Las 23 diputaciones gobernadas por el PP, además de cabildos y consells reclaman una reforma del sistema de financiación local

Las 23 diputaciones gobernadas por el PP, además de cabildos y consells, han suscrito este lunes un manifiesto contra "cualquier acuerdo que implique un cupo independentista, por el profundo agravio que generará al resto de territorios y al principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución".

"En el contexto político actual", dice el manifiesto, estas administraciones "reafirman su compromiso con la igualdad y la solidaridad territorial, en un momento en el que estos principios están siendo gravemente amenazados por las cesiones que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas para asegurar su permanencia en el poder".

Denuncian que estas concesiones, como la amnistía o la financiación para Cataluña, "socavan los pilares fundamentales del Estado autonómico y ponen en peligro la cohesión territorial y la unidad de España".

Después de más de 200 años en los que las administraciones locales "han sido fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional, siempre en línea con los principios establecidos en la Constitución de 1978", consideran que la defensa de ese modelo "es crucial frente a los intentos del Gobierno socialista y sus socios de introducir un sistema asimétrico y confederal, donde unos pocos territorios obtienen privilegios a costa de la solidaridad de todos los españoles"

Critican que, mientras en las diputaciones siguen vacantes más de 3.660 plazas de habilitados nacionales para cubrir puestos como el de secretario o el de interventor, el Gobierno de Sánchez bate récord con 919 asesores, de los que 500 trabajan en exclusiva para él y para el ministro de la Presidencia.

Por ello instan al Gobierno a acometer una reforma integral del sistema de financiación local en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómico, que garantice que las administraciones locales puedan cumplir sus competencias con la calidad que merecen todos los ciudadanos, sin importar dónde residan.

También "rechazan" cualquier acuerdo que implique un cupo independentista ya que lo consideran un "profundo agravio en general2 al resto de territorios y al principios de igualad consagrando en la Constitución.

Las diputaciones se comprometen a trabajar en una "verdadera cooperación interinstitucional" entre administraciones locales, comunidades autónomas y el Estado, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos y "eliminar duplicidades innecesarias".

Asimismo, reivindican su participación activa en el diseño y gestión de los fondos europeos y exigen que las convocatorias destinadas a la administración local sean accesibles y se ajusten a la realidad y necesidades de sus municipios.

Exigen al Ejecutivo que resuelva de manera "urgente" el déficit de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional una situación que advierten "pone en riesgo la adecuada gestión de nuestras competencias".

Se comprometen además a perfeccionar el modelo de gestión y asistencia integral de los municipios, con el objetivo de convertir a las diputaciones en auténticas consultoras públicas y por tanto, en auténticos motores de desarrollo socioeconómico hacia nuevas y mejores cotas de calidad de vida y bienestar, impulsando la colaboración público-privada con especial atención en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Asimismo, impulsarán "planes de simplificación normativa" con el fin de facilitar a la agilidad administrativa o reforzar la administración electrónica en sus municipios.

Finalmente exigen al poder legislativo que incorpore el "principio de ruralidad" en la elaboración de las normas para que las soluciones legislativas no sigan respondiendo exclusivamente a problemas urbanos, sino que se adapten a las realidades del medio rural. Además, exigen la aprobación de un "Estatuto Básico del Pequeño Municipio" y la adopción de medidas efectivas y concretas para sostener e incrementar la población en los pequeños y medianos municipios, evitando así la despoblación y garantizando el futuro de nuestras zonas rurales.