La defensa de Camps reclama el archivo del “caso Fitur”: insiste en que la investigación es nula

La defensa de Francisco Camps ha solicitado al tribunal que juzga al expresidente de la Generalitat Valenciana y a otros 26 acusados por la adjudicación a una empresa de la “trama Gürtel” del montaje del expositor autonómico en Fitur 2009, que archive el procedimiento contra él al considerar que la investigación de la que fue objeto es nula.

En la segunda sesión del juicio -que se suspendió el pasado día 23 para que los abogados de los acusados tuvieran tiempo para estudiar la documentación incorporada a la causa- la letrada Belén Gil -al igual que han hecho el resto de las defensas- ha cuestionado que la Generalitat Valenciana esté legitimada para ejercer la acusación, una de las cuestiones previas planteadas sobre las que tendrá que pronunciarse la Sala.

El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha explicado al término de la sesión que mañana mismo comenzarán a declarar los primeros acusados, empezando por quienes han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y que verán rebajadas las peticiones de condena tras reconocer los hechos que se les imputan.

Cuestiona el valor de los acuerdos con la Fiscalía

La defensa del expresidente valenciano ha esgrimido el principio de cosa juzgada tras la absolución de Camps en la “causa de los trajes” -una vez en el juicio se constató, ha recalcado, la inexistencia del “más mínimo indicio” de que diera indicaciones para que Orange Market se beneficiara de la adjudicación-.

Asimismo, se ha quejado de que la reapertura, en julio de 2018, de la investigación contra su defendido -a consecuencia de las declaraciones, en el juicio por la financiación ilegal del PP de Valencia, del líder de la trama corrupta, Francisco Correa, del que fuera su mano derecha Pablo Crespo, del líder de “Gürtel” en Valencia Álvaro Pérez “El Bigotes” y del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa- vulneró su derecho de defensa y su presunción de inocencia.

Esas declaraciones, ha recalcado, no tenían relación con el objeto de la causa y fueron el resultado “de conformidades que no sirven como prueba “y que deben limitarse a afectar a los hechos que se imputan al conformado” porque de lo contrario se infringe, en su opinión, el principio de legalidad.

Plantea la prescripción

Según ha expuesto, cuando se acordó reabrir la investigación contra Camps “ya habían pasado más de seis meses de instrucción” sin haberse acordado la prórroga “y no cabía, por tanto, la investigación adicional” sin abrir una nueva causa. De ahí que haya reiterado su petición de nulidad de esa “instrucción suplementaria”, instando al tribunal a acordar el archivo respecto a Camps.

La abogada también ha defendido que los hechos han prescrito al haber transcurrido más de diez años entre la fecha de la adjudicación provisional del contrato bajo sospecha (el 9 de diciembre de 2008, aunque la firma, que califica de un mero “formalismo”, se produjo el 17 de ese mismo mes) y la decisión del juez José de la Mata de reabrir la investigación, el 17 de diciembre de 2018, incluyendo como investigado a Camps (al que, ha recordado, no se le notificó esa resolución hasta el día 22).

En esa batería de objeciones sobre la continuación del procedimiento contra Camps, su defensa también ha instado al tribunal a resolver antes su petición de elevar al Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial en relación al alcance de la presunción de inocencia en aplicación de una directiva europea.

Rechaza el vídeo de la boda de la hija de “El Bigotes”

Por último, se ha opuesto a que se incorpore a la prueba documental un vídeo de la boda de la hija de Álvaro Pérez (con el que este pretende acreditar su cercanía con Camps) porque, ha señalado, “no tiene ninguna relevancia” para los hechos que se juzgan y, además, es “un mero montaje” y no una grabación directa que pueda ser valorada por el tribunal.

Antes de comenzar la sesión, Camps ha denunciado a las puertas del tribunal la “persecución feroz” de la Generalitat de Ximo Puig y ha calificado de “obscenos” los pactos alcanzados por la Fiscalía Anticorrupción con algunos de los principales acusados.

El juicio se ha reanudado tras el aplazamiento acordado por el tribunal el pasado día 23 en la sesión inicial para dar tiempo a las defensas a estudiar la documentación incorporada al procedimiento, después de que el abogado de Camps se quejase a la Sala de las dificultades técnicas para acceder a todo su contenido.

Anticorrupción defiende que Camps -que fue absuelto del caso de los trajes y que ha visto archivar otras ocho causas contra él- tuvo una «intervención directa» en la adjudicación a una empresa de la “trama Gürtel”, Orange Market (su buque insignia en la Comunidad Valenciana), del stand autonómico en la edición de Fitur del año 2009. En su escrito de conclusiones provisionales solicita para él una condena de dos años y medio de prisión, y diez de inhabilitación, por delitos de prevaricación y fraude a la Administración.

Anticorrupción pide dos años y medio de condena

Según la Fiscalía, Camps dio instrucciones a Salvadora Ibars, entonces directora general de promoción institucional de la Comunidad Valenciana, para adjudicar a Orange Market el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur por un total de 366.529 euros.

Casi la mitad de los acusados -entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el gerente de Orange Market, Cándido Herrero- han cerrado un pacto con la Fiscalía tras reconocer los hechos, lo que se traduce en una rebaja en las peticiones de condena por parte de Anticorrupción.

A su llegada hoy a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), Camps ha denunciado lo que considera “pactos secretos y obscenos” de Anticorrupción con algunos de los principales acusados, informa Ep. El expresidente valenciano considera una “obscenidad” que la Fiscalía “busque personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que pide muchas veces”, y ha criticado la “persecución feroz” que según él padece por parte tanto del Ministerio Público como de los actuales rectores de la Generalitat de Ximo Puig.