El TC admite el recurso del PP contra la Ley de Memoria Democrática

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el recurso de inconstitucionalidad que planteó el PP contra la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado octubre. Para los diputados populares que llevaron la normativa ante el TC, ésta podría ser contraria al artículo 1.1 de la Constitución además de infringir los derechos fundamentales de libertad ideológica, libertad de expresión y de creación literaria y científica, libertad de enseñanza y libertad de cátedra. Asimismo, el PP se queja de que no respeta el orden constitucional de distribución de competencias, la reserva de ley orgánica ni la autonomía municipal.

En su recurso, el PP impugna la totalidad de la norma porque entiende que orilla el principio de neutralidad histórica y trata de imponer a la sociedad una determinada visión que vulnera los valores superiores de libertad y pluralismo que marca la Constitución. Para los populares, la Carta Magna "prohíbe la imposición legislativa de un relato histórico a título de memoria oficial, máxime en una democracia como la española que se proclama no militante". "Si absolutamente reprobable fue el intento de crear una memoria totalitaria por parte de la dictadura, manifiestamente inconstitucional resulta su imposición en un régimen democrático por una mayoría parlamentaria coyuntural", denuncia en el recurso.

Para el PP, en nuestro sistema democrático no tiene cabida un modelo que tilda de "democracia militante". El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden -insiste- "cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas". Y se queja de que con esa filosofía se trate de "controlar, seleccionar o determinar la mera circulación pública de ideas o doctrinas que pueda considerar contrarias a esa supuesta memoria democrática que, simplemente, sería la que coincide con ese conglomerado de mayoría política -transitoria- que en realidad sustenta al Gobierno".

La Ley de Memoria Democrática se presenta a sí misma, aseguraban los populares en ese recurso, "con una finalidad análoga a la de las políticas de memoria franquistas, pero con la diferencia de que entonces se impondría una mentira mientras que con la ley se pretende imponer la verdad, siendo esta simplemente la memoria de una mayoría coyuntural trata de imponer a la actual minoría".

PP: objetivo "totalitario"

El PP exponía que "ningún legislador debería considerarse investido de la potestad de imponer cómo debemos pensar o delimitar las concretas líneas de investigación científica", que es lo que, subraya, inconstitucionalmente pretende la Ley de Memoria Histórica, con la que el Gobierno "obliga a pensar lo que la mayoría coyuntural que la ha aprobado quiere que pensemos con el fin de homogeneizarnos ideológicamente" un objetivo que tacha de "inequívocamente totalitario".

Para los recurrentes, la determinación del período de memoria democrática que contiene la norma es "arbitraria", al igual que su extensión hasta el 31 de diciembre de 1983 por una disposición adicional, lo que pone en cuestión -denuncia- "la transición democrática de la que deriva la Constitución de 1978 y nuestro Estado social y democrático de derecho".

Otro recurso de Vox

El pasado febrero, el Constitucional ya admitió a trámite el recurso de Vox (que será por tanto el primero que debata el tribunal) contra la Ley de Memoria Democrática, que según la formación de Santiago Abascal "exalta la memoria de unos españoles y desprecia la memoria de otros" y pretende "dinamitar del imaginario colectivo a un bando de la Guerra Civil". Abascal calificó la normativa de "totalitaria" y "propia de dictaduras" al acudir el pasado enero a formalizar el recurso de la formación.

El Senado aprobó el 5 de octubre del pasado año el proyecto de ley de Memoria Democrática, que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante gracias a los votos de PNV, PDeCAT, Bildu y Más País, tras rechazar las más de 500 enmiendas que PP, Vox, Cs y UPN interpusieron en la tramitación parlamentaria.