La revisión de los indultos del “procés” tendrá que esperar: el Supremo prevé resolver después de verano

Tras la decisión sobre la revisión de las condenas del “procés”–prevista, como pronto, para la próxima semana, según las fuentes consultadas–, los políticos independentistas condenados a penas de prisión por su papel en el desafío soberanista en Cataluña en 2017 aún tendrán un quebradero de cabeza añadido. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) tiene pendiente de resolver la petición de PP, Cs y Vox sobre los indultos parciales que les concedió el Gobierno y que propiciaron su salida de la cárcel. Una sentencia que todavía se hará esperar, pues fuentes del alto tribunal señalan que previsiblemente esa resolución no se hará pública antes de verano, aunque sí se conocerá antes de que concluya 2023.

Aunque el procedimiento, insisten las fuentes consultadas, «no se ha paralizado» en ningún momento, los magistrados de la Sección Quinta (a excepción del expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes, que optó por abstenerse de la deliberación y fallo) están también muy pendientes de lo que decidan sus compañeros de la Sala de lo Penal en relación a la revisión de las condenas del “procés” tras la reforma penal que ha derogado la sedición y ha rebajado las penas de la malversación (cuando no hay ánimo de lucro), apuntan fuentes de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal. Pero en todo caso, dejan claro, unos y otros se mueven «en planos distintos».

En estos momentos, la petición de PP, Vox y Cs de revertir los indultos se encuentra en la fase de prueba, a la que seguirá la de conclusiones (en las que todas las partes fijarán su posicionamiento respecto a los recursos).

La avocación al Pleno, en el aire

Una de las decisiones de mayor trascendencia que deberán tomar –de consuno con el presidente en funciones de la Sala Tercera, el magistrado Pablo Lucas– es si finalmente la decisión sobre los indultos se adopta entre los magistrados de la Sección Quinta (ahora mismo con mayoría conservadora) o se traslada al Pleno de la Sala.

El antecesor de Lucas en la presidencia de la Sala de lo Contencioso, César Tolosa –quien fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del CGPJ–, se inclinaba por llevar al Pleno la decisión dada la trascendencia jurídica y social de la misma. Pero como apuntan fuentes de la Sala, esa intención «no era vinculante, porque no se llegó a avocar al Pleno». Por lo tanto, esa posibilidad sigue abierta y será el presidente en funciones y los magistrados de la sección encargada de resolver quienes la adopten. «No solo es una decisión del presidente», apuntan.

En caso de que sea finalmente el Pleno de la Sala de lo Contencioso el encargado de resolver la cuestión, la decisión estará mucho más abierta porque en lugar de cinco magistrados serán más de una treintena los que deliberen al respecto y decidan finalmente.

La legitimación de PP, Vox y Cs, aún sobre la mesa

Los magistrados de la Sección Quinta decidieron en mayo del pasado año revertir su decisión inicial, adoptada cuatro meses atrás, de negar a PP, Vox y Ciudadanos la legitimación de recurrir la medida de gracia al considerar que, como partidos políticos, no tenían un interés legítimo en la cuestión.

Eso no implica, sin embargo, que el Supremo no termine concluyendo ahora que ninguno de ellos puede instar la revisión de los indultos. Las fuentes consultadas hacen hincapié en que esa posibilidad está aún abierta, dado que las defensas de los condenados han vuelto a plantearla en sus escritos. De negarles esa capacidad jurídica para recurrir los indultos, los magistrados ni siquiera entrarían a valorar si hubo o no razones de utilidad pública que justifican la medida de gracia.

El cambio de criterio fue respaldado por tres de los cinco magistrados de la Sección Quinta (Wenceslao Olea, Fernando Román e Inés Huerta, que cuando se rechazó que PP, Vox y Cs pudieran recurrir los indultos estaba adscrita a la Sala de Admisión y no puedo participar en la resolución). La decisión se retrasó no obstante tras intentar la Fundación Catalana de L´Esplai (Fundesplai) apartar del debate a Huerta por haber avalado como integrante de la Junta Electoral Central, en octubre de 2019, que los condenados del «procés» inhabilitados no pudieran ser incluidos en las listas electorales para las generales.