caducado, tres conservadores y uno progresista, deberían haberse abstenido de votar la suspensión de la tramitación de su reforma en el Senado. En cambio, la afinidad ideológica de los encuestados fue decisiva para distinguir en dos grupos su opinión sobre el hecho de que el Tribunal Constitucional pueda prohibir al Parlamento debatir leyes, como ocurrió con las enmiendas sobre los criterios de renovación del propio TC que el PSOE y Unidas Podemos incrustaron en su reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar las penas de la malversación. No en vano, el trámite de enmiendas a una reforma del Código Penal es un fraude de ley porque se está utilizando el reglamento parlamentario con una finalidad que no es la suya. Las enmiendas sirven para reformar una ley sobre la cual se está debatiendo para que conste la posición de todos. Ya existía jurisprudencia del Tribunal Constitucional diciendo que el trámite de enmiendas no era adecuado para realizar reformas en leyes no vinculadas.
El resultado global fue que el 57,2% de los ciudadanos se declararon en contra y solo el 29,4% a favor, pero se nutrió principalmente de la opinión de los votantes de izquierda: el 73,1% de los del PSOE y el 88,2% de los de Unidas Podemos expresaron su rechazo, frente al 17,4% y el 6,3%, respectivamente. En cambio, el 56,1% de los votantes del PP y hasta el 62,7% de los de Vox manifestó que, «de forma general», según la pregunta del CIS, está a favor de que el TC pueda prohibir al Parlamento debatir leyes. Apenas el 28,7% de los simpatizantes populares y el 27% de los de Vox se mostraron en contra de que el Constitucional impida de antemano la tramitación de iniciativas legislativas. El Barómetro también preguntó a los españoles qué partido es el principal responsable del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y, también en línea con sus simpatías partidistas, los votantes del PSOE y Unidas Podemos señalaron al PP y los de esta formación y Vox al Partido Socialista. En términos globales, al PP le acusó el 39%, al PSOE el 17,7% y a «los dos por igual» el 15,1%, aunque el 19,7% confesó no saberlo.
No es la primera vez que Tezanos sorprende con este guion. En la retina perduran las preguntas que realizó durante la pandemia en las que preguntó si era necesario «restringir y controlar la información» y establecer «solo una fuente oficial» o cuando incorporó entre sus cuestiones temas de rigurosa actualidad con la intención de incorporarlos a la opinión pública. Lo hizo en junio de 2020 cuando, de repente, preguntó a los españoles sobre el Ingreso Mínimo Vital en paralelo a su debate en las Cortes.
No en vano, desde que Tezanos asumió las riendas del CIS, aumentaron las voces críticas con su gestión porque se inició una época de incoherencias en la serie histórica, cambios metodológicos y giros inexplicados en la cocina (o ausencia de la misma) mes tras mes que van en detrimento de la tan prestigiosa casa de encuestas pública.
En cuanto a la estimación de voto, el barómetro de enero, a diferencia de todas las encuestas privadas, sigue situando al PSOE a la cabeza, ya que obtendría un 30,2% de los votos frente a los 30,6% de diciembre. Los populares retroceden levemente y pierde una centésima hasta el 28,5% de los votos frente al 28,6% del mes anterior. El gran beneficiado en esta encuesta es Podemos, que mejora su resultado y obtendría un 14,2% frente al 12,4% de diciembre. Según el CIS, la polémica ley de Irene Montero, que ha modificado a la baja casi dos centenares de condenas, no lastra los resultados de la formación, dado los morados sería la única que mejoraría en esta encuesta. Los de Abascal continúan en cuarta posición y ceden dos centésimas al conseguir el 10% de los sufragios mientras que Ciudadanos continúa en caída libre por debajo del 3% al lograr un 2,9% de los votos.
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